Si no son sequías, son huracanes. Centroamérica es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático. También es una de las regiones más pobres y donde el modelo extractivista está dejando a los países sin barreras naturales para hacer frente a los desastres.

Los arrecifes de coral, las praderas submarinas, los manglares y los humedales costeros, por ejemplo, ayudan a disminuir la fuerza del oleaje derivado de las tormentas y, de esta manera, el impacto en la costa es menos catastrófico. Lo mismo pasa en las ciudades: las inundaciones urbanas y las olas de calor pueden mitigarse gracias a los espacios verdes. Los bosques protegen los suelos y brindan servicios de regulación hídrica, previniendo con ello deslizamientos.

El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento internacional vinculante que se desprende de la Declaración de Río. Se aboca a resguardar tres derechos fundamentales: acceso a la información, la participación ciudadana y la protección a defensores ambientales.

Todo ello abocado a garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Las mejoras que se hagan para garantizar el acceso a la información, por ejemplo, tendrán un efecto colateral al proveer de insumos para la toma de decisiones en pro de la adaptación al cambio climático. La participación ciudadana puede enriquecer las visiones para reducir las vulnerabilidades y, con ello, aumentar la resiliencia.

Conversamos con Graciela Martínez, encargada de campañas para personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional, sobre la importancia que tiene este tratado para Centroamérica y el Caribe.

A continuación presentamos un extracto de esa entrevista:

¿Por qué, tras haber participado en las reuniones, la mayoría de los países en Centroamérica y el Caribe aún no han firmado o ratificado el acuerdo? 

La ausencia de Centroamérica y el Caribe del Acuerdo de Escazú demuestra una falta de voluntad política para atender algunos de los problemas más graves de la región, entre ellos, los ataques a personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Este tratado vinculante es el primero que incluye disposiciones para protegerlas.

”Países como Guatemala, que aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, y Honduras, que ni siquiera lo ha firmado, están entre los más peligrosos del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Ocupan el cuarto y primer lugar, respectivamente, en número de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas per cápita, según indica el último informe de Global Witness.

”Esto no es nuevo, ambos países han venido presentando enormes falencias a la hora de crear o implementar mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos, poniendo de manifiesto este desinterés. Guatemala aún no ha adoptado una política pública de protección, que fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2014 en la sentencia Defensor de los Derechos Humanos y otros contra Guatemala. Al contrario, hemos documentado violaciones de derechos humanos a personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, como a Bernardo Caal, que lleva más de tres años detenido de manera injusta por defender el río Cahabón.

”En Honduras, el asesinato de Berta Cáceres hace cinco años, y la falta de justicia (desde el 6 de abril de 2021 la única persona hasta ahora acusada de ser presuntamente autor intelectual del crimen se enfrenta a juicio), es un claro ejemplo de la vulnerabilidad de estas personas defensoras en el país. Y el contexto no ha mejorado. El 18 de julio de 2020, cuatro activistas garífunas, miembros de la OFRANEH, y una quinta persona, fueron sacados de sus casas por cinco individuos que llevaban chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Su paradero sigue siendo desconocido”. 

¿Considera que existe una campaña de desinformación con respecto a los alcances del acuerdo? 

Una pregunta que ha surgido entorno al tratado es si, al tratarse de acuerdo regional, puede comprometer la soberanía de los países que se unan a él. Esto no es así. El Acuerdo de Escazú no crea nuevos derechos, sino que complementa y precisa derechos que ya existen y que los Estados de América Latina y el Caribe están obligados a garantizar. Entre ellos están los derechos de acceso a la información (como parte del derecho a la libertad de expresión); los derechos a la justicia y a la reparación; y los derechos a la participación del público en la toma de decisiones.

”El Acuerdo simplemente busca que los Estados apliquen estos derechos en el marco medio ambiental para que ofrezcan pautas de acceso a la información para el público, de protección a personas claves (como son las personas defensoras del medio ambiente) y reforzar los requerimientos de las empresas (por ejemplo, las que implementan proyectos que pueden afectar al medioambiente). Además, como ha señalado Naciones Unidas, la emergencia climática es un tema que no se puede resolver por sí solo y que se requiere de compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.

”Lo mismo pasa en lo que se refiere a la responsabilidad de las empresas, que son un actor clave en la implementación del acuerdoLos Estados tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio o bajo su jurisdicción por agentes no estatales, incluidas las empresas. Los Estados deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos contra los derechos humanos. Por su parte, las empresas deben respetar los derechos humanos en todas sus actividades, ser transparentes y producir y divulgar información relacionada con el impacto de sus operaciones en el medio ambiente, la salud pública y otros asuntos de interés público cuando su disponibilidad y accesibilidad puedan tener un impacto decisivo en el disfrute efectivo de los derechos humanos.

”El Acuerdo de Escazú debe leerse a la luz de estos compromisos internacionales cuando exige a las partes que adopten las medidas necesarias para ‘promover el acceso a la información ambiental en poder de entidades privadas, en particular la información sobre sus operaciones y los posibles riesgos y efectos sobre la salud humana y el medio ambiente’.  El Acuerdo también obliga a los Estados a alentar a las empresas, públicas y privadas, a elaborar informes de sostenibilidad que revelen su desempeño social y ambiental.

”Es esencial que los Estados exijan legalmente a las empresas que elaboren y divulguen información sobre los posibles impactos negativos de sus actividades sobre el medio ambiente y los derechos humanos cuya realización está estrechamente vinculada a la protección del medio ambiente. Esta información debe incluir también medidas para mitigar y prevenir los impactos negativos. Los Estados también deben garantizar la participación del público en la toma de decisiones relacionadas con proyectos económicos que afecten o puedan afectar al medio ambiente”. 

¿Cuan importante es la puesta en marcha del acuerdo para Centroamérica y el Caribe? 

“Además de permitir implementar políticas específicas que contribuyan a revertir el grave contexto que enfrentan las personas defensoras del medio ambiente en la región, no hay que olvidar que Centroamérica y el Caribe es una de las regiones que más sufre las terribles consecuencias de la emergencia climática.

Un ejemplo de esto son las devastadoras consecuencias del paso de los huracanes Eta e Iota sobre gran parte de Honduras, Guatemala y Nicaragua en las primeras semanas de noviembre del año pasado. Los dos huracanes dejaron al menos  94 muertos y casi 4 millones de damnificados y, según analistas, podrían provocar un incremento del nivel de la pobreza en un 10%, superando el 70% de la población. Varias personas científicas han relacionado el cambio climático con la fuerza extrema de los huracanes, mientras que activistas locales han relacionado el nivel de destrucción de los huracanes con las políticas ambientales de los gobiernos. Este tipo de eventos además tiene efectos sobre los flujos migratorios, pues expulsa a personas de los países de Centroamérica y el Caribe.

”Los gobiernos de los países de la región, en aras de proteger los derechos de sus poblaciones, deben no solo adherirse al Acuerdo sino liderar su implementación, con el objetivo de establecer políticas regionales para construir una política ambiental más participativa, accesible y justa, y de esta manera afrontar de manera efectiva y conjunta la emergencia climática”. 

¿Cómo puede la sociedad civil presionar a sus gobiernos para que firmen y a sus congresos para que ratifiquen? 

 Uno de los aspectos más destacables de la puesta en marcha del Acuerdo de Escazú es la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todo el proceso. Representantes de estas, en toda América Latina y el Caribe, han formado coaliciones y trabajado de manera conjunta, en un esfuerzo de coordinación casi inédito con gran participación de personas jóvenes, para exhortar a los Estados de la región a firmar y ratificar el Acuerdo bajo el lema Escazú Ahora.

”En cada país existen este tipo de coaliciones impulsando campañas a nivel nacional para pedir la firma o ratificación. Por ejemplo, en Honduras está la Red Hondureña por Escazú, en El Salvador está el Equipo Impulsor Acuerdo de Escazú-El Salvador y en Costa Rica, organizaciones como Green Wolf, Red de Juventudes y Cambio Climático y Fridays For Future han construido una alianza para promover esta campaña”.