El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) destinarán $48,5 millones a financiar proyectos de conservación en zonas boscosas, beneficiando así a distritos con el menor índice de desarrollo social en el país.

El dinero saldrá de los $54 millones que entregará el Fondo Verde del Clima (GCF) en reconocimiento a las 14,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono que capturaron los bosques costarricenses en el período 2014-2015, tal como se anunció en noviembre del 2020.

Así se dio a conocer en la conferencia que sirvió para dar inicio al Proyecto REDD+ Pagos Basados en Resultados. Liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este proyecto se ejecutará por los próximos cinco años y se enfocará en tres áreas: ampliación y fortalecimiento del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), prevención de incendios forestales y consolidación de territorios indígenas, así como en la aplicación de salvaguardas socio-ambientales.

De hecho, gracias al proyecto, el PSA se ampliará para incluir más de 500.000 hectáreas de bosques privados, incluyendo aproximadamente 150.000 hectáreas en Territorios Indígenas.

Un total de $32,5 millones se destinarán a financiar el PSA dirigido a pequeños y medianos productores, incluyendo mujeres rurales y jóvenes. Unos $8 millones se otorgarán al PSA indígena para así beneficiar a cerca de 33.000 personas. Otros $8 millones serán para prevenir incendios forestales. 

“Este proyecto demuestra que es posible hacer frente a la crisis climática y, al mismo tiempo, apoyar a las comunidades en condición de vulnerabilidad para que construyan medios de vida sostenibles, reduzcan la pobreza y promuevan la igualdad de género”, comentó Yannick Glemarec, director ejecutivo del GCF.

De igual manera, el proyecto pretende mantener las emisiones de dióxido de carbono a un nivel de 6 millones de toneladas por año hasta 2024, así como incrementar la cobertura forestal del país hasta un 60% del territorio nacional y mejorar las políticas públicas relacionadas con la Ley Forestal en Costa Rica.

Esta inversión se suma a los $60 millones no reembolsables provenientes del Banco Mundial, en reconocimiento a los esfuerzos realizados en reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y degradación de los bosques, también por el aumento de las reservas de carbono y las acciones institucionales para atender las principales amenazas a los ecosistemas como son los incendios forestales y la tala ilegal.