Ninguna de las 113 solicitudes de exoneración de vehículos eléctricos importados desde la entrada en vigencia de la ley de Incentivos y promoción para el transporte eléctrico, en enero de 2018, ha sido aprobada, según la Dirección General de Hacienda.

Según Hacienda, solo una de las 113 solicitudes logró obtener una constancia emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) requerida para el trámite, pero no obtuvo la exoneración por presentar incumplimientos tributarios, como las declaraciones informativas o el pago de otros impuestos a Tributación y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con la entidad, los demás solicitantes no han podido obtener una certificación del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) que asegure que el automóvil, moto o bicicleta que una persona quiere exonerar sea 100% eléctrico.

Para emitir el documento, el Cosevi solicita otra certificación de fábrica apostillada o consularizada (es decir, emitida por un notario inscrito en el país de origen) que indique que el vehículo es eléctrico, nuevo, de cero emisiones y que no cuenta con un motor de combustión interna. También solicita una copia de la factura y el conocimiento de embarque del vehículo en aduanas.

Excesiva tramitomanía frena transporte eléctrico

(Créditos: Luis Arias)

Según los afectados, la excesiva tramitomanía les ha impedido exonerar sus vehículos e, incluso, poder utilizarlos, al mantenerse varados en aduanas.

Sin exoneración, sin vehículo

Hoy la principal mancha ambiental de Costa Rica camina sobre ruedas. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Absorción de Carbono del Instituto Meteorológico Nacional indica que el transporte es responsable de casi dos tercios de las emisiones de carbono del sector energético en Costa Rica.

Esa es una de las razones por las que Roxana Quiel está interesada en los vehículos eléctricos desde hace casi seis años, cuando se integró al programa de Bandera Azul Ecológica en la categoría de hogares sostenibles. Como es usual en la mayoría de las casas costarricenses, su principal fuente de contaminación provenía del uso de vehículos.

“Yo empecé a investigar sobre la posibilidad de adquirir algún vehículo que generara cero emisiones. En el proceso, me fui dando cuenta de que en la Asamblea Legislativa estaban hablando del tema de exonerar vehículos que fueran eléctricos y desde ese tiempo empecé a ahorrar”, dijo.

En enero de este año, Quiel y su esposo visitaron una agencia de vehículos, hicieron la prueba de manejo y pidieron su nuevo automóvil. Sin embargo, todavía no han podido recibirlo.

“No tenemos una fecha de, a ciencia cierta, cuándo tendremos el vehículo. Ni siquiera lo he visto”, explicó. “En el reglamento hablaba de que cada persona tenía que crear un usuario en el sistema Exonet. De hecho, yo entré a la página y, cuando uno va a ver el formulario, pide un montón de datos que no tengo. Por ejemplo, le piden a uno información del vehículo, pero el vehículo no lo he podido sacar de la agencia, entonces no sé cuál es el motor, ni la placa, ni los detalles del chasis”, señaló.

Grupo Q es una de las agencias que ofrece vehículos eléctricos en el país. Según la empresa, hasta la fecha más de 40 Hyundai IONIQ eléctricos están pendientes de la aprobación de la exoneración, lo que también ha imposibilitado que algunos de sus clientes reciban sus vehículos comprados.

“Estos trámites implican para Hyundai costos adicionales en almacenamiento en aduana. A eso se le suma el problema de cara con el cliente final”, acotó Jerry Campos, Gerente Regional de Producto Hyundai. “Hasta este momento resulta mucho más difícil la venta a causa de esta tramitomanía. Podríamos afirmar que resulta hasta el doble de difícil si se le compara con uno de combustión interno”, declaró Campos a Ojo al Clima.

Detrás del trámite

La nueva ley de incentivos al transporte eléctrico exime de impuestos a los vehículos eléctricos nuevos que están por debajo de los $60.000.

Según la ley, dependiendo del valor, esos automóviles, motocicletas, bicicletas o cualquier otro tipo de vehículo eléctrico no pagan impuesto de aduanas, de ventas, parquímetros y de propiedad. Además, la ley establece que esos vehículos no tienen restricción vehicular y tienen un espacio garantizado en parqueos azules, creados a partir de la ley.

Para José Manuel Chaves, encargado del departamento de Asesoría Técnica de Fiscalización del Cosevi –que emite las certificaciones–, todos los requerimientos solicitados para la exoneración son necesarios para poder cumplir con la ley, la cual determina que las exoneraciones solo pueden darse a vehículos 100% eléctricos.

“Lo que nos permiten los tres documentos que estamos solicitando es que –sin necesidad de ver el vehículo– nos garanticemos de que cumple el requisito. La ley no le da el beneficio de exoneración a los vehículos que tienen motor de combustión interna. En ese apostillado estamos exigiendo que el fabricante nos describa al detalle el vehículo y nos diga que el vehículo no tiene, por ninguna parte, el motor de combustión interna”, señaló.

Sin embargo, algunos de esos trámites pueden resultar costosos para los pequeños importadores. Según Chaves, un apostillado puede llegar a costar cerca de $400 dólares en Estados Unidos, un monto poco rentable para una persona que busque comprar una bicicleta o una moto eléctrica.

“El miércoles (18 de julio) tenemos una reunión con las autoridades superiores justamente para ver cómo podemos hacer este proceso más simple. Efectivamente a una empresa más grande le funciona traer el apostillado, pero para un pequeño importador no. Nosotros ya vimos la preocupación de la gente y es la que llevamos el próximo miércoles para ver si hay alguna recomendación legal que nos permita hacer el trámite más expedito”, dijo a Ojo al Clima.

Desde el Ministerio de Ambiente y Energía (entidad que emitió la reglamentación para exonerar vehículos eléctricos), el viceministro de energía Rolando Castro aduce que trabaja con el Ministerio de Hacienda y el MOPT en una revisión integral del reglamento “que se espera que pueda estar lista muy pronto”.

¿Puede Hacienda realizar todo un proceso de exoneración de forma automática, sin solicitar trámites a los interesados? Según Priscilla Piedra, Directora General de Hacienda, la misma ley es la que establece que exista un trámite de aprobación desde el Gobierno.

“Una cosa es la exoneración y otra es la no sujeción a un impuesto. Cuando la ley dice que no está sujeto al impuesto, eso aplica de forma automática. En este caso, lo que hay es una exoneración que tiene un pronunciamiento previo de la administración, que requiere de la autorización, en este caso del MOPT, y del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es la propia ley la que nos da a nosotros el parámetro para la aplicación de la norma”, afirmó Piedra.

De cualquier forma, los afectados solicitan al Gobierno que se agilicen los procesos de trámites y que se les tome en consulta para la elaboración de los reglamentos que se les imponen.

“Si usted se da cuenta, para comprar un carro normal de gasolina, usted va a la agencia y a la semana tiene el carro”, acotó Quiel. “Con esto pareciera que es como un castigo. Lo que estamos pidiendo como usuarios es que el trámite sea fácil”, explicó.

Trabas a la electrificación del transporte

Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, los trámites también obstaculizan la meta del país de electrificar el transporte.

El miércoles 4 de julio la Comisión de Gobierno y Administración archivó, por medio de un dictamen negativo unánime, el proyecto de ley 20.227 que pretendía prohibir importación de vehículos de gasolina hacia el año 2030.

El plan originalmente había tenido el apoyo de 27 legisladores de los partidos Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio, Renovación Costarricense y la Alianza Demócrata Cristiana de la anterior legislatura.

El proyecto también establecía un impuesto de $500 a la importación de vehículos que utilicen hidrocarburos a partir del momento de aprobación de la ley. El dinero recaudado se habría destinado al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

“Yo creo que se archivó por desconocimiento de los diputados”, dijo la diputada oficialista Paola Vega. “Lo ideal sería volver a hacer un proceso pedagógico para que los diputados entiendan la importancia de un proyecto de ese tipo, para volverlo a presentar. No creo que el tema esté perdido. Muchos proyectos se vuelven a presentar y en otro momento salen. Creo que también hay un ansia de la Asamblea Legislativa de estar sacando proyectos rápido y eso ha precipitado que no los estudian como deberían”, agregó.

Según la diputada Vega, su despacho estaría presentando un proyecto similar, pero antes de ello procurará hacer un proceso pedagógico entre varios diputados sobre el tema.

Para Quiel, aunque lleva más de un año esperando por su vehículo, es importante que el país siga avanzando hacia el transporte eléctrico.

“Yo tengo conciencia de que los vehículos de gasolina son los que más contaminan el ambiente. Con un vehículo eléctrico usted generaría cero emisiones y yo quiero darles el ejemplo a mis hijos de que hay opciones y que eso se puede hacer. Yo creo en el tema y por eso es que voy a seguir insistiendo”, cerró Quiel.

Requisitos solicitados para exonerar un vehículo eléctrico

Estos son los requisitos que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes solicitan para exonerar vehículos eléctricos.

– Estar al día con los impuestos de la Administración Tributaria.

– Estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

– Hacer una solicitud por medio del sistema Exonet (que incluye ingresar datos sobre el chasis/vin, marca, año, placa, etcétera).

– Recibir la recomendación técnica del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

– Para recibir la recomendación técnica del Cosevi es necesario:

– Una certificación de fábrica de que el vehículo es eléctrico, nuevo, cero emisiones y que no cuenta con un motor de combustión interna. La certificación debe venir apostillada o consularizada en español.

– Original o copia de la factura.

– Conocimiento del embarque.