¿Deberíamos buscar y explotar combustibles fósiles en el territorio nacional? Esta pregunta genera diferentes criterios entre los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), la fracción más grande de la actual Asamblea Legislativa. 

En particular, la explotación de gas natural en Costa Rica sería el punto de discusión más importante, ya que algunos diputados consideran que no sería prudente “cerrar esa puerta”.

Así lo expresó el diputado liberacionista y Presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, quien aseguró tener “sus dudas” sobre si prohibir la explotación de gas natural en el país sería lo más prudente. Por otro lado, otros legisladores de su fracción sí apoyan una prohibición por ley.

“Me parece que tenemos que ser más precavidos. Ya se puede hacer una moratoria vía decreto. Yo creo que es mejor esperar la forma en que camine el mundo en ese sentido”, aseguró Benavides.

El mundo, sin embargo, camina hacia reducir sus emisiones de combustibles fósiles, incluyendo el gas natural, si queremos evitar una crisis climática aún más fuerte. 

El último reporte científico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU señala que “es urgente reemplazar rápidamente las emisiones de combustibles fósiles con tecnologías de energía renovable que ya están ampliamente disponibles”.

Si bien, el gas natural produce entre 15% y 20% menos emisiones que la gasolina, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, resulta más contaminante que las fuentes de electricidad limpias que tiene Costa Rica. 

Incluso, cada vez tiene más protagonismo en el calentamiento global. Según el último reporte de la compañía petrolera BP, las emisiones de dióxido de carbono subieron 2% a nivel mundial el año pasado y la mayoría de ese aumento se dio por el uso de gas natural

Las emisiones no solo deben dejar de crecer sino que además deben empezar a bajar drásticamente para llegar a la meta del Acuerdo de París. Eso implica reducir nuestro consumo de todos los combustibles fósiles a la mitad del nivel actual para el 2030.

Posición dividida

La jefa de fracción del PLN, Silvia Hernández, expresó una posición similar a la de Benavides. Ella aseguró que aún falta una discusión generalizada sobre el tema pero que aún tiene “algunas preocupaciones”.

“El proyecto lo que hace es censurar la oferta: que el estado no tenga la posibilidad de explotar combustibles fósiles. Eso es atacar por el lado de la oferta pero, para lograr la descarbonización, hay que atacar la demanda de combustibles”, dijo la jefa de fracción.

No obstante, Hernández aseguró que la fracción entera aún no tiene una postura definida sobre el tema. Conforme el proyecto avance y llegue a las discusiones finales en el plenario, así se discutirá la postura oficial de la fracción, dijo la diputada.

Por otro lado, la diputada Paola Valladares, representante del PLN en la Comisión de Ambiente de la asamblea, aseguró respaldar el proyecto de ley y dijo que la explotación de gas natural podría llevar a “una situación ambiental catastrófica”.

“Entendiendo la importancia que tenemos como país en el tema ambiental y que económicamente no podemos hacerle frente a la explotación, apoyo que prohibamos el hecho de explorar y explotar”, aseguró Valladares. 

La fracción del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) también ha expresado su rechazo al proyecto de ley. La jefa de fracción del PUSC, María Inés Solís, incluso inundó este proyecto con 104 mociones.

“Me parece que es un desperdicio que no podamos hacer explotación de gas natural. El tema del petróleo puede analizarse con mayor profundidad”, dijo la jefa de fracción del PUSC a Ojo al Clima en junio.

“Es triste que hayan diputados defendiendo una visión tan anacrónica”, aseguró en junio la presidenta de la Comisión de Ambiente, Paola Vega.

El proyecto de ley

El proyecto en discusión (expediente 20.641) fue presentado por la Administración Solís Rivera en el 2017 y trata varios temas dentro de la misma ley, a pesar de que pudieron haber sido separados en diferentes proyectos.

En primer lugar, declararía a Costa Rica como un país libre de explotación y exploración de petróleo y gas. Actualmente, esa prohibición existe sólo por decreto hasta el año 2050 y un gobierno posterior podría derogarla. 

Pero además, el proyecto reformaría la ley 6588, que regula a Recope, y le permitiría a la refinadora investigar combustibles alternativos como el hidrógeno y biocombustibles. Actualmente, la institución está restringida a trabajar solo con derivados a petróleo.

Este punto generaría conflicto tanto en liberacionistas como socialcristianos, ya que, según aseguran, implicaría darle más facultades a Recope, una institución “ineficiente”.

Según dijo Solís a Ojo al Clima en junio, la reforma a Recope sería un problema para ella. “No es posible que le estemos dando más potestades a una institución como Recope, que ha demostrado que no tiene capacidad de ejecución”, aseguró.

La jefa de fracción del PLN, por su parte, también aseguró tener problemas con este aspecto del proyecto de ley, ya que continúa fortaleciendo a una institución que se dedica a los combustibles fósiles.

“Ahí encuentro una contradicción: querer por un lado descarbonizar la economía y por el otro darle más facultades a Recope. Le seguiría dando competencias al estado incluso en instancias que hoy no tiene”, aseguró Hernández.