¿Se olvidó tener en cuenta a los ciudadanos en la lucha contra el cambio climático? La revuelta de los “chalecos amarillos” en Francia contra una tasa ecológica debe servir de “lección” a los gobiernos para asegurarse de que la transición ecológica va acompañada de justicia social, indicaron observadores en la COP24.

Las imágenes de violencia que dejaron las protestas de este movimiento popular, iniciado en rechazo a una subida del impuesto a los combustibles, pareció abrir los ojos a la comunidad internacional reunida en la 24ª Conferencia de la ONU sobre Clima, que se celebra en la ciudad polaca de Katowice.

La crisis de los “chalecos amarillos” evidencia la necesidad de “tener en cuenta la cuestión de igualdad y justicia”, dijo a la AFP David Levaï, del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de Francia.

Las protestas causaron perplejidad entre los responsables políticos, tanto más cuando “la comunidad climática no había dejado de repetirles” que debido a la “gran expectación” ciudadana en materia medioambiental, “cuanto más ambiciosos fueran sus compromisos, más beneficios electorales y políticos sacarían”, según Levaï.

“Ahora creen que (estas medidas) tendrán un coste político” aseguró el analista.

El mensaje “equivocado”

Incluso dirigentes escépticos con el cambio climático, como Donald Trump, aprovecharon la revuelta de los “chalecos amarillos” para reforzar su postura.

“Puede que sea hora de poner fin al Acuerdo de París, ridículo y extremadamente caro, y devolver el dinero a la gente reduciendo los impuestos”, dijo Trump en Twitter.

La crisis en Francia podría “enviar el mensaje equivocado, es decir, que poner un precio al carbono es una mala idea”, admitió Andrew Steer, presidente del Instituto Mundial de Recursos.

“El mensaje correcto es que todos quienes hemos defendido las políticas medioambientales no hemos tenido en absoluto en cuenta los serios impactos potenciales a corto plazo”. “Debemos aprender la lección”, dijo Steer.

Un grupo de “Chalecos Amarillos” protesta contra el aumento del impuesto a los combustibles promovido por el gobierno de Emannuel Macron.

(Créditos: AFP)

Para el ex primer ministro francés Laurent Fabius, uno de los arquitectos del Acuerdo de París firmado en 2015, “la transición ecológica es indispensable. Si no nos dirigimos hacia una economía descarbonizada, gran parte de la población no podrá vivir. Pero debe ser justa y con condiciones”.

Para Fabius, los gobiernos deben, entre otras medidas, permitir a “los más pobres hacer frente a sus dificultades” económicas y explicar a los ciudadanos “adónde va el dinero” recuperado en nombre de la transición ecológica.

Presión sobre el consumidor

Hasta ahora, la cuestión de una “transición justa” se había limitado al ámbito laboral y había sido defendida sobre todos por los sindicatos, preocupados por la pérdida de empleos que el cambio de modelo económico puede suponer para sectores como el de las energías fósiles.

Pero la crisis en Francia recordó también que la lucha contra el cambio climático implica transformaciones que afectan a todos los niveles de la sociedad.

“La fuerza de los ‘chalecos amarillos’ es que nos recuerda que la transición es algo muy concreto”, según Nicolas Haeringer, de la ONG 350.org.

Haeringer responsabiliza además a algunas ONG: “Se equivocaron diciendo que el cambio reside en los consumidores. Claro que hay que comer menos carne, consumir localmente, hallar otras maneras de desplazarse, pero la base de nuestras reivindicaciones debe centrarse en la oferta”.

Unos 200 países, así como ONGs y representantes del sector privado se hallan en Katowice hasta el próximo viernes para determinar de qué manera se debe aplicar el Acuerdo de París, que pretende contener el aumento de la temperatura global a menos de 2ºC, y hasta a 1,5ºC, respecto a la era preindustrial.