El proyecto de ley que declararía a Costa Rica como un territorio libre de explotación de hidrocarburos como el petróleo y el gas natural deberá hacerle frente a 104 mociones presentadas por la diputada del PUSC, María Inés Solís.

“El espíritu general del proyecto: la no exploración ni explotación de gas natural y petróleo hacen que para mi este proyecto se vuelva inviable”, dijo a Ojo al Clima la jefa de fracción socialcristiana.

El proyecto en discusión (expediente 20.641) fue presentado por la Administración Solís Rivera en el 2017 y trata varios temas dentro de la misma ley, a pesar de que pudieron haber sido separados en diferentes proyectos.

En primer lugar, declararía a Costa Rica como un país libre de explotación y exploración de petróleo y gas. Actualmente, esa prohibición existe sólo por decreto hasta el año 2050 y un gobierno posterior podría derogarla. 

“Me parece que es un desperdicio que no podamos hacer explotación de gas natural. El tema del petróleo puede analizarse con mayor profundidad”, dijo la jefa de fracción del PUSC.

Pero además, el proyecto reformaría la ley 6588, que regula a Recope, y le permitiría a la refinadora investigar combustibles alternativos como el hidrógeno y biocombustibles. Actualmente, la institución está restringida a trabajar solo con derivados a petróleo petróleo.

Según Solís, la reforma a Recope también sería también un problema para ella. “No es posible que le estemos dando más potestades a una institución como Recope, que ha demostrado que no tiene capacidad de ejecución”, aseguró.

La presidenta de la Comisión de Ambiente, Paola Vega, lamentó el bloqueo realizado por la diputada del PUSC a este proyecto de ley. 

“Es triste que (el PUSC) esté defendiendo una visión tan anacrónica”, aseguró la diputada.

El gas natural produce entre 15% y 20% menos emisiones que la gasolina, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, pero todavía resulta más contaminante que las fuentes de electricidad limpias que tiene Costa Rica. 

Los sistemas de gas natural son la fuente más grande de emisiones de metano en Estados Unidos, según la Agencia de Protección Ambiental de ese país. Ese gas dura menos tiempo en la atmósfera que el más conocido dióxido de carbono (CO2), pero atrapa hasta 25 veces más calor.

Bloqueo importante

Según Vega, presidenta de la Comisión de Ambiente, si se hiciera uso de todo el tiempo disponible para discutir las mociones, se necesitaría “un tiempo ridículo de sesiones”.

Según explicó Vega, el reglamento de la Asamblea le otorga hasta media hora por moción para que los diputados discutan en la comisión (15 minutos a favor y 15 minutos en contra)

Si se usara todo el tiempo disponible, se necesitarían 52 horas para discutir las mociones interpuestas. Si los opositores usaran todo el tiempo disponible, serían, por lo menos, 26 horas. Eso es más tiempo del que sesionó la Comisión de Ambiente en todo el año pasado (25 horas).

Varias de esas mociones son cambios muy ligeros de forma, pero aun así permiten disponer del tiempo. Por ejemplo, una es para la cambiar la palabra “objeto” por “objetivo”, otra para cambiar “transformación” por “evolución” y otra para cambiar “nacional” por “costarricense”.

De hecho, para el primer artículo hay 10 mociones solo cambiando sinónimos, para el segundo artículo hay 32 mociones haciendo el mismo tipo de cambios ligeros, para el tercero hay 21 cambios y, luego, hay una moción para eliminar esos tres artículos.

“Los diputados que ya estamos de acuerdo vamos a tratar de hablar lo menos posible. De parte de esta presidencia, si es necesario hacer muchísimas sesiones para sacar la tarea, así va a ser”, aseguró Vega.

Estas mociones, ahora, deberán ser votadas en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y podrían generar un atraso importante en la aprobación del proyecto. No obstante, Vega aseguró que sería posible realizar sesiones extraordinarias para acelerar el proceso.

Las más de 100 mociones se discutirán en comisión, luego el proyecto volverá al plenario para una última ronda de mociones de reiteración (osea, retomar mociones que ya fueron presentadas) y finalmente, se procederá a votación de todos los diputados.

Reforma a Recope

Solís aseguró que el proyecto sería “nefasto para la economía del país” y que “ni siquiera las más de 100 mociones (que presentó) lo arreglarían”.

Según dijo la diputada, Recope no debería asumir las facultades que se le otorgan en este proyecto de ley: investigar en tecnologías limpias como el hidrógeno.

“En esta propuesta se dan mayores facultades a Recope a pesar de su conocida mala gestión. Imagínese que Recope podrá investigar, producir, comercializar, transportar e industrializar biocombustibles, hidrógeno y otros combustibles”, explicó.

Esto sería “como entregarle un cheque en blanco” a Recope, según Solís, quien aseguró que, al final, esto tendría un impacto en el bolsillo de los costarricenses porque se aumentarían las tarifas para financiar estos proyectos. 

No obstante, esto no viene expresamente dentro del texto. Lo único relacionado con tarifas que se puede encontrar en el proyecto de ley es que Recope deberá destinar “hasta 0.15%” de su recaudación por tarifas a proyectos de combustibles limpios.

Vega, por su parte, aseguró que Recope es ineficiente porque “tiene unas competencias de otro siglo”. 

“(Recope) necesita una pequeña reforma legal para ser una institución eficiente. Ya tiene la capacidad instalada, el personal y las capacidades para poder desarrollar combustibles limpios”, dijo la diputada del PAC.

La presidenta de la Comisión de Ambiente aseguró que el proyecto ya tiene el consenso de “todas las demás fracciones” y que ya está listo para avanzar como se encuentra en este momento.

Ahora, se discutirán las más de 100 mociones presentadas, luego el proyecto volverá al plenario para una última ronda de mociones de reiteración (osea, retomar mociones que ya fueron presentadas) y finalmente, se procederá a votación.