Costa Rica recibirá $54,1 millones en reconociendo a las 14,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono que capturaron sus bosques en el período 2014-2015.

De esta forma, el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) -mecanismo de financiamiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)- premia al país convirtiéndolo en el primero en Centroamérica en recibir estos recursos no reembolsables bajo la modalidad de “pago por resultados”.

Costa Rica contó con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría REDD+ tanto para desarrollar la propuesta como para presentarla ante el GCF.

El dinero del premio se destinará a fortalecer, por los próximos cinco años (2021-2026), dos programas ejecutados por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El primero es el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), implementado por Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) desde 1997, que recientemente modificó sus criterios de selección para que las mujeres rurales puedan optar a este tipo de financiamiento que paga a los dueños y dueñas de fincas por la conservación de los bosques y, con ello, evitar la deforestación. De los 18.000 contratos de PSA vigentes, el 14% corresponden a mujeres y el objetivo es ampliar ese porcentaje.

También, los fondos servirán para ampliar las modalidades del programa dirigidas a territorios indígenas. Entre 1997 y 2019, FONAFIFO destinó ¢26.217 millones a asociaciones de desarrollo ubicadas en territorios indígenas. De hecho, los pueblos indígenas son los mayores beneficiarios del programa con desembolsos de ¢2.500-3.000 millones al año.

El otro programa que se beneficiará de este premio será el de Prevención y Control de Incendios Forestales, ejecutado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que utilizará el dinero para mejorar las medidas de prevención de fuego en comunidades rurales.

“Estos fondos llegan en un momento crítico para Costa Rica, dado que la crisis económica ha puesto en grave riesgo financiero a dos de nuestros programas claves en materia ambiental: el de Prevención y Control de Incendios Forestales y el Programa de Pagos por Servicios Ambientales, que beneficia a 24.000 personas de forma directa cada año”, comentó la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, quien agregó: “el apoyo financiero en el que se traduce este importante reconocimiento internacional nos permitirá fortalecer ambos programas y beneficiar a muchísimas familias de nuestro país”. 

Ambos programas se vieron gravemente afectados por la crisis económica derivada de COVID-19 dada la reducción en la recaudación de los impuestos que los financian. Asimismo, los legisladores que están discutiendo actualmente el presupuesto nacional están pidiendo más recortes al MINAE, por lo que se visualizan posibles impactos a estos programas.