Para esta segunda semana de negociaciones, y dado que debe llegarse a un acuerdo consensuado entre 197 países, Alok Sharma -presidente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático o COP26– armó su estrategia.

Designó a parejas de ministros para identificar los principales bloqueos y facilitar las negociaciones en temas clave como la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París (Noruega y Singapur), marcos temporales comunes (Ruanda y Suiza), transparencia (Antigua & Barbuda y Nueva Zelanda), adaptación (Maldivas y España), litigios (Granada y Dinamarca), daños y pérdidas (Luxemburgo y Jamaica) y financiamiento (Egipto y Suecia).

A la hora de delegar la tarea de ver la interrelación entre los temas, Sharma volvió su mirada a Costa Rica. Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía, será la encargada de detectar contradicciones, puntos de traslape y oportunidades para generar acuerdos así como mantener la consistencia de la agenda climática en pro de su implementación.

“Sé que muchos de estos temas están conectados con una necesidad de encontrar soluciones que garanticen coherencia. Por esto, le he pedido a la ministra Meza de Costa Rica que apoye a los ministros de co-facilitación y a mí en esta tarea (de coherencia)”, dijo Sharma en la sesión plenaria del lunes.

No solo eso, Costa Rica llega a la cumbre climática con una misión clara: mantener viva la meta de 1,5 °C del Acuerdo de París. Sus esfuerzos por descarbonizar la economía –reflejados en las metas climáticas actualizadas o Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) que incluyen al Plan Nacional de Descarbonización- le han dado credibilidad para liderar este proceso.

Asimismo, la posición costarricense en la COP26 pide a los otros países colocar a la ciencia y los datos en el centro de la toma de decisiones. También habla de liderazgo en pro de concluir el reglamento del Acuerdo de París, comúnmente conocido como Libro de las Reglas, lo que incluye llegar a acuerdos en temas como mercados de carbono, transparencia y periodos de implementación. Su finalización permitirá implementar el tratado internacional a partir del próximo año.

En el marco de las negociaciones, Costa Rica aboga por mayor acceso al financiamiento para así lograr que los países de renta media y baja –como los centroamericanos- puedan alcanzar las metas de mitigación y adaptación estipuladas en el Acuerdo de París.

Esta posición nacional coincide con la de los otros países del bloque negociador del que Costa Rica forma parte: la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC). Los ocho países que integran este bloque buscan que, al final del día, las conclusiones de la COP26 estén alineadas a la meta de 1,5 °C y, para ello, es importante alcanzar el objetivo de mitigación al 2030 al tiempo que se mejora la resiliencia.

En la agenda de Reino Unido, que preside esta COP26, también aparece la meta de 1,5 °C asociada al ímpetu por asegurar cero emisiones netas al 2050. Para ello, los países deben acelerar la eliminación del carbón como fuente energética, frenar la deforestación y promover la transición hacia economías bajas en carbono.

“Esto significa establecer colaboraciones entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil y, por supuesto, finalizar el reglamento del Acuerdo de París para que el tratado sea plenamente operativo. Además de las negociaciones formales, se espera que la COP26 establezca nuevas iniciativas y coaliciones para llevar a cabo la acción climática”, se lee en un comunicado dado a conocer por los organizadores.

Mercados de carbono

Para avanzar con la implementación del tratado internacional, aún resta un artículo por reglamentar. Para ser específicos, se trata del artículo 6: “(…) algunas Partes podrán optar por cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental”.

Este artículo abre la puerta a dinámicas de mercado que permitiría transacciones entre países en pro de la reducción de emisiones. Eso quiere decir que un país que haya cumplido con sus metas climáticas puede transferir sus “excedentes” a otro y así ayudarlo a alcanzar las reducciones a las que se comprometieron. Eso se haría a través de proyectos de producción de hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono, incentivos financieros para energías renovables y manejo forestal, entre otros.

Las reglas para estos mercados deben ser completamente claras para no dar paso a la “doble contabilidad”, es decir, que ambos países involucrados en la transacción reporten las mismas reducciones cuando solo uno efectivamente las redujo. Asimismo, algunos países abogan por mantener la integridad ambiental del artículo, mientras que otras naciones insisten en que se incluya los derechos de las comunidades indígenas.

En la COP26, algunas naciones –como Brasil- insisten en mantener los créditos de carbono del régimen climático anterior (Protocolo de Kioto), pero eso no añadiría nuevas reducciones de emisiones y la meta mundial se encamina a cero emisiones netas al 2050.

En este momento, los negociadores lograron pasar de tres textos distintos a uno solo, pero este tenía más de 290 corchetes este fin de semana. Un dato de contexto: los negociadores ponen en corchetes aquellos puntos que obstaculizan llegar a un consenso. Normalmente, cuantos más corchetes, más incierto es el resultado.

Nuestra prioridad es asegurar consistencia y robustez en las reglas que definan el sistema de elementos del marco de transparencia. En la misma línea, y bajo el liderazgo de los Principios de San José, Costa Rica y sus socios seguirán impulsando la integridad ambiental en la negociación de los mercados de carbono. Si tenemos solo una atmósfera, no podemos tener más de un sistema contable y de métrica bajo el Acuerdo de París”, dijo Meza sobre la posición nacional con respecto a este tema.

 

Los Principios de San José son una serie de lineamientos promovidos por Costa Rica desde 2019 en el marco de la Pre-COP25. Actualmente, más de 35 países los respaldan. Los lineamientos abogan por que la negociación de mercados garantice la integridad medioambiental y permita la mayor ambición de mitigación posible. También, los mercados deben ofrecer una mitigación general de las emisiones mundiales, superando los enfoques de compensación de suma cero para ayudar a acelerar la reducción de las emisiones mundiales.

Asimismo, los países adscritos a los Principios de San José demandan prohibir el uso de unidades anteriores a 2020 (unidades y derechos de Kioto). A la vez, la negociación debe garantizar que se evite la doble contabilidad para alcanzar los objetivos climáticos internacionales.

También se debe evitar la fijación de niveles de emisiones, tecnologías o prácticas intensivas en carbono incompatibles con la consecución del objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París. Igualmente se debe garantizar incentivos a la progresión y apoyar a todas los países para que avancen hacia los objetivos de emisiones.

Los mercados deben contribuir a la obtención de recursos financieros cuantificables y predecibles para que los países en desarrollo, especialmente aquellos vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, puedan hacer frente a los costes de adaptación y, en este sentido, los lineamientos reconocen la importancia de la creación de capacidades para permitir la mayor participación posible de los países en virtud del artículo 6.

“Esperamos lograr que estos instrumentos no sean un fin en sí mismos sino que sean un medio para alcanzar las metas del Acuerdo de París”, señaló Meza a Ojo al Clima y añadió: “la idea es que sean proyectos nuevos y adicionales para movilizar recursos donde se necesitan y que efectivamente estos mecanismos de mercado ayuden a los países en vías de desarrollo a movilizar fondos en ejes que permitan acelerar la acción climática”.

Ya se tiene una experiencia anterior con el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), contemplado en el Protocolo de Kioto. Mediante los MDL, los países desarrollados podían financiar proyectos de mitigación en países en desarrollo y, a cambio, se emitían certificados de reducción aplicables a su propio compromiso. En ese entonces, a través de los MDL, se financiaron proyectos de energía y transporte en América Latina y el Caribe.

“Ya tenemos lecciones aprendidas de lo que pasó en el MDL y si no tenemos suficientes parámetros que garanticen la integridad ambiental, incluidas consideraciones de derechos humanos, muchas veces estos proyectos que supuestamente deberían contribuir a reducir emisiones, pues no lo hacen y terminan siendo ʻpuro aire calienteʼ”, manifestó la ministra.

Transparencia

Para que el Acuerdo de París pueda implementarse, los países deben acordar calendarios comunes para la frecuencia de revisión y seguimiento de sus compromisos climáticos. También deben ponerse de acuerdo en cuanto al formato en que reportarán sus avances de reducción de emisiones. Algunos países proponen un formato distinto para así ajustarlo a sus realidades nacionales, pero esto no los haría comparables.

Por esa razón, Costa Rica propone que el formato sea el mismo para todos los países. “De esa forma, la información se podría comparar en auditorías y se podría identificar cuáles países están irrespetando sus compromisos”, se explica en uno de los boletines de la Dirección de Cambio Climático.

Financiamiento

En la COP15, celebrada en Copenhague (Dinamarca) en 2009, los países desarrollados prometieron canalizar $100.000 millones anuales al 2020 para ayudar a los países en vías de desarrollo a adaptarse al cambio climático. Se suponía que ese monto debía entregarse anualmente entre 2020 y 2025.

La meta no se cumplió y, un análisis realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), proyecta que podría alcanzarse en 2023. Ante esta realidad, los ministros  Jonathan Wilkinson (Canadá) y Jochen Flasbarth (Alemania) elaboraron una hoja de ruta sobre este tema.

Con base en los progresos realizados a la fecha y teniendo en cuenta las nuevas promesas de financiamiento, la hoja de ruta mueve las fechas para 2021-2025. Asimismo, se hace un llamado al sector privado para que sume dólares.

No solo es que el financiamiento estaría llegando tarde, sino que parece que no será suficiente y, por ello, los países del bloque de negociación BASIC –integrado por Brasil, Sudáfrica, China e India- afirman que “la falta de un enfoque serio de la financiación del clima pondrá en peligro” los debates sobre los planes de reducción a cero neto y la adaptación.

Igualmente, estos países exigen un objetivo de financiamiento climático mejorado para 2025. El bloque de países africanos propuso que esa nueva meta sea de $1,3 billones al año, los cuales deberían repartirse por igual entre mitigación y adaptación.

“Es fundamental que los países desarrollados cumplan con sus intereses financieros, pero más allá de eso está la discusión sobre la nueva meta de financiamiento y esa conversación debe ser más integral”, señaló Meza.

Para la ministra costarricense, la adopción de una nueva meta de financiamiento climático no debe centrarse solo en un número sino que debe servir para gestar un proceso transformador en el sistema financiero con el fin de enverdecer los flujos de capital tanto público como privado.

Las inversiones que se realicen deben ser coherentes con las metas del Acuerdo de París, y alineadas con el cuido del patrimonio natural. Debemos dejar de invertir en actividades que destruyan la naturaleza, y que aceleren el calentamiento climático”, dijo Meza en uno de los eventos paralelos en los que participó durante la primera semana de la COP26.

En este sentido, hay que descabonizar los portafolios de inversión. “Hay que dejar de invertir en aquello que nos aleja de las metas del Acuerdo de París”, dijo Meza a Ojo al Clima.

El endeudamiento post pandémico y la dependencia de las actividades extractivistas a nivel económico hacen que esos cambios transformacionales sean complejos. Sin embargo, la ministra costarricense ve una oportunidad al compatibilizar la recuperación post COVID-19 con la acción climática y ese es precisamente uno de los mensajes que Costa Rica está promoviendo en la COP26.

“Esas inversiones pro Acuerdo de París tienen un efecto multiplicador; generan más empleo, por ejemplo. Se trata de darle coherencia al sistema financiero, como bancos multilaterales o fondos de inversión, al tomar compromisos para que esto se alinee al Acuerdo de París y esa es la forma en la que podemos avanzar hacia una recuperación sostenible que nos lleve a reconstruir el país y nos acerque a ser cero emisiones netas al 2050”, comentó.

Con respecto al sector privado, Meza dijo: “la movilización de fondos privados, normalmente, juega con ciertas reglas resumidas en cómo se reduce el riesgo. Si se logra estructurar proyectos como país que resulten interesantes, como adopción de nuevas tecnologías, entonces el dinero público se puede usar como garantía para reducir riesgos para que el sector privado no tenga miedo de invertir. Ya las energías renovables han demostrado que son un hit y ya el sector privado entra por sí solo en este tipo de proyectos. En las nuevas áreas es donde hay que garantizar una arquitectura financiera para impulse la transformación”.

El otro punto crítico en el tema de financiamiento tiene que ver con la calidad. Para Meza, las negociaciones deben asegurar que los países en vías de desarrollo tengan “realmente la estructura y posibilidades para acceder a ese financiamiento, porque lo que sigue sucediendo es que muchas de las inversiones climáticas están dándose en el norte y en los países más desarrollados. Necesitamos que el acceso al financiamiento se haga para el sur global”.

Además, el apoyo financiero a la adaptación debe provenir de fondos no reembolsables.

Soluciones basadas en Naturaleza

El otro tema que Costa Rica está promoviendo en la COP26 son las Soluciones basadas en Naturaleza mediante la meta 30×30 promovida por la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas, liderada precisamente por Costa Rica, Francia y el Reino Unido.

El país ven en las soluciones basadas en naturaleza una manera de mitigar, adaptar y reactivar la economía en los territorios. Por ello, se aboga por proteger al menos el 30% del territorio marino y terrestre al 2030 para así hacerle frente a dos crisis: la climática y la pérdida de biodiversidad.

A la fecha, 76 países se han sumado a la Coalición. Canadá incluso anunció en la COP26 que iba a aumentar su presupuesto de financiamiento climático a $5,3 millones, el 20% del mismo será redireccionado a soluciones basadas de la naturaleza.

“Esto que hacemos es por las personas. Sí, es cierto que protegemos a los ecosistemas, pero lo hacemos para que las personas puedan tener un planeta donde vivir y ser felices”, declaró Meza.

¿Qué se espera de la COP26?

  • Ambición climática:

– Metas más estrictas de las principales economías en relación con la meta de 1,5°C para 2030 y 2050.

– Acuerdo de que todas las principales economías volverán a la acción global en 2022-2023 y pondrán en la mesa medidas climáticas más ambiciosas para encaminarnos hacia 1,5°C.

  • Paquete de apoyo a los países en desarrollo:

– Acordar una revisión anual de los US$100.000 millones que incluya las contribuciones de cada país a este esfuerzo.

– Acordar una ruta hacia un objetivo financiero posterior a 2025.

– Abordar la carga injusta de la deuda.

– Abordar las demandas de pérdidas y daños, incluida su financiación.

– Acordar que el 50% de la financiación climática se destine a la adaptación.

FUENTE: Periodistas por el Planeta