Una serie de amenazas provocadas por el ser humano–como la cacería, la tala ilegal, la expansión de frontera agrícola y el cambio climático– tienen en jaque a seis zonas forestales del territorio costarricense que son particularmente vulnerables a impactos externos.

Estas locaciones proveen beneficios sociales, económicos y ambientales a las comunidades que las rodean y se encuentran en estado crítico, pues su biodiversidad y recursos se ven comprometidos ante estas amenazas externas que atentan contra la sostenibilidad de dichas zonas.

La lista preparada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) incluyeNicoya, Maquenque, Tortuguero, La Amistad, la región noreste del Rincón de la Vieja y Osa.

Estos seis lugares, denominados como Àreas Geográficas Prioritarias (AGP), requieren mayor monitoreo e inversión para facilitar su protección, según determinó un estudio realizado por el Catie.

Una parte del estudio está enfocado en identificar las amenazas a la biodiversidad y se proponen algunas estrategias para mitigar el efecto de las mismas.

Según explicó Christian Herrera, investigador del CATIE a cargo del estudio, la mayoría de las amenazas que afectan a estas áreas son compartidas entre sí, por lo que dichos peligros evidencian una problemática nacional.

Las principales amenazas que fueron identificadas en esas zonas boscosas fueron la expansión de la frontera agrícola (específicamente los monocultivos como la piña y la palma africana), las prácticas agrícolas, industriales y urbanas inadecuadas, los drenajes de humedales, la tala ilegal, los incendios forestales y las sinergias entre las mismas amenazas.

La investigación, desarrollada por un equipo interdisciplinario, promueve la conservación de los bosques tropicales de Costa Rica, enfocándolo hacia el desarrollo sostenible.

Este estudio facilitó establecer las bases para determinar cuáles áreas deben ser monitoreadas y cómo prever un plan para mitigar los efectos de las posibles amenazas que atenten contra sus ecosistemas.

El proyecto sugiere soluciones para limitar el impacto de estas amenazas en las zonas boscosas prioritarias, por lo que se indicó una propuesta de monitoreo, basándose en indicadores ecológicos (elementos representativos de la biodiversidad) y sociales (acciones que contribuyen o impactan a la biodiversidad).

De esta forma, con esta información se intenta orientar las inversiones destinadas a la conservación de manera más efectiva para mejorar los resultados de las zonas prioritarias y dirigir los esfuerzos a las áreas que más lo requieren.