En promedio, cada costarricense usa todos los días una bolsa de plástico que –probablemente– no volverá a emplear nunca más. Sumar todas esas bolsas equivaldría a generar casi 10 mil toneladas de plástico al año, a las que podrían agregarse otras 22 mil toneladas de botellas anuales, según estima el Ministerio de Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La historia va más allá de las cifras de consumo, pues revela un problema que podría impactar en cómo las zonas urbanas en Costa Rica se adaptan al cambio climático, y cómo el país pierde oportunidades para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que lo provocan.
Al menos así lo cree Kifah Sasa, Oficial de Desarrollo Sostenible y Resiliencia del PNUD, para quien nuestro excesivo uso de plásticos entraba –literalmente– los esfuerzos del país para la adaptación al cambio climático.
“(Uno de los problemas que esperamos en las zonas urbanas) es una mayor afectación por el aumento de las inundaciones. La misma cantidad de lluvia que antes caía en semanas hoy puede caer en una tarde. Con más sólidos, las inundaciones pueden ser más severas, no solo por una mayor cantidad de agua, sino porque tendríamos más basura bloqueando los sistemas pluviales”, explicó Sasa.
No es un tema menor. En el 2015 el Ministerio de Salud estimó que los costarricenses lanzaban cerca de 300 toneladas de basura al día en zonas como alcantarillas, lotes baldíos o ríos. Buena parte de ellos son plásticos y, cuanto menos, perfectos detonantes para el caos vial y las inundaciones en zonas urbanas.
Estrategia contra el plástico
Sasa es uno de los coordinadores de una estrategia que pretende que para el 2021 casi todos los negocios del país hayan sustituido el consumo y comercio de plástico de un solo uso por alternativas renovables y compostables.
La meta, fijada en la “Estrategia Nacional para la sustitución de plásticos de un solo uso”, pretende que el 80% de los afiliados a la Cámara Nacional de Comercio Detallista y Afines dejen el plástico desechable para dentro de tres años. El documento también espera que cuatro de cada cinco municipalidades modifiquen sus reglamentos de patentes para procurar que los negocios desincentiven el uso del plástico.
El plástico presenta varios problemas ambientales desde su nacimiento. Se estima que cerca del 8% del uso de los combustibles fósiles en el globo se emplean para fabricar resinas plásticas. Casi la mitad de las bolsas, botellas y objetos que se elaboran con ellas terminan usándose solo una vez.
También se requieren grandes cantidades de energía para realizar ese proceso, según estima la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La entidad intergubernamental asegura que la mayor parte de las emisiones del plástico provienen de la producción de ese polímero virgen. Las estimaciones más recientes de la OCDE, publicadas el año pasado, señalan que en el 2012 se generaron 400 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en ese proceso: casi el 1% de las emisiones que provocan el cambio climático.
Hay otras variables ligadas al fenómeno de la huella ambiental de los plásticos, como la demanda energética, el consumo de agua, la acidificación de los océanos, la toxicidad para los humanos, entre otras.
En Costa Rica, un cuarto de las 4.000 toneladas de residuos sólidos que se producen a diario terminan acumulándose en ríos y playas. La cartera de Hacienda reporta que anualmente se generan casi 600 millones de botellas de plástico desechable, 9 de cada 10 de ellas no son recolectadas.
Costumbre reciente
Pese a todo, la OCDE recuerda que casi la mitad del plástico del planeta se ha generado en los últimos 13 años. Es decir, aunque la producción de ese material arrancó a mediados del siglo pasado, se incorporó hasta hace poco en los comercios, sistemas de transporte, textiles, empaques y maquinaria industrial.
Eso hace pensar a las autoridades que disminuir su uso en poco tiempo también es posible.
“En este Gobierno vamos a pasar las primeras disposiciones donde vamos a arrancar un proceso de abandono en el uso de plástico desechable”, dijo el jerarca de ambiente y energía Carlos Manuel Rodríguez. “Estamos viendo varias opciones, la ley es una”, señaló a Ojo al Clima.
El 5 de junio Rodríguez y el presidente Carlos Alvarado firmaron una directriz que regula el manejo, consumo y etiquetado de plástico de un solo uso en instituciones como el Ministerio de Educación, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Justicia, que prometieron abstenerse de comprar, usar y consumir estos materiales.
“Conocemos el impacto que está teniendo en el ambiente este tipo de materiales. No solo por el material en sí, sino por la falta de disciplina que tenemos como sociedad para disponer otro tipo de materiales que tengan un menor impacto en el ambiente”, dijo el presidente Alvarado. “Es un paso importante para educar a nuestra sociedad en prácticas ambientales”.
Alice Shackelford, Coordinadora Residente de la ONU en Costa Rica, alabó la directriz que –según dijo– constituye la primera medida de un Gobierno para eliminar el empleo del plástico de un solo uso.
“Esta directriz es un ejemplo de la voluntad de implementar medidas que son necesarias en todos los países. Esperamos que muchos países tomen eso como un modelo a seguir. El impacto en los gobiernos locales es crítico, pero a nivel nacional también es importante mostrar un compromiso país”.
A la fecha, instituciones como el Minae, el Grupo ICE, la Universidad de Costa Rica, 26 municipalidades y alrededor de treinta empresas privadas como Multiplaza Curridabat y Multiplaza Escazú se comprometieron a liberar sus espacios de plásticos de un solo uso.
En la Asamblea Legislativa se discuten varios proyectos de ley sobre el tema. Uno de ellos (20.531), por ejemplo, obliga a los fabricantes o importadores de envases, empaques o embalajes de plástico a pagar el 10% del precio sobre el valor aduanero por cada unidad vendida. El impuesto sería de un 40% para la importación de bolsas plásticas.
Esos recursos permitirían crear un primer Fondo Nacional para incentivar la conservación de los servicios ecosistémicos del mar y de los recursos marino-costeros (que se denominaría Fonasemar). El texto aún se discute en la Comisión de Ambiente del Congreso.
“Eso vaticina un camino recorrido importante, pero no es lo suficientemente alentador”, opinó Sasa, del PNUD. “La meta es difícil, pero no es irrealizable. La tendencia que hemos visto, lo rápido que los partidos políticos y el Gobierno asumen este discurso es un ‘yo nunca he visto’. Falta muchísimo, pero la meta termina en el 2021”, dijo.
