Cuando se negociaba el Acuerdo de París en el 2015, el planeta se encaminaba a los 3°C de temperatura por encima de la media para finales de siglo. Gracias a la acción climática derivada de la implementación del tratado, el ritmo de emisiones actuales proyecta un incremento de 2,8°C e incluso 2,4°C si los países cumplen con sus compromisos.

Aunque se está lejos de cumplir el objetivo de 2°C e idealmente no sobrepasar 1,5°C (como se estipula en el Acuerdo de París), lo cierto es que cada décima de grado cuenta, especialmente para quienes viven en países altamente vulnerables, por lo que la acción climática no puede estancarse y más bien debe aumentarse.

La próxima cumbre climática, específicamente la 28va conferencia de las partes o COP28, reunirá a los 197 firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se realizará en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023.

El mandato de la COP28 yace en el proceso de implementación del Acuerdo de París. ¿Cómo vamos y qué vamos a hacer? Los países deberán acercar una respuesta a esa pregunta a la luz del Balance Mundial (conocido en inglés como Global Stocktake o GST), que será el principal tema de agenda, aunque trae consigo otros tópicos ligados como la salida de los combustibles fósiles y la triplicación de las energías renovables.

Aparte del GST, se deberán discutir los medios de implementación del tratado, entre ellos, el financiamiento.

Balance Mundial

El GST responde al artículo 14 del Acuerdo de París, que demanda un proceso de revisión cada cinco años para medir el avance colectivo en el cumplimiento del tratado. Pero este balance no se queda en la mera evaluación. La información servirá de insumo para actualizar y mejorar los nuevos compromisos climáticos, sintetizados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), que los países deberán presentar en 2025.

“La idea es contar con indicaciones que sirvan a las próximas NDC”, comentó el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, hace unos meses cuando Costa Rica traspasó la presidencia de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) a Guatemala. “El cometido es lograr un balance global robusto en sectores que permitan mover la aguja”, agregó.

También, el propósito del GST es reforzar la cooperación internacional en aspectos como fortalecimiento de capacidades, transferencia tecnológica y financiamiento.

“Si se lleva a cabo con eficacia, el balance mundial puede servir de base para orientar las decisiones de los países y de los agentes no estatales en materia de política climática e inversiones. Y puede ayudar a impulsar acciones transformadoras en sistemas como la energía, la naturaleza, los alimentos y el transporte”, considera el World Resources Institute (WRI).

Al retomarse las cumbres climáticas, tras su suspensión debido a COVID-19, se estableció un diálogo técnico para este primer GST. Desde 2021, se viene recopilando información sobre el estado de la implementación, las brechas y las oportunidades para incrementar la ambición de los planes nacionales. El resultado de este proceso se resumió en un informe dado a conocer en setiembre. Su principal conclusión: “si bien es cierto ya se está actuando, es necesario redoblar los esfuerzos, desde ahora y en todos los frentes”.

Actualmente, el planeta está 1,2°C sobre la media con respecto a los niveles preindustriales y experimentando uno de los años más calientes desde que se llevan registros. Con cada décima de grado, los efectos devastadores se multiplican y, por ello, la ciencia recomienda limitar el calentamiento a 1,5°C. De allí, el sentido de urgencia del informe: “existe una ventana que se está cerrando rápidamente para aumentar las ambiciones y aplicar los compromisos existentes”.

De hecho, el documento habla de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 43% para 2030 y en un 60% para 2035 con respecto a los niveles de 2019, esto con miras a alcanzar el cero neto en 2050.

“El logro del cero neto requiere la transformación de sistemas en todos los sectores y contextos, lo cual entraña aumentar en escala las energías renovables al tiempo que se eliminan progresivamente todos los combustibles fósiles utilizados sin medidas de mitigación, se pone fin a la deforestación, se reducen las emisiones distintas del dióxido de carbono (CO2) y se aplican medidas tanto del lado de la oferta como del de la demanda”, señala el informe.

El abandono progresivo de todos los combustibles fósiles, no solo del carbón (como se acordó en la COP26 de Glasgow), será un tema que no podrá eludirse. La Unión Europea prometió ponerlo sobre la mesa, precisamente en una conferencia cuyo anfitrión es un país petrolero.

El sultán Ahmed Al Jaber es el presidente de la COP28. Además es ministro de Industria a la vez que se desempeña como el CEO del gigante petrolero Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) y preside la Abu Dhabi Future Energy Company, también conocida como Masdar.

(Créditos: Mark Felix / AFP)

Uno de los puntos a discutir es si esta salida de los combustibles fósiles, sobre todo en cuanto a sus subsidios, será progresiva (phase down) o una eliminación (phase out). El otro punto es establecer el cuándo, es decir, una fecha. Algunos países, entre ellos de América Latina, abogan por que esta salida sea paulatina y planeada además de venir acompañada de inversiones en energía renovables y planes de transición justa.

En este sentido, la presidencia emiratí impulsa un paquete energético en esta COP28, el cual incluye medidas como triplicar la capacidad de energías renovables, duplicar la mejora de la eficiencia energética y duplicar la producción de hidrógeno, todo con plazo al 2030. También viene hablando sobre tecnología para la captura de carbono.

“La COP28 ofrece la oportunidad de acelerar la transición mediante la construcción del sistema energético del futuro, al tiempo que se descarboniza rápidamente el sistema energético actual, con el fin de mantener al alcance el límite de 1,5°C”, declaró el sultán Ahmed Al Jaber, presidente de la COP28, durante la Pre-COP28.

El otro punto a discutir es si la salida de los combustibles fósiles se incluirá en el GST o en la declaración final de la COP28. Esto porque, al ser el primer GST, los países aún están definiendo el grado de detalle que este debería tener. Por ejemplo, una de las discusiones versa sobre si dejar el balance a un nivel nacional o detallar por sectores, incluso si se deberían establecer metas intermedias. Otros puntos conciernen a la obligatoriedad, los mecanismos de seguimiento y la consistencia de los flujos financieros.

“Tras estos debates, los países elaborarán colectivamente un resumen de los mensajes políticos clave, a los que se podrá hacer referencia en la decisión final de la COP28. Esta decisión final formalizaría la orientación y los compromisos que todos los países adopten a la hora de desarrollar sus futuras acciones y ayudas en materia climática”, explica WRI.

“Esta fase final del Balance Mundial en la COP28 tiene el potencial de dar lugar a compromisos políticos audaces que pueden impulsar soluciones innovadoras en todos los sistemas y sectores. Sin embargo, ante la falta de voluntad política, el GST corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de intercambio de información acompañado de recomendaciones generales inviables”, continúa.

Los países del G7 y el G20, que son los mayores emisores de GEI, si bien discursivamente defienden la meta de 1,5°C, lo cierto es que en las reuniones que tuvieron este año rehuyeron a asumir compromisos más ambiciosos.

Mientras tanto, la concentración de GEI en la atmósfera es cada vez mayor. De hecho, se alcanzaron niveles récord en 2022, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La concentración en la atmósfera de CO2 fue de 417,9 partes por millón (ppm), la de metano de 1.923 partes por mil millones (ppb) y la de óxido nitroso a 335,8 ppb, equivalente a un 150%, 264% y 124% respectivamente de los niveles registrados en el año 1750. 

El CO2, responsable de alrededor del 64% del calentamiento, proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento, según la OMM. El metano, que contribuye en un 16% al calentamiento global, permanece en la atmósfera durante unos diez años. Su tasa de crecimiento fue ligeramente inferior en el 2022 a la tasa récord observada entre 2020 y 2021, al tiempo que fue significativamente superior a la tasa de crecimiento anual promedio de los diez años anteriores. 

En cuanto al óxido nitroso, responsable de alrededor del 7% del calentamiento, la tasa de aumento observada el año pasado “nunca ha sido más alta en los tiempos modernos”, señaló la OMM. 

Financiamiento

Si bien la acción climática debe ser pronta y transformadora, el paso hacia economías descarbonizadas también debe ser justo. “La transformación de sistemas abre numerosas oportunidades, pero los cambios rápidos pueden ser disruptivos. Un mayor énfasis en la inclusión y la equidad puede contribuir a elevar la ambición e incrementar el apoyo”, se lee en el informe del diálogo técnico.

Ahora bien, no todos los países cuentan con la capacidad para financiar esta transición y es por ello que, en el 2010, los países desarrollados se comprometieron a fondear con $100.000 millones anuales a los países en desarrollo. Esto en virtud de la justicia climática: los países responsables históricos del calentamiento deben ayudar financiera y tecnológicamente a las naciones que han contribuido menos, pero acarrean con los mayores impactos.

Los $100.000 millones debían llegar en 2020, pero esa promesa no se cumplió. Ahora deberá establecerse una nueva meta de recaudación, cuya definición deberá trabajarse en esta COP28 con miras a que esté lista en 2024.  

Según un estudio del Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente del Reino Unido, de aquí al 2030, se requiere movilizar $1 billón anuales de financiación externa para ayudar a los mercados emergentes y a los países en desarrollo (distintos de China). 

Sin embargo, algunos países del Norte Global han manifestado no querer ser los únicos en aportar y aducen problemas monetarios. En octubre, Estados Unidos invocó problemas presupuestarios y descartó aumentar su cuota en el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). Este fondo canaliza las subvenciones y préstamos para proyectos de mitigación y adaptación en África, la región de Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe.

Durante la administración Obama, Estados Unidos prometió unos $3.000 millones para la primera movilización de recursos. Luego, bajo el mandato de Donald Trump, no aportó nada. Ahora el panorama en la administración Biden es incierto.

El Expo City Dubái albergará el evento de la COP28.

(Créditos: Aleksey Smagin / Unsplash)

Es por ello que, ante la necesidad de más financiamiento, el Norte Global aboga por abrir la base de donantes para que otras naciones también aporten, particularmente dirigen su mirada a China.

Otra propuesta consiste en buscar nuevos mecanismos de financiamiento, entre ellos, el canje de deuda por acción climática (cuyo mayor impulsor es América Latina), la movilización de recursos por parte del sector privado e incluso establecer impuestos al carbono tanto a las empresas como al transporte marítimo.

“El impuesto al carbono es, de lejos, el instrumento más eficaz y es un elemento muy importante de un conjunto de políticas que puede ser sostenible para las finanzas públicas”, declaró Vítor Gaspar, responsable de políticas presupuestarias del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la AFP. “Si las emisiones de carbono se gravan convenientemente, la capacidad de conseguir financiación del sector privado aumenta significativamente”, justificó.

Ahora bien, la mayoría de los recursos del GCF se han dirigido a mitigación, por lo que en la COP28 también se hablará de duplicar el financiamiento para la adaptación. “Como resultado de las crecientes necesidades de financiación de la adaptación y de los fluctuantes fondos de inversión, el actual déficit de financiación de la adaptación se estima entre $194.000 y $366.000 millones anuales”, se lee en el Adaptation Gap Report 2023, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA).

Los costos de la adaptación en los países en desarrollo se calculan en $215.000 millones anuales para el periodo 2021-2030, mientras que la financiación necesaria se estima en $387.000 millones anuales. “Las necesidades de financiación para la adaptación de los países en desarrollo equivalen a un valor de entre 10 y 18 veces mayor que los fondos públicos internacionales”, señala el informe.

El GCF no es el único fondo que requiere recursos. En la COP27, celebrada en Sharm El-Sheij (Egipto), los países acordaron crear un Fondo de Pérdidas y Daños. El cómo echarlo andar será discutido en esta cumbre climática.

La gran incógnita alrededor de este fondo es que aún no se sabe de dónde vendrán los recursos. Tampoco se ha decidido si se beneficiarán todos los países en desarrollo o solo los considerados más vulnerables.

Para Javier Andaluz, de la organización Ecologistas en Acción, más allá de los números, la conversación sobre financiamiento debe centrarse en calidad y acceso. “El mecanismo no puede generar más deuda”, dijo. Y esto lo viene alertando Mia Mottley —primera ministra de Barbados— en diversos foros.

El sistema financiero internacional debe reformarse. Actualmente, mientras los principales responsables del calentamiento aportan $0,23 por tonelada de carbono emitida en el último siglo, la mitad de los países se endeuda altamente para lidiar con el cambio climático, con una dependencia de créditos que oscila entre el 51% y el 100%, según se desprende de un análisis realizado por La Data Cuenta y Ojo al Clima, siendo el caso de América Latina uno de los más críticos.

Ojo al Clima