Cuando las autoridades de Camboya, en el sureste de Asia, hicieron una valoración de sus vastas zonas boscosas, concluyeron que necesitaban soluciones innovadoras para protegerlas. Una de estas fue la concesión de tierras a comunidades forestales.
En su informe Estado de los Bosques del Mundo 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés) señala que en ese país “existen grandes superficies de bosques sin gestionar que se encuentran en alto riesgo de degradación y conversión en otros usos de la tierra”.
Las propias autoridades camboyanas concluyeron que era necesario crear una figura jurídica que reconociera el trabajo de estas comunidades forestales, que manejaban bajo concesión los bosques públicos y eran una pieza clave para evitar su deforestación para tierras agrícolas o ganaderas.
La FAO apoya esta práctica. Según la organización, las concesiones forestales –bajo estrictos estándares que aseguren la estabilidad ambiental– serían claves para el desarrollo sostenible. Por otro lado, el enemigo principal de los acuerdos es la corrupción, la cual podría generar estragos en los bosques y las comunidades por generar espacios para agricultura comercial.
Estas figuras ya son usadas en todo el mundo. Un territorio boscoso público de alrededor de 24 veces el tamaño de Costa Rica yace bajo concesiones forestales en una muestra de nueve países de África, América Latina y el sudeste Asiático que hizo la FAO.
Esto equivale a 122 millones de hectáreas, según esta organización, lo que representa un 14% del total de territorio forestal de estas naciones.
Los derechos para el aprovechamiento de madera (entre otros recursos forestales como el agua o el suelo) y para su manejo a largo plazo son algunos de los permisos que la FAO incentiva para bosques públicos, en una apuesta por garantizar su sostenibilidad.
Las concesiones forestales establecen un acuerdo entre el gobierno y terceras partes que otorgan derechos a cambio de pagos o suministro de servicios. La demanda por madera legal en mercados internacionales las ha perfilado como una herramienta contra la deforestación.
Costa Rica
Por otro lado, en Costa Rica –con 52.3% de cobertura boscosa– este tipo de concesiones son poco prácticas por las estrictas leyes de extracción.
Expertos como Ronnie de Camino del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) han explicado que los requerimientos de la ley forestal hacen imposible el manejo por parte de pequeños o medianos dueños de terrenos boscosos en las comunidades.
Los cuatro servicios forestales reconocidos por ley en Costa Rica son: mitigación de los gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro y almacenamiento); protección de cuencas de propósito urbano, rural o hidroeléctrico; protección de la biodiversidad para su preservación y también por su uso científico, y la protección de la belleza escénica para propósitos turísticos y científicos.
Estos servicios ambientales han ayudado a mantener una situación favorable en los bosques de nuestro país, incrementando la cobertura boscosa gracias a una inversión de $318 millones del programa de Pago por Servicios Ambientales.
Concesiones forestales
De acuerdo con la FAO, ha habido un aumento en concesiones forestales a entes privados en los últimos años. 76% de los bosques son públicos, mientras que los bosques públicos manejados por entes privados ha aumentado de un 3% en 1990 a 15% en el 2010.
El Oficial Forestal de la FAO, Jorge Meza, afirma que las poblaciones locales pueden beneficiarse económica, social y ambientalmente.
Países latinoamericanos como Bolivia, Brasil, Perú y Guatemala han implementado estas concesiones con réditos favorables, donde las más exitosas cuentan con participación activa de la comunidad.
En Guatemala, las certificaciones para la exportación de madera son emitidas por la organización no gubernamental llamada Rainforest Alliance de manera estricta y bajo estándares regulados internacionales. Ha sido exitosa gracias al plan de bajo manejo forestal comunitario.
Mala Gestión
Sin embargo, en otros casos las mismas comunidades y sus bosques se han visto afectadas por la corrupción. Ingreso de actores sin capacidad de gestión a los bosques ha servido, más bien, para un aumento en la deforestación y pérdida de recursos en las comunidades.
En Perú, por ejemplo, la mala gestión administrativa no ha logrado aumentar la exportación de madera deseada por esta ley; al contrario, la exportación del producto de manera legal disminuye.
La cobertura forestal de Georgia se vio explotada cuando el gobierno otorgó permisos a corto plazo a empresas sin incentivo de invertir en ellos. Sin embargo, los permisos se restringieron a 20 años, favoreciendo la gestión ambiental e incluso el valor de las exportaciones.
Varias organizaciones internacionales como la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), el Servicio Forestal Brasileño (SFB), el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y la misma FAO se han unido para crear una iniciativa conjunta sobre concesiones forestales y, así, combatir la problemática de la corrupción.
Expertos internacionales se reunirán en Porto Velho, Brasil, de este 13 al 16 de septiembre para encontrar modelos alternativos a los sistemas tradicionales de concesión, ampliar los beneficios de este instrumento y promover un enfoque integral en el uso de los bosques públicos.
