Dentro de unos meses, buscar gas natural y petróleo en Costa Rica podría ser una actividad ilegal.

Esto porque, luego de poco más de un año de discusión, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dio luz verde este 28 de marzo al proyecto “Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas”.

Hasta ahora, la prohibición existe pero se ha instaurado mediante decretos desde el 2002. Las administraciones de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y el presidente Carlos Alvarado renovaron la prohibición, pero un futuro presidente podría revocarla con solo un decreto.

Si la iniciativa se aprueba en el Congreso, solo otra ley podría quitar la prohibición.

“Básicamente (el proyecto) genera todo un cuerpo legal para ser de otra era; de la era de decirle adiós a los combustibles fósiles y repensar la administración pública desde los combustibles limpios”, dijo la diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Vega explicó que este proyecto sería importante para avanzar con la meta de descarbonización propuesta por el gobierno.

El único voto en contra del proyecto fue del socialcristiano y presidente de la Comisión, Erwen Masís, quien aseguró en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa que “el país tiene derecho a saber si cuenta con combustibles fósiles”.

“(El proyecto se enfoca) en obstaculizar la exploración (del petróleo y gas natural). Nosotros debemos saber qué tenemos y con qué contamos. Si el país en algún momento lo requiere lo podría utilizar”, aseguró Masís.

Ahora, el proyecto pasará al plenario legislativo donde se le podrían hacer cambios mediante mociones. De acuerdo con Vega, sin embargo, “hay un gran consenso” entre PAC, Restauración Nacional, Frente Amplio y Liberación Nacional para que este proyecto se convierta en ley.

¿Qué dice el proyecto de ley?

Este proyecto sería como una “nueva ley de combustibles”, pues cambiaría tres cosas importantes que no se contemplan en la actual ley de combustibles.

En primer lugar, prohibiría la explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica de manera definitiva. La prohibición actual es más frágil porque existe solo vía de decreto.

Incluso, recientemente el gobierno de Carlos Alvarado renovó la moratoria a la explotación petrolera hasta el año 2050. No obstante, al ser un decreto ejecutivo, gobiernos posteriores podrían anularlo.

Según Vega, con la aprobación de esta ley, la moratoria quedaría “consolidada” como una política de estado.

Además de esto, el proyecto deroga la actual Ley de Hidrocarburos para enfocarla como una “Ley de Combustibles”.

A pesar de ser un cambio de conceptos relativamente simple, la gran diferencia es que se reconocería legalmente a otros combustibles no fósiles, con menor huella de carbono, como el hidrógeno o biocombustibles.

Finalmente, el proyecto de ley metería a Recope al negocio de los combustibles alternativos, ya que facultaría a la institución “para que activamente participe en la investigación, producción, industrialización y la comercialización de combustibles limpios”.

Actualmente, la ley orgánica de Recope establece que los objetivos de la institución son “refinar, transportar, comercializar a granel el petróleo y sus derivados”, por lo que no podría investigar otro tipo de energías con menores emisiones como el hidrógeno, por ejemplo, a pesar de haber demostrado interés en el pasado.