La implementación del Plan Nacional de Descarbonización no solo permitirá que Costa Rica alcance la meta de cero emisiones netas propuesta en el 2050, sino que también resultará en beneficios económicos calculados en $41.000 millones para los próximos 30 años.

Esos $41.000 millones resultan de restar los $37.000 millones correspondientes a los costos de las inversiones que deben realizarse en transporte, agro y restauración de bosques del total de $78.000 millones asociados a los beneficios generados por la ejecución de los 10 ejes de acción que componen el plan.

Ese fue el principal hallazgo del estudio titulado Costos y beneficios de la descarbonización de la economía de Costa Rica, el cual fue elaborado por RAND Social and Economic Well-Being, el Laboratorio de Investigación de Potencia y Energía Eléctrica (EPERLab) de la Universidad de Costa Rica y la Dirección de Cambio Climático de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El proceso de investigación, que demoró dos años, contó con el financiamiento de la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático (RG-T2713) y el Fondo Climático Francés (RG-T3193) del BID.

Costo-beneficio

Según Adrien Vogt-Schilb, economista senior de la división de cambio climático del BID y uno de los autores del estudio, se tomaron en cuenta varios factores para calcular los beneficios que acarrearía descarbonizar la economía.

Uno de ellos se refiere a los ahorros resultantes de la importación de insumos. Por ejemplo: producir electricidad en Costa Rica, ya que su matriz está basada en fuentes renovables, es más barato que importar combustibles fósiles; a esto se suma que el país tiene una mayor capacidad de generación eléctrica (oferta) de lo que realmente necesita (demanda) y esta puede ser aprovechada por el sector transporte, lo que a su vez conlleva una reducción significativa en las emisiones.

Otro factor que se consideró en los cálculos está relacionado a los costos evitados. Un transporte público que sea masivo, electrificado, limpio y eficiente desalentaría el uso del vehículo privado y, esto a su vez, reduciría las presas. El tiempo perdido en el tráfico puede cuantificarse como pérdida de productividad con su consecuente impacto en el Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, menos automóviles en carretera sumado a un diseño de calle completa -concepto que promueve la movilidad sostenible en una vía compartida- se traduce en menos accidentes de tránsito, lo que a su vez disminuye los costos asociados a la atención en salud (hospitalización y rehabilitación) e incapacidad.

“También conlleva otros beneficios en la salud, ya que un transporte limpio y cero emisiones minimiza los efectos de la contaminación del aire, que es una de las principales causas de hospitalización en el país en niños, niñas y adultos mayores”, señaló el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, durante la presentación del estudio.

De hecho, la congestión vehicular, los accidentes de tránsito y los efectos de la contaminación del aire suponen costos calculados en aproximadamente $5.000 millones anuales.

El tercer factor está asociado a la eficiencia. La optimización de los procesos deriva en reducción de emisiones y en el recorte de gastos, esto es especialmente relevante en sectores como el agrícola y forestal. “En lo agrícola, por ejemplo, la eficiencia hace posible que se mejore el manejo de la finca y esto resulta en una reducción de costos, a la vez que se reducen las emisiones. Es un ganar-ganar”, manifestó la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza.

El último factor, mencionado por Vogt-Schilb, tiene que ver con aprovechar los servicios que brindan los ecosistemas como proveedores de agua, materia prima, medicamentos y gestión de riesgo, entre otros. En las costas, por ejemplo, los manglares funcionan como barrera protectora ante tormentas. Si estos no existieran, se tendría que invertir en infraestructura gris para evitar inundaciones. También, y siendo responsable del 4% del PIB en América Latina, el turismo se beneficia de la belleza escénica y otros servicios provistos por los entornos naturales.

En el ejercicio de cálculo de los costos de la descarbonización, la mayoría de estos están referidos a la infraestructura requerida para la electrificación del sector transporte: el costo de los baterías asociados a la movilidad eléctrica y de los buses para mejorar el transporte público, la compra de equipos energéticamente eficientes y la conversión del uso de energía de los edificios en electricidad.

“También se consideró un costo asociado a la reforestación que tiene que ver con el costo de oportunidad en cuanto al uso de la tierra (conservar bosques primarios en lugar de utilizar el suelo para la producción de madera, agricultura o ganadería) y en el sector industrial, en lo que respecta a manejo de residuos, también hay inversiones iniciales que habría que hacer”, explicó Vogt-Schilb.

Estos costos, aunque pudieran parecer altos en un inicio dado el cambio tecnológico que conllevará para algunos sectores, tienen un tiempo de retorno relativamente corto para una rentabilidad que superaría el 10%.

Según el estudio, en el 2025 se alcanzaría un punto de equilibrio entre costos y beneficios netos. A partir del 2030, los beneficios empezarían a superar los costos en $1.700 millones. Para el 2035, los beneficios superarían a los costos en $3.600 millones, al 2040 en $7.600 millones, al 2045 en $10.100 millones y al 2050 en $12.900 millones.

“La descarbonización es una apuesta costo-efectiva para alcanzar el bienestar”, apuntó Meza.

Emisiones

Según el estudio, las mayores reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) se producirían en el sector transporte con -7,4 megatones de carbono equivalente (MtCO₂e) para 2050. Los otros sectores donde la reducción sería significativa son el agrícola, ganadero y forestal con -6 MtCO₂e, mientras que los sectores relacionados a edificios, industria y residuos suponen un recorte adicional de -5,4 MtCO₂e.

“Si no se cuenta con un enfoque y una inversión coordinada en materia de descarbonización, las emisiones netas de GEI de Costa Rica podrían aumentar de unos 12 MtCO₂e en la actualidad a cerca de 19 MtCO₂e en 2050”, advirtieron los autores en el informe.

En este sentido, los investigadores destacaron la urgencia de transformar el sector transporte. “Incumplir los objetivos del Plan Nacional de Descarbonización en cuanto a la electrificación del parque automotor, la adopción de otras tecnologías cero-carbono y el uso de transporte público en lugar de automóviles personales significaría un aumento de las emisiones de carbono y un empeoramiento de las repercusiones económicas de la contaminación atmosférica, los accidentes y el tiempo productivo perdido en la congestión vehicular”, señalaron en el informe.

Por lo tanto, es crucial que el gobierno desarrolle políticas que apoyen el transporte público, el ciclismo, los desplazamientos a pie y las tecnologías de cero emisiones para el transporte público, privado y de carga. Esto es particularmente cierto si la evolución de los costos de la tecnología en sí no logra ofrecer incentivos suficientes para que los usuarios y las empresas hagan el cambio”, continuaron.

Eso sí, el potencial de alcanzar cero emisiones netas se asienta en la capacidad de compensación que poseen los ecosistemas naturales presentes en el país, ya que se cuenta con estos para capturar y fijar aquellas emisiones de GEI que no pudieron recortarse mediante las acciones puestas en marcha.

“El éxito de la reducción de las emisiones del Plan Nacional de Descarbonización se basa en supuestos sobre el potencial de descarbonización de los bosques. Si el carbono liberado por la deforestación es mayor de lo que evaluamos ahora, entonces las acciones del plan, tal como las modelamos, pueden no conducir a una captura suficiente para alcanzar cero emisiones netas para 2050”, se lee en el informe.

Territorio

El estudio hizo el ejercicio de calcular los beneficios bajo una óptica de territorio. En este sentido, la descarbonización aportaría beneficios cercanos a los $22.000 millones a las zonas rurales por concepto de mejora en los rendimientos agrícolas y los servicios ecosistémicos proporcionados por los bosques que también son aprovechados por el turismo.

En el caso de las ciudades, los ahorros de energía derivados de electrificar el transporte, la reducción de accidentes, la mejora de la competitividad ligada a la reducción del tráfico vehicular y la reducción de los impactos económicos de la contaminación del aire sobre la salud conllevan a beneficios netos cuantificados en $19.000 millones.

La mejora en el transporte, la apuesta por la digitalización y el teletrabajo como medidas que contribuyen a la descarbonización podrían también promover el desplazamiento de personas desde la ciudad hacia ciudades intermedias en territorios rurales, cuya presencia vendría a dinamizar esas economías locales gracias al consumo de bienes y servicios.

“Si bien eso es algo que no contemplamos en el estudio, me parece que es una situación que podría no solo darse en Costa Rica sino en todo el mundo y efectivamente es una manera de descarbonizar porque estás reduciendo el uso de transporte privado gracias a la digitalización. Mudarse a una ciudad pequeña, gracias a que se puede teletrabajar, puede ser una manera de dinamizar la economía”, comentó Vogt-Schilb.

Retos

A un año de haberse anunciado el Plan Nacional de Descarbonización, Meza visualiza cuatro grandes retos. El primero tiene que ver con un cambio cultural, necesario para que se dé la descarbonización, ya que hablar de generar bienestar y crecimiento en ausencia de combustibles fósiles puede ser difícil para muchas personas, dado que estos están inmersos no solo en la economía sino también en el estilo de vida de la población.

La crisis económica resultante de la pandemia por COVID-19 puso ese factor cultural en evidencia. “Estamos viviendo un momento muy complejo y justamente lo que se pone sobre la mesa son soluciones basadas en extractivismo, que se presentan como una supuesta respuesta rápida para generar empleo y riqueza. Ese no es el camino”, declaró Meza.

El segundo reto deviene de que Costa Rica es un país en vías de desarrollo con un “pequeño” margen fiscal. “Eso nos obliga a ser muy articulados en priorizar esas inversiones claves que a la vez nos generen empleo, dinamicen la economía y estén alineadas a esa visión de largo plazo que provee la descarbonización”, dijo la ministra.

El tercer reto está en cómo movilizar más recursos provenientes del sector privado. “El reto está en cómo hacer que los fondos de la cooperación y las entidades multilaterales sean catalizadores para atraer más inversión privada. Eso pasa por tener entornos habilitantes que sean coherentes con los entornos fiscales y con una institucionalidad que resuelva”, explicó Meza.

El otro gran reto recae en la polarización en la discusión pública. “La polarización muchas veces vuelve más complejo el poder discutir seriamente, ya que se cuestiona la ciencia e incluso los datos robustos que se traen a la mesa. Eso complica la gobernanza”, manifestó la ministra.

Para Meza, la descarbonización es un tema de modelo de desarrollo y, por tanto, los ejercicios de planificación a largo plazo son esenciales.

“Estas rutas de cambio necesitan políticas de Estado, no aguantan estos ciclos políticos de corto plazo. El largo plazo nos permite priorizar inversiones alineadas a esa visión, dar confianza a los mercados, definir cuál es el tipo de inversión extranjera que queremos atraer, dónde nos queremos posicionar… y, al mismo tiempo, vamos generando las condiciones para esa transformación”, declaró.


Más de 3.000 futuros posibles

En cuanto a la metodología, y con el fin de manejar la incertidumbre que acarrean las proyecciones a un plazo de 30 años, los investigadores repitieron sus cálculos de emisiones, beneficios y costos para 3.003 futuros plausibles, realizando cambios en los supuestos sobre 300 incertidumbres y 47 factores adicionales.

De las 3.003 veces que repitieron los cálculos, los resultados fueron positivos en cuanto a beneficios económicos para 2.982 escenarios.


Beneficios según sector:

Sector
Agricultura, ganadería y silvicultura $22.000 millones
Transporte $19.000 millones
Industria (eficiencia y economía circular) $1.300 millones

FUENTE: BID et al. Costos y beneficios de la descarbonización de la economía de Costa Rica. 2020