Al firmar el Acuerdo de París en el 2015, Costa Rica se comprometió con 195 países del mundo a elaborar un plan para adaptarse a los efectos del cambio climático, el cual golpearía a varios sectores, como el agro e infraestructura. Hoy, esto ya casi es una realidad.

El primer paso formal se dio este 9 de abril cuando el Ministerio de Ambiente publicó la Política Nacional de Adaptación. Si bien otras políticas públicas en el pasado han tocado el tema de adaptación al cambio climático, esta es la primera en fijar un objetivo exclusivo sobre el tema.

Así lo indicó Iván Delgado, uno de sus autores y funcionario de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente. Según él, estos primeros pasos son cruciales para dar el ejemplo a nivel internacional.

“Aquí (en Costa Rica) estamos en un laboratorio. Si nosotros hacemos las cosas bien podemos llevar esta información afuera y decir: ‘aquí tenemos una propuesta país (de adaptación al cambio climático)”, indicó Delgado.

Ahora seis sectores clave partirán de esta política para diseñar en conjunto un Plan Nacional de Adaptación: la herramienta definitiva para blindarse contra los efectos del cambio climático.

Este plan debe estar listo este mismo año, ya que Costa Rica debe presentarlo ante el mundo en la reunión intergubernamental de cambio climático de la ONU –llamada COP24– que tendrá lugar del 3 al 14 de diciembre en Polonia.

Los sectores que trabajan en conjunto son Agricultura y Pesca, Biodiversidad, Infraestructura, Salud, Turismo y Recurso Hídrico, y representan a los más afectados por el cambio climático.

Según datos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), por ejemplo, solo en el sector infraestructura se ha gastado más de ₡800 millones entre el 2005 y el 2017 por atención a eventos hidrometeorológicos. Este es un monto superior al presupuesto para el 2018 del Ministerio de Trabajo y del Poder Judicial juntos.

“Este dinero no es invertido. No es dinero que es presupuestado, sino que es gasto. No es inversión en nueva infraestructura, es reconstrucción y rehabilitación”, explicó Delgado.

Según un informe del 2017 elaborado por la Contraloría General de la República, la acción contra el cambio climático es “impostergable”, ya que tendría un fuerte impacto en las finanzas públicas.

En cuanto al financiamiento de la política, de acuerdo con Delgado, uno de los primeros pasos a seguir ahora será identificar dónde ya se están haciendo inversiones en adaptación y, posteriormente, ejecutar el Fondo de Adaptación que cuenta con $10 millones.

Resiliencia

Según Delgado, la Política Nacional de Adaptación funcionaría como unas gafas para ver el mundo desde la óptica del cambio climático, ya que, para minimizar su impacto, es necesario incorporar la variable de adaptación en la actividad diaria.

“Uno puede hacer el ajuste para recibir el golpe de mejor forma, pero igual recibe el golpe. Aquí la idea es cómo nos transformamos para evitarnos el golpe porque ya sabemos que viene”, explicó.

Cómo hacerlo, no obstante, puede variar. Esta política incorporó un modelo de adaptación basado en ecosistemas. Esto significa que aprovecha los recursos naturales para defenderse de eventos extremos, algo que ha probado ser bastante efectivo.

Un estudio de la Universidad de Vermont, por ejemplo, encontró que, a lo largo de 34 grandes huracanes en Estados Unidos desde 1980, la pérdida de una sola hectárea de humedal tuvo un costo promedio de $33,000 en pérdidas y daños.

La adaptación basada en ecosistemas en Costa Rica, sin embargo, no es tan fácil. Según explicó Delgado, se pueden calcular las pérdidas económicas y sociales, pero calcular las pérdidas ambientales es muy difícil, ya que no hay una metodología internacional estándar.

“Por ejemplo, un humedal. Tengo el ejemplo de Nate de cómo sirvieron los humedales de barrera de contención para las comunidades. Pero esa fue una estructura pública verde que fue afectada. ¿Cuánto me cuesta esa afectación?”, señaló.

Delgado aseguró que el país tiene que comenzar a generar esta información y que esto puede ser una oportunidad importante para aportar una propuesta país sobre pérdidas ambientales por eventos hidrometeorológicos.

Además de esto, la Política Nacional de Adaptación también busca sacar provecho del conocimiento de las comunidades sobre sus recursos naturales. Ellos, según Delgado, tienden a estar más en contacto con sus recursos desde hace mucho tiempo y los entienden mejor.

Iván Delgado, uno de los autores de la Política Nacional de Adaptación: “Aquí (en Costa Rica) estamos en un laboratorio. Si nosotros hacemos las cosas bien podemos llevar esta información afuera y decir: aquí tenemos una propuesta país”

(Créditos: Foto: Miriet Abrego)

Infraestructura: sector clave

Tal vez el sector que más urge adaptar a los impactos del cambio climático es el sector de infraestructura. Según la CNE, del billón de colones que han costado los eventos extremos entre 2005 y 2017, infraestructura ha abarcado casi la mitad.

“En Costa Rica no se han incluido adecuadamente las variables climáticas en el diseño de obras de infraestructura”, dijo al suplemento Ciencia y Tecnología Luis Guillermo Loría, ingeniero del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lananme) de la Universidad de Costa Rica.

Según aseguró el ingeniero, después de cada evento hidrometeorológico solo se reconstruye la obra anterior sin tomar en cuenta la vulnerabilidad climática.

Según Delgado, sería vital dirigir financiamiento de los presupuestos públicos hacia medidas de adaptación enfocadas en las etapas previas y no después del desastre.

“Es decir, que no sigamos invirtiendo donde se va a volver a caer el puente, sino que las instituciones públicas incorporen criterios de adaptación en sus diseños”, aseguró.

Delgado añadió que una ventaja es que, en Costa Rica, tan solo un 20% de las instituciones públicas –entre ellas ICE, el AyA, el MEP y la CCSS– construyen el 80% de la infraestructura pública. Esto permite que, trabajando en pocas instituciones, se pueda cubrir la mayoría de la infraestructura pública.

Según lo indicó la Contraloría General de la República en un informe del 2017, sería “impostergable avanzar en la recuperación de la infraestructura nacional con criterio de blindaje climático”.