Octubre fue un mes torrencial para muchas familias: la tormenta Nate envió a casi doce mil personas a dormir a un albergue. Este evento, además, significó un gasto adicional para el gobierno: solo el costo de rehabilitar caminos fue de alrededor de ¢11 millones.

Ahora, en un reciente informe, la Contraloría General de la República (CGR) advierte que los eventos climáticos de este tipo son una amenaza seria para las finanzas del Estado y que “la acción contra el cambio climático es impostergable”.

Así lo explicó Carolina Retana, una de las autoras del estudio y analista ambiental de la Contraloría, durante un evento en la Asamblea Legislativa el 15 de diciembre pasado. Ella advirtió que el cambio climático sería una amenaza seria para las finanzas públicas, especialmente en tiempos de déficit fiscal.

“En el largo plazo, (el cambio climático) nos puede afectar las estructuras básicas de nuestra producción. Nuestra economía depende del sector real: turismo y producción agropecuaria. Esto se nos puede venir abajo y causar una gran catástrofe en la economía” aseguró la fiscalizadora de Servicios Ambientales.

Según las proyecciones de la CGR, los eventos extremos podrían llegar a costarle un 2,5% del PIB al país para el 2025 en el peor escenario. Para darse una idea del tamaño de la cifra, el déficit fiscal actual es de 4,6% del PIB.

No obstante, Retana también aseguró que desde ya estamos sintiendo los impactos económicos de los desastres naturales. Por ejemplo, solo en el 2010, la reconstrucción del capital afectado le costó al gobierno un 1,03% del PIB; una cifra levemente inferior a todo el dinero que recibe el Poder Judicial al año.

Según las proyecciones del propio órgano contralor, la razón de este impacto económico es que el cambio climático volverá más frecuentes los desastres naturales y esto, a su vez, provocará un mayor gasto en la prevención y atención a desastres.

De acuerdo con la CGR, aumentar el gasto especialmente en este momento no es buena idea.

“Aquí la alerta que hay que reflejar es que nosotros estamos en condiciones de déficit fiscal. No es como que esto queda así no más. Si uno hace las matemáticas pues quedamos fatal” advirtió la analista de la contraloría.

Además, según lo muestra el estudio de la Contraloría, estos eventos extremos también se están volviendo cada vez más largos. Por ejemplo, la duración promedio de cada evento pasó de 39 días en el periodo 1988-1992 a 50,3 días de 1993-1997 y a 76,4 días durante 1998-2002.

La mayoría de los eventos extremos registrados correspondieron a “temporales” y “tormentas extremas”. Los temporales, por sí solos, abarcaron más del 80% de los eventos extremos registrados desde 1998.

Dinero para el clima

Como solución a esta amenaza económica, la contraloría propone la creación de un “Marco Fiscal Climático”. Es decir, un mecanismo para identificar exactamente cuántos recursos necesitamos para reducir y adaptarnos a los impactos del cambio climático y dónde hay que destinarlos.

“(El marco fiscal climático) nos permitiría llevar a cabo aquellas acciones clave en las que queremos incursionar como país”, señaló Retana.

Adicionalmente, dentro de este marco de acción, la CGR también recomienda la incorporación de incentivos verdes. Según ellos, es necesario establecer impuestos a agentes contaminantes y exoneraciones a agentes que reducen la contaminación, como lo hace la reciente ley de incentivos al transporte eléctrico.

No obstante, aún hay muchas áreas que mejorar para que este mecanismo de financiamiento para la acción climática sea viable. Una de las principales debilidades, en este momento, es la transparencia con los recursos disponibles.

“Resulta que es muy difícil poder consolidar los datos de cuánta plata se ha recibido y cuánta plata se destina desde los presupuestos públicos al tema del cambio climático”, dijo Retana.

Otro de los retos es mantener un control más eficiente sobre los gastos de todos los ministerios destinados a temas climáticos. Esto permitiría tener más noción de cuánto dinero se está destinando a combatir el cambio climático.

Según la diputada Marcela Guerrero, la propuesta de un marco fiscal climático es valiosa porque involucra a varios sectores del gobierno en la lucha contra el cambio climático. “El cambio climático no puede ser más un asunto solo del ministerio de ambiente” aseguró.

En esto coincidió Retana. “Consideramos impostergable que todos los actores involucrados puedan irse apropiando poco a poco de este marco fiscal climático”, culminó la analista de la contraloría.