La existencia de parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas en zonas altas protegen a las comunidades que yacen más abajo ante desastres como inundaciones y deslizamientos, ya que reducen el número de eventos extremos en un 26,2% del promedio estimado.

Es más, si no existieran esas áreas silvestres protegidas, los desastres hidrometeorológicos aumentarían en alrededor de 5,7%.

Este es uno de los resultados de un estudio realizado por Juan Robalino (Universidad de Costa Rica y Environment for Development Central America), Eduardo Pacay (CATIE), Matias Piaggio (Environment for Development Central America) y Taylor Ricketts (Universidad de Vermont). 

Los investigadores analizaron una serie de datos relativos a desastres, otros de índole socioeconómica a nivel de distrito, también datos de precipitación y temperatura mensuales así como información relativa a las áreas silvestres protegidas y también recurrieron a modelos digitales de elevación; todo ello para el período comprendido entre los años 2000 y 2013.

El efecto protector de los parques nacionales y refugios de vida silvestre, entre otros, se deriva de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica que proveen los bosques, ya que estos facilitan la infiltración del agua, también retienen el excedente de precipitación que se da durante un aguacero y lo descargan paulatinamente en ríos, quebradas y lagunas. Asimismo, cargan y descargan las aguas subterráneas para mantener los caudales base de los ríos.

Gracias a ello, estos ecosistemas amortiguan y aminoran los picos de inundaciones durante las tormentas. Además, la vegetación estabiliza las pendientes y, con ello, se reduce el riesgo de derrumbes y taludes.

Por si fuera poco, los bosques protegen a los suelos de la erosión para que estos no pierdan su biota y fertilidad, pero también evitan que esos sedimentos sean arrastrados por el agua -por efecto de la escorrentía- hacia los cuerpos fluviales donde se van depositando.

Específicamente a lo relacionado con deslizamientos, los investigadores notaron que la existencia de áreas silvestres protegidas reduce la incidencia de estos en 42,6% versus lo que hubiese ocurrido en ausencia de parques nacionales o refugios de vida silvestre.

Sin ese efecto protector resultante de la regulación hídrica, los deslizamientos habrían aumentado 30,8%. Por tanto, la reducción neta habría sido del 11,8%.

Los investigadores también observaron que estos servicios ecosistémicos de regulación hídrica tienen un efecto mayor en el caso de las inundaciones cuando un lugar está bajo la influencia de eventos climáticos extremos.

“Ahí es cuando funcionan más las áreas protegidas. Si por cambio climático aumentan los eventos extremos, que es lo que se espera, el efecto protector de las áreas protegidas es probable que se incremente”, destacó Robalino.

La clave es dónde

Cuando el país estuvo bajo la influencia del huracán Otto, el Sistema de Emergencias 911 registró 1963 incidentes relacionados al evento hidrometeorológico. El 66% correspondió a inundaciones, 25% a vientos fuertes y el 7% a deslizamientos; el restante 2% estuvo relacionado con avalanchas y oleaje fuerte. (Foto: Miriet Abrego).

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Los resultados del estudio señalan que las áreas silvestres protegidas reducían significativamente los desastres en aquellos distritos donde estas se encontraban en un sitio más alto que los centros poblacionales.

“Buscamos áreas protegidas que estuvieran por encima de poblados y las comparamos con poblados que estuvieran a una misma altitud pero no tuvieran un área protegida arriba. En el segundo caso vimos que el parque no generaba ningún servicio de protección ante desastres”, comentó Robalino.

Ahora bien, el nivel de conservación de un lugar puede despertar interés turístico y, con ello, las áreas silvestres protegidas pueden convertirse en motores de desarrollo para las comunidades, gracias a la inversión en caminos e infraestructura así como la generación de empleos. Esto, a su vez, puede reducir la vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos, ya que las personas cuentan con más recursos económicos para mejorar la infraestructura de sus viviendas.

Ahora bien, ese desarrollo tanto dentro del mismo parque nacional como en la comunidad debe planificarse para que no favorezca la deforestación en puntos claves y, con ello, se obstaculice la prestación de los servicios ecosistémicos, contribuyendo a incrementar la vulnerabilidad de los poblados ante desastres.

“Al separarlos pudimos ver los efectos que tienen que ver con infraestructura, que más bien hacen que aumenten los desastres y los efectos que vienen de los servicios ecosistémicos que la protección del bosque genera”, detalló Robalino.

Para el investigador de la UCR, el estudio busca aportar insumos a los procesos de planificación. “Con esos datos, por ejemplo, se podría decidir cuáles áreas de bosque se deben proteger para evitar un gran número de desastres”, dijo.

Incluso, se puede ir más allá. Sabiendo el rol que cumplen los ecosistemas en las zonas altas, se puede recurrir a herramientas de conservación de bosques que van desde pago de incentivos dentro de esquemas de servicios ambientales así como priorización de áreas a restaurar y promoción de sistemas agroforestales (combinación de actividades agrícolas con conservación forestal).

“Nosotros damos el resultado general del estudio, pero esa información sirve para identificar áreas protegidas y zonas de bosque que están arriba. Si se encuentran localidades que son muy afectadas por desastres, entonces, -con ayuda de especialistas en el tema- se puede identificar en qué lugar el bosque podría tener un efecto protector grande para esa comunidad”, manifestó Robalino.

Desastres

El huracán Otto, que afectó el país en 2016, ha sido uno de esos pocos ciclones tropicales que han cruzado desde la vertiente del Atlántico hasta la vertiente del Pacífico. Los cantones de Upala, Los Chiles y Liberia registraron precipitaciones de 100-200 milímetros. También se generaron vientos con ráfagas de 15 a 30 metros por segundo en el norte del país. (Foto: Miriet Abrego).

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Según Alice Brenes Maykall y Pascal Girot, en su investigación de base para el Informe Estado de la Nación 2018, los desastres cobraron la vida de 758 personas entre 2005 y 2017, mientras que otras 20 personas fueron catalogadas como desaparecidas en ese mismo periodo de tiempo.

Si bien una mayoría de estas personas murieron por ahogamiento derivado de corrientes de resaca, el resto de los fallecimientos se relacionaron a eventos hidrometeorológicos como deslizamientos (83 personas), avenidas torrenciales (38), rayería producto de tormentas (24), inundaciones (26), alta velocidad de los vientos que acarrearon caída de árboles y desprendimiento de latas de zinc (10) y tempestades (2). Por sismos murieron 16 personas.

Entre 2005 y 2017, los eventos hidrometeorológicos destruyeron 1097 casas, el 20% de las viviendas que sufrieron pérdida total se debió a inundaciones, al igual que el 75% de las casas que fueron catalogadas como “afectadas”.

Según Brenes y Girot, el 50% de los desastres hidrometeorológicos ocurridos entre 2005 y 2017 se concentró en 19 cantones. De estos, solo 4 contaban con viabilidad ambiental aprobada. “Es una muestra de la situación país a nivel de gestión del territorio y el impacto que puede estar teniendo esta falta de control y regulación de las zonas de riesgo y otras con fragilidad ambiental”, se lee en el artículo. 

En la investigación de base del Informe Estado de la Nación 2019, los mismos autores escribieron: “cuando acontece un desastre, puede decirse que este es el mejor indicador de degradación. Un medio ambiente degradado producto del inadecuado manejo de los recursos naturales (acción del ser humano) o alterado por la propia dinámica de fenómenos naturales, termina por hacerse más frágil y vulnerable a la ocurrencia de otros fenómenos mayores o, inclusive, a veces iguales o menores en intensidad a los que lo afectaron”.

“Si bien la degradación ambiental ya es bien reconocida como una de las principales causas de fondo, junto con las carencias en el ordenamiento territorial y la mala o inexistente planificación para la gestión del territorio aunadas a la pobreza e inequidades sociales, culturales y económicas, así como las debilidades en la gobernabilidad en la dimensión nacional y local; también resulta importante rescatar el papel de los ecosistemas saludables en la reducción de los impactos que desastres asociados a riesgos climáticos tienen en los territorios y sus poblaciones”, continuaron.

Adaptación al cambio climático

Para Robalino y sus colegas, las áreas silvestres protegidas son una herramienta de adaptación al cambio climático que no solo permite reducir la deforestación sino que, como señala su estudio, pueden aminorar la incidencia de desastres hidrometeorológicos.

En su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), que detalla las metas país ante el Acuerdo de París, Costa Rica declaró que seguirá “fortaleciendo los programas de conservación y ampliando el programa de pago por servicios ambientales” con miras al 2030 como medidas de adaptación basadas en naturaleza.

En este sentido, el país se comprometió a aumentar la cobertura forestal para que alcance el 60% del territorio nacional. “A la vez se espera explorar las sinergias entre prácticas de adaptación y de reducción de emisiones por deforestación evitada mediante la consolidación del Pago de Servicios Ambientales (PSA) y la certificación forestal como mecanismos para lograr el manejo sostenible y la protección de las fuentes de agua en los 81 cantones del país”, se lee en el documento de la NDC.

Asimismo, se apuesta a la consolidación del Sistema Nacional de Corredores Biológicos y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (Sinac).

De hecho, en el mismo año que se presentó la NDC, el Sinac dio a conocer su estrategia y plan de acción para adaptar al sector biodiversidad. Se contemplan acciones al 2025, entre ellas: actualizar los instrumentos de planificación para incorporar el cambio climático, crear áreas que funcionen como refugios climáticos, así como implementar proyectos de restauración, rehabilitación y recuperación de los ecosistemas para que estos puedan proveer servicios ambientales en sitios prioritarios.

 

Desastres y cambio climático

  • Los eventos climáticos extremos ocasionaron daños económicos, por pérdidas directas, en una magnitud de $1.130.39 millones durante 2005-2011.
  • La infraestructura vial es la más impactada por los desastres, seguida de la infraestructura de generación eléctrica, la agricultura y la vivienda. 
  • El 78,2% de estas pérdidas corresponden a obras públicas, mientras que el restante corresponde a actividad privada. 
  • Para el 2030, si no se toman acciones, las pérdidas ascenderían a más de $7.000 millones y para el 2050 a casi $30.000 millones. 
  • Estas pérdidas tendrán un impacto diferenciado mayor entre los grupos vulnerables como las mujeres, la infancia y las personas en situación de extrema pobreza.

FUENTE: NDC 2015