En sus nuevas metas, agrupadas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) presentada ante Naciones Unidas en diciembre de 2020, Costa Rica vio una oportunidad en la acción climática para transformar su economía con miras a alcanzar un desarrollo sostenible, bajo en emisiones, resiliente, justo e inclusivo.

“Costa Rica busca ser líder en una revolución que ya inició, revolucionar el modelo de desarrollo, convertir las amenazas en oportunidades y contribuir a la recuperación sostenible del 2020”, declaró la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, en un comunicado.

La nueva NDC fue sometida a consulta pública por parte de la ciudadanía. Finalmente, se presentó a Naciones Unidas en diciembre de 2020.

En este sentido, durante los próximos diez años, el país se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar un máximo absoluto de emisiones netas de 9,11 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) al 2030, para llegar a cero emisiones netas en el 2050.

Para contextualizar la meta al 2030, según el II Informe Bianual de Actualización del 2019, las emisiones en el 2012 fueron 11,8 millones de toneladas de CO2e. En este sentido, la nueva meta es recortar las emisiones en 22,84% respecto de la referencia del 2012.

La nueva NDC también pretende ampliar la capacidad de adaptación del país, reduciendo su vulnerabilidad ante desastres e incrementando su resiliencia.

Si bien las metas se incluyeron en un instrumento de política climática, lo cierto es que sus beneficios trascienden a otras áreas como salud y educación. Por ejemplo, una de las metas apuesta por privilegiar un transporte público que sea masivo, eficiente, seguro, electrificado y limpio. De hecho, al 2030, la idea es que al menos el 8% de la flota de transporte público sea cero emisiones.

Al ser masivo, eficiente y seguro, se busca que la gente lo prefiera y así desalentar el uso del vehículo privado. Esto, a su vez, tiene un resultado positivo: la reducción de las presas. El tráfico no solo resta calidad de vida a las personas, quienes se someten a altos niveles de estrés, sino también se traduce en una pérdida de productividad con su consecuente impacto en el Producto Interno Bruto (PIB).

Al haber menos presas, las personas pueden aprovechar ese tiempo para estudiar —y con ello acceder a mejores opciones de empleo— o dedicarlo a hacer deporte, a actividades de ocio o compartir con familiares y amigos, lo cual repercute positivamente en la salud mental.

Asimismo, menos automóviles en carretera sumado a un diseño de calle completa —concepto que promueve la movilidad sostenible en una vía compartida— se traduce en menos accidentes de tránsito, lo que a su vez disminuye los costos asociados a hospitalización, rehabilitación e incapacidad.

Al ser eléctrico y limpio, se mejora la calidad del aire, lo cual también previene enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En el mundo, anualmente, mueren siete millones de personas a causa de la contaminación atmosférica.

La promoción de la movilidad no motorizada —al 2030 se pretende haber ampliado y mejorado la infraestructura vial para que al menos el 5% de los viajes sean en bicicleta o caminando— incentiva la actividad física, lo cual previene enfermedades crónicas asociadas a sedentarismo como obesidad, diabetes y cáncer.

De hecho, y según un estudio sobre el costo de la descarbonización realizado por la Dirección de Cambio Climático (DCC), RAND Social and Economic Well-Being, Universidad de Costa Rica (UCR) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la congestión vehicular, los accidentes de tránsito y los efectos de la contaminación del aire suponen costos calculados en aproximadamente $5.000 millones anuales.

El paso del huracán Eta, en noviembre de 2020, afectó la infraestructura vial de la zona sur del país. Las medidas de ordenamiento territorial así como las soluciones basadas en la naturaleza buscan incrementar la resiliencia del país ante este tipo de desastres. (Foto: Casa Presidencial).

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Incremento de ambición

La anterior NDC data del 2015, cuando ni siquiera estaba vigente el Acuerdo de París. El año pasado, la DCC aprovechó para actualizarla y hacerla más ambiciosa. De esta forma, las nuevas metas comprometen al país a tomar acciones alineadas a una trayectoria consistente con la meta global de limitar el aumento de la temperatura media del planeta a 1,5 °C. La NDC anterior estaba alineada a la meta de 2 °C.

Para ello, se priorizaron 13 temáticas, a saber: movilidad y transporte; desarrollo y ordenamiento territorial; energía; infraestructura y construcción; industria, comercio y servicios; gestión integrada de residuos; agropecuario; bosques y biodiversidad terrestre; océano y recurso hídrico; acción para el empoderamiento climático; transparencia y mejora continua; finanzas; políticas, estrategias y planes de cambio climático.

Según el Programa Estado de la Nación (PEN), en su Informe Estado de la Nación 2020, la falta de planificación y ordenamiento del territorio se traduce en un mayor riesgo a desastres. De hecho, el 38,2% de las construcciones realizadas, en el período 2016-2019, se localizan en municipios con alta frecuencia de desastres y un total de 12.049 construcciones se ubicaron en áreas con riesgo de inundación.

No solo eso, la falta de ordenamiento territorial también repercute en el acceso a servicios y el transporte. De hecho, el modelo de ciudad presente en la Gran Área Metropolitana (GAM) se está replicando en las ciudades intermedias.

Por estas razones, la nueva NDC contempla metas al 2030 orientadas a incluir criterios de adaptación en los instrumentos de planificación territorial, así como otros orientados al transporte para que se articulen “modos de movilidad sostenible con el modelo de ciudades compactas”.

Como parte de las acciones para disminuir los desplazamientos, la NDC pretende promover prácticas basadas en la digitalización como el teletrabajo, el comercio electrónico y el turismo virtual. Pero, antes, se deberán reducir las brechas digitales y tecnológicas, principalmente en poblaciones socioeconómicamente vulnerables. Para ello, al 2030, se promoverá un modelo solidario que contemple aspectos como conectividad a Internet, equipamiento y apropiación digital.

Para que la digitalización sea posible es necesario contar con una matriz eléctrica segura, eficiente, basada en fuentes renovables, baja en emisiones y limpia. Eso también permitirá que al menos 8% de la flota de vehículos ligeros —tanto privados como institucionales— sea eléctrica al 2030.

Asimismo, al 2030, las medidas de sustitución tecnológica y lineamientos de eficiencia energética en los sectores de transporte de pasajeros, transporte de carga e industrial reducirán las emisiones de carbono negro en 20% respecto de las emisiones del 2018. El carbono negro se deriva de la combustión incompleta del diésel, los biocombustibles y la biomasa, es el que le da el color negro al hollín. Aparte de contribuir al calentamiento del planeta, el carbono negro afecta la salud humana.

También en el tema de energía, se actualizarán los estándares de eficiencia energética de las tecnologías de uso final como equipos de refrigeración y aire acondicionado, calderas, bombas de calor, maquinaria y otros de alto consumo energético.

Financiamiento de la NDC

Para financiar esta transformación, la NDC propone una serie de medidas a lo interno para no depender del financiamiento internacional. Por ejemplo, al 2030, se espera tener implementado al menos un instrumento de reforma fiscal enmarcado en economía verde, el cual sea consistente con la trayectoria de descarbonización.

Para el 2025, la meta es haber desarrollado instrumentos, reglamentos e incentivos que acompañen al sector financiero en el análisis de los riesgos e impactos del cambio climático en determinado sector. También, al 2030, se prevé movilizar al sistema financiero —incluyendo a la banca de desarrollo— para que exista un mercado de productos de apoyo a la descarbonización y la resiliencia.

Asimismo, la idea es fortalecer aquellos instrumentos ya existentes como pago por servicios ecosistémicos y cánones así como seguros e instrumentos tarifados que ayudan a dar sustento económico a la adaptación.

Al 2024 se habrá lanzado el Mecanismo de Compensación de Costa Rica (MCCR) como sucesor del Mercado Doméstico de Carbono, con el objetivo de apoyar y facilitar la movilización de fondos, principalmente nacionales, en procura de la descarbonización del país mediante la generación de Unidades Costarricenses de Compensación generados por proyectos, programas o actividades incorporadas a un programa, que reduce o secuestra emisiones de GEI en el territorio nacional”, se detalla en la NDC.

Una de las lecciones aprendidas gracias al Programa País de Carbono Neutralidad (PPCN) es que la optimización de los procesos, teniendo como norte la reducción de emisiones, puede derivar en ahorros y costos evitados. A la fecha existen ejemplos a nivel de organizaciones, comunidades y municipalidades.

Si bien la nueva NDC no está condicionada a la disponibilidad de recursos internacionales, el país reconoce que “tiene importantes necesidades de apoyo financiero, de transferencia tecnológica y de creación de capacidades para lograr sus metas, particularmente en las condiciones de crisis sanitaria y económica tras la pandemia global provocada por el COVID-19”.

Mientras otros países apenas están decidiendo si recorren o no el sendero de la acción climática, Costa Rica ya está caminando con miras a encontrar, al final de este, el bienestar social, ambiental y económico que siempre ha añorado. No será fácil, aún restan por resolver temas como tratamiento de aguas residuales, reducción en el uso de agroquímicos y evitar el cambio de uso del suelo, entre otros.


Creciente ambición climática

El 2020 marcó un punto de inflexión para la acción climática a nivel internacional. Si bien la pandemia causada por COVID-19 redujo las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo, este efecto es temporal y, más bien, se prevé un efecto rebote.

Por esa razón, el incremento de la ambición climática es esencial no solo en pro de la recuperación económica tras la pandemia sino también para lidiar con el cambio climático.

En este sentido, los anuncios realizados por varios países adquieren relevancia política. En setiembre de 2020, el presidente de China —Xi Jinping— dijo que su país alcanzará su pico de emisiones antes de 2030 y logrará la neutralidad antes de 2060. Vale recordar que China es actualmente el mayor emisor del mundo, también es el país con más población y la segunda economía más grande del planeta.

Otros países de la región asiática, como Corea del Sur y Japón, también anunciaron que se convertirían en carbono neutrales al 2050.

La Unión Europea también aumentó el alcance de sus metas climáticas y ahora se propone reducir sus emisiones en un 55% para 2030, tomando como referencia los niveles de emisiones de 1990.

Por su parte, Estados Unidos volverá a adherirse al Acuerdo de París ahora que Joe Biden es su presidente. También se prevé la publicación de un ambicioso plan climático en los próximos meses.

En noviembre próximo, los países deberán presentar la actualización de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) en el marco de la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático a realizarse en la ciudad de Glasgow (Escocia).

De lograrse el incremento en la ambición, se sentarán las bases para una economía baja en emisiones.

Fuente: Periodistas por el Planeta.


13 áreas de acción

  1. Movilidad y transporte
  2. Ordenamiento territorial
  3. Energía
  4. Infraestructura y construcción
  5. Industria, comercio y servicios
  6. Gestión integrada de residuos
  7. Agropecuario
  8. Bosques y biodiversidad
  9. Océano y recurso hídrico
  10. Acción para el empoderamiento climático
  11. Transparencia y mejora continua
  12. Finanzas
  13. Políticas, estrategias y planes de cambio climático