En cuatro años, casi todos los negocios habrán sustituido el consumo y comercio de plástico desechable por alternativas más “verdes” y, los que no, seguramente tendrán que pagar un impuesto extra a las municipalidades para ayudarles a gestionar sus residuos.

¿No se lo imagina? Bueno, estos son dos de los lineamientos claves que plantearon el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, como parte de su cruzada contra el llamado plástico “de un solo uso”.

Según este plan, la meta es que el 80% de los afiliados a la Cámara Nacional de Comercio Detallista y Afines (Canacodea) dejen el plástico desechable para el 2021.

Para ese mismo año, el objetivo es que 65 de las 81 municipalidades del país hayan solicitado al Congreso que modifique su Ley de Patentes, de modo que puedan cobrar un canon para desincentivar el consumo de plástico de un solo uso.

Así lo estipula la “Estrategia nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables”, presentadas por ambas carteras el lunes 5 de junio. Al documento también aportaron el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la organización Marviva y la Fundación CRUSA.

“Queremos sensibilizar a la población en torno a la utilización de plástico de un solo uso, con un enfoque en disposición de residuos sólidos y para que las personas conozcan las alternativas para no usar plásticos derivados del petróleo”, apuntó Fernando Mora, viceministro de Aguas y Mares.

El plástico tiene un doble problema: aparte de generar residuos en botaderos y playas del país, también tiene un proceso de producción altamente contaminante. Cerca del 8% del petróleo del mundo es utilizado para fabricar este material.

Aparte del trabajo con municipios y comercios, el plan llama a las proveedurías de las entidades públicas a dejar de comprar plásticos desechables y estimula la investigación en este campo y la creación de productos sustitutivos.

En este campo, el país apuesta por crear materiales similares al plástico pero a partir de residuos agrícolas como piña y malanga.

“Imagínese que pudiéramos hacer encadenamientos productivos entre esos productores y la industria del plástico en Costa Rica”, dijo Kryssia Brade, Representante Residente Auxiliar del PNUD en el país.

Munis y canon.

La punta de lanza de la estrategia son los gobiernos locales, que de todas formas tienen como mandato el tratamiento de los residuos generados dentro de su cantón como parte de la Ley de gestión integral de residuos sólidos. 

La idea es que cada municipio cobre a los comercios que utilicen plástico de un solo uso y empleen esos recursos para el tratamiento de residuos. Sin embargo, los proponentes enfatizaron que es un plan voluntario.

“Cada municipalidad va a establecer la manera en que quiere desincentivar o no el plástico de un solo de uso”, explicó la representante adjunta de PNUD.

A la fecha, ninguna municipalidad tiene políticas o planes para que sus comercios y ciudadanos reduzcan el consumo de plástico desechable. 

El viceministro Mora dijo que su cartera trabajó con 10 municipios, entre ellas la de Curridabat, para construir los indicadores y metas de la Estrategia.

“Llevamos propuestas radicales como las que estamos trabajando desde la Municipalidad hace varios meses”, apuntó Irene García, asesora principal de la Alcaldía.

Curridabat está trabajando en su propio sistema de incentivos fiscales para premiar a los comerciantes que reducen el consumo de plástico de un solo uso. En conjunto con la Fundación Marviva, están explorando las opciones legales para poder tomar medidas en su territorio que le permitan reducir el consumo de plástico desechable.

“Venimos haciendo hace un año estudios de cuál es la viabilidad legal de estos mecanismos financieros desde el eje municipal”, dijo la Gerente de Incidencia Política de Marviva, Haydée Rodríguez.

Para tomar algunas medidas más complejas, como la prohibición del plástico de un solo uso en cada cantón, se requieren modificaciones legales desde el Congreso, explicó Rodríguez.

Sin embargo, su equipo lleva cerca de un año trabajando con Curridabat y otros cantones para identificar caminos donde la potestad municipalidad baste.

Una opción que identificaron es ajustar el cobro de la tasa de recolección de residuos, para que aquellos comercios que cumplen con los lineamientos municipales tengan tengan un beneficio.

La Municipalidad de Curridabat también explora otros mecanismos fiscales, pero todos tienen la misma esencia: ajustar la factura de impuestos para beneficiar a quienes rechazan el plástico desechable.

“Los créditos fiscales se pueden convertir en incentivos importantes; son descuentos fiscales al sector comercial para aquellos que implementen nuestras políticas”, dijo García, coordinadora del proyecto Ciudad Dulce.

García explicó que estos incentivos se pueden ejecutar “en el corto plazo”.

En este camino también entra el Ejecutivo, que acompañará a los comerciantes a nivel nacional, en coordinación con la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines (CANACODEA).

“Estamos trabajando con los detallistas para que puedan tener una opción de empaque más amigable”, explicó Mora.

Menos contaminación.

En Costa Rica, el Ministerio de Hacienda reporta una producción anual de, al menos, 600 millones de botellas de plástico desechable.

Según el documento de la Estrategia, casi el 90% no son recolectadas y terminan acumuladas en cuencas hidrográficas, costas y ambientes marinos.

Por eso, dos de las metas del proyecto giran alrededor de reducir los residuos acumulados en una playa del país, que será elegida como sitio de muestreo; además, el plan quiere reducir el porcentaje de plástico encontrado en los embalses de la cuenca del Tárcoles.

“Costa Rica tiene uno de los ríos más contaminados del hemisferio, el Tárcoles, que recibe la contaminación de parte del Gran Área Metropolitana”, dijo Brade del PNUD.

Por eso, la Estrategia apuesta por unir dos conceptos: los materiales renovables y los materiales compostables.

Los primeros son aquellos cuya fuente, sea animal o vegetal, tiene un ciclo predecible que permita planificar la producción. Un ejemplo es el residuo que emerge en el cultivo de caña, conocido como bagazo.

Pero no necesariamente todos los materiales renovables son compostables. Este concepto significa que “se puede descomponer en las sustancias básicas que lo componen, por la acción de agentes biológicos como microorganismos”, según la Estrategia.

Los productos deben poder descomponerse en 180 días para caber dentro de esta categoría. Aun más, el plan busca que los materiales sean compostables en ambientes marinos y acuáticos.

“Son los espacios donde finalmente terminan este tipo de residuos”, explicó Mora.

Se estima que en los océanos hay 5,25 billones de residuos plásticos, cifra que incrementa año tras año.