El cambio climático también estruja las arcas del Gobierno Central, según se desprende del nuevo proyecto presupuestario para el 2019, presentado por Hacienda el 31 de agosto de este año.
La iniciativa de ley propuesta ante los diputados prevé la designación de ₡4.268 millones para atender las sequías en el norte del país, además de ₡48.148 millones para la recuperación de los daños causados por el huracán Otto, la Tormenta Tropical Nate y otros desastres naturales.
Son –además de la deuda, las obligaciones constitucionales, la atención de la migración y el fondo de reinversión en el Ministerio de Planificación– los únicos rubros de crecimiento en el Presupuesto Nacional, los cuales obedecen a impactos de la variabilidad climática en el país.
Los aumentos presupuestarios para la atención climática agregan otro obstáculo a un gobierno con las arcas amenazadas por un desmedido crecimiento de la deuda, que representará un 41,6% del gasto presupuestario del 2019.
Mientras que los fondos para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) pretenden reparar las estructuras y afectaciones de los desastres naturales de hace tres años, los recursos para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estarían destinados para la preparación de la provincia de Guanacaste y otras zonas amenazadas en el norte del país por la afectación que podría causar la sequía.
“Con esta inversión lo que estamos haciendo es pedir una pequeña porción para avanzar con los proyectos urgentes, pero no vamos a poder recuperar todas las pérdidas de los tres años anteriores
Recuperarse tras la tormenta
Casa Presidencial es la entidad encargada de girar los fondos de emergencia a la CNE. Eso provocará que en el 2019 el presupuesto disminuya en un 6% si se consideran exclusivamente los recursos operativos de la institución, pero que se triplique si se toman en cuenta las transferencias a esa entidad.
Los nuevos recursos para la Comisión pretenden invertirse en reparar el Dique sobre el río Grande de Térraba en la Zona Sur y otros 66 proyectos de reconstrucción de daños reportados en las emergencias nacionales.
“De hecho, en este proyecto hay aun ₡200 mil millones que aún están pendientes de refinanciar para proyectos de reconstrucción”, dijo Alexander Solís, jerarca de la CNE. “Los recursos se van a destinar para generar obras de prevención en ríos, puentes, reparación de la red vial, limpieza y dragado de ríos, caminos cantonales y estudios de vulnerabilidad”, señaló.
Según Solís, el presupuesto ordinario de la Comisión está disminuyendo para poder atender los recursos de la atención de los daños de esas emergencias.
“Incluso, con esta inversión lo que estamos haciendo es pedir una pequeña porción para avanzar con los proyectos urgentes, pero no vamos a poder recuperar todas las pérdidas de los tres años anteriores”, afirmó Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. “Casi que estaríamos recuperando apenas un 20% de todas las pérdidas que hemos presupuestado”, señaló.
Solís destacó que esos recursos se emplearán para enfrentar los daños de desastres pasados, pero que el Gobierno pretende que las nuevas estructuras estén diseñadas de forma resiliente para poder resistir los efectos de las futuras emergencias.
La sequía que se avecina
La inversión del MAG es diferente y pretende preparar a la zona norte para las futuras sequías. Las proyecciones climáticas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) plantean más aridez en zonas como Guanacaste, debido a variaciones en las lluvias.
Además, según Luis Fernando Alvarado, del departamento de Climatología del Instituto Meteorológico Nacional, el fenómeno del Niño aparece cada vez con mayor frecuencia: mientras que hace tres décadas el Niño aparecía cada cinco o siete años, ahora aparece cada tres o cinco años.
“No hay nada más costoso que tener que reparar los daños causados por un evento climático como lo es la sequía. Cuando usted pierde un animal, pierde la inversión, pone en riesgo la salud de los animales que quedan vivos, la salud pública, y esos daños son mucho más altos que una inversión que nos permitiría palear de forma eficiente los posibles daños que se van a suscitar”, dijo Renato Alvarado, jerarca del MAG.
Los ₡4.268 millones que se integran a la cartera de agricultura y ganadería se dividen en diferentes proyectos. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) recibirá ₡1.800 millones destinados a abordar iniciativas para acarrear el agua, reconstruir acueductos, trabajar en el trasvase del Río Cañas, desarrollar proyectos de riego en Curubandé y reconstruir el proyecto de riego en San Rafael y Sardinal, entre otros.
El MAG también busca invertir ₡1.210 millones en Incopesca para mitigar el efecto del cambio climático en la pesca.
“Se van a usar instrumentos como balizas y receptores de temperatura para ver variabilidad y de esa forma tener claridad sobre dónde está desplazándose la biomasa (para reducir la afectación del sector pesquero)”, dijo.
Otros recursos se destinarán en alimentación de animales (₡1182 millones se dedicarán para repartir pacas, por ejemplo) y costos operativos (₡942 millones), entre otros.
“Esta inversión es para atender la sequía que se avecina; ya veremos cómo vamos a construir la resiliencia del sector agropecuario para ir mitigando por sequias e inundaciones. (…) El costo de reparar las perdidas es más alto que el costo de prevenir los daños”, aseveró Alvarado.
Cambio climático seguirá pidiendo más recursos
Para Solís, de la CNE, el país necesita definir una estrategia para mitigar los efectos de los desastres, pues hay altas probabilidades de que los costos asociados a desastres naturales sigan creciendo en el presupuesto nacional.
De hecho, la Contraloría General de la República proyectó en diciembre de 2017 que los eventos climáticos de este tipo son una amenaza seria para las finanzas del Estado y que “la acción contra el cambio climático es impostergable”.
Según las proyecciones de la CGR, los eventos extremos podrían llegar a costarle un 2,5% del PIB al país para el 2025 en el peor escenario. Los últimos datos disponibles del 2010 estiman que la reconstrucción del capital afectado le costó al Gobierno un 1,03% del PIB, una cifra levemente inferior a todo el dinero que recibe el Poder Judicial al año.
Para la entidad, es clave que el país cree un “Marco Fiscal Climático”: un mecanismo que permita definir cuántos recursos necesita el Gobierno para reducir y adaptarse a los impactos del cambio climático.
