Minor Méndez dice que no le teme al aumento de las mareas en Esterillos Oeste, aunque afirma que hace un mes el mar le llegó al patio de la casa.

A unos pocos metros de ahí, caminando por el borde de la playa, está una parada destrozada por el mar, un salón de baile destruido y una escuela amenazada en la que los niños de la comunidad aún reciben clases y juegan con el playground de plástico lleno de arena que está detrás de las aulas.

No es que él sea desprevenido. Méndez siente que la municipalidad no les ha brindado oportunidades a los vecinos, que eventualmente se verán afectados por la marea. Además, considera que no tiene otro espacio más para trabajar que aquel donde está su fuente de ingresos: la pesca y la guía turística.

El caso de Minor no es diferente al que puede encontrarse en otras zonas del país, que tiene un signo de amenaza marcado por el cambio climático para las próximas décadas.

Fotos: Katya Alvarado

Pese a las previsiones climáticas para el 2080 elaboradas por el Instituto Meteorológico Nacional (que incluyen probables sequías en el norte, aumentos en el nivel del mar en zonas costeras como Caldera e inundaciones en sitios como Parrita), no hay evidencia de que las municipalidades planifiquen relocalizaciones a largo plazo para las personas que se verían afectadas por el cambio en el clima.

De igual importancia, el país tampoco ha desarrollado planes para enfrentar las posibles migraciones que llegarían al territorio nacional producto de desastres ligados a estos fenómenos.

No se trata de un tema vano: un reciente informe de la Organización Mundial para los Migrantes señala que el cambio climático tendrá una enorme incidencia en el flujo migratorio de los próximos años.

Según la Organización Internacional, estos fenómenos ya están teniendo un impacto en la población del mundo, y potencian que las personas dejen sus casas por temor a problemas económicos, por desastres naturales o por el deterioro en sus condiciones de vida.

 

Las fotografías del PNUD comparan las proyecciones climáticas de Caldera entre el 2014 y el 2080.

Futuros desplazados

Juan Carlos Méndez, Asesor Regional de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres (PDD), asegura que los efectos adversos del cambio climático están generando un impacto en los medios de subsistencia en ciertas comunidades y regiones a nivel mundial, que terminan por impulsar movilizaciones que se incrementarían en el futuro.

A pesar de eso, Méndez sostiene que al 2017 ningún Gobierno Local en Costa Rica tiene la capacidad técnica ni los recursos para abordar escenarios de desplazamiento asociados a los efectos del cambio climático que ocurrirán en los próximos años.

“Hay un costo político además en ‘alertar’ a las comunidades que se verían más afectadas y que podrían desaparecer en unas cuantas décadas”, añadió.

“Hay un costo político además en ‘alertar’ a las comunidades que se verían más afectadas y que podrían desaparecer en unas cuantas décadas”

A pesar de la falta de planes y estudios, los fenómenos empiezan a pisarle los talones a algunas zonas del país. Ya hay comunidades que han debido desplazarse por eventos que podrían estar relacionados con el cambio climático.

Eso lo sabe Cornelio Benavides, miembro de una de las familias que en el 2012 se trasladaron desde Caldera hasta Villanueva, expulsadas por la amenaza del oleaje cerca de sus casas.

Fotos: Sebastián Rodríguez

Las familias que se quedaron en Caldera (bajo su propio riesgo, según la municipalidad) se vieron obligadas a construir una barrera de arena al borde de la playa para proteger sus casas. La elaboraron a partir de fondos de la Asociación de Desarrollo, pese a no contar con el permiso municipal.

“Sí, (hay un problema con el oleaje). Si no se hubiera hecho ese muro de contención de arena ya estuviera inundado esto. Sí se ve el mar bastante bravo”, asegura Daniel Villalta, vecino de la comunidad desde hace 15 años.

Hoy, poco menos de la mitad del muro se ha destruido por el oleaje.

El país también carece de políticas para poder enfrentar las migraciones que llegarán al territorio nacional potenciadas por el cambio climático.

Según el Estado de la Región, Centroamérica pasaría de tener alta aridez en siete departamentos (provincias) en el período 1950-2000, a 20 en el año 2020, 38 en el año 2050 y a 68 para finales de siglo. El fenómeno afectaría especialmente las zonas más pobres, que -en algunos casos- obligaría a sus residentes a migrar a otros países.

Centroamérica: más aridez y lluvias menos frecuentes hacia el 2100

(Créditos: Informe del Estado de la Región (2016))

Hay evidencia de que la variabilidad climática en la región influye en los flujos migratorios. En noviembre del 2015 el Servicio Jesuita para Migrantes en Nicaragua realizó una investigación en departamentos como El Viejo, La Paz Centro, Ciudad Darío, Managua y Tola, para conocer la relación entre las migraciones de nicaragüenses y el cambio climático.

A través de encuestas, descubrieron que la extensa mayoría de los nicaragüenses entrevistados no ligaban la migración de sus familias con el cambio climático, pero sí con factores ambientales como la sequía, los vientos y las inundaciones.

Más de la mitad de los afectados afirmaron que la sequía fue uno de los principales factores que les perjudicó y les obligó a migrar, como última opción. La mayor parte de las familias pertenecían a zonas rurales, y estaban lideradas por agricultores pobres que lamentaban sequías cada vez más largas y frecuentes. Imposibilitados para seguir alquilando terrenos o dar alimento a sus familias decidieron partir a Estados Unidos, Costa Rica, y otros destinos.

“No hay relación directa para decir que los fenómenos climáticos afectan directamente en la decisión de migrar, pero sí sabemos que afectan los medios de vida, el entorno local, las actividades productivas y el acceso a recursos de cada familia. La gente pierde capacidades económicas y se vuelve menos resiliente”, explica el investigador del Centro Jesuita para Migrantes, Alfredo Ruiz.

Tener condiciones climáticas adecuadas es esencial en las zonas rurales nicaragüenses, si se considera que la mayoría de trabajadores dependen de las actividades agropecuarias.

“En Nicaragua casi un 80% de las familias (rurales) estarían dependiendo directa o indirectamente de actividades agropecuarias, ya sea porque son productores directos o porque viven de la venta de servicios ligados a esas actividades”, añadió.

En general, el principal motor de la migración es la pobreza, pero la variabilidad climática puede afectar los medios de vida de las familias, hasta el punto de que se vean obligadas a dejar sus tierras

La investigación del Servicio Jesuita para Migrantes agrega un factor relevante: los primeros que emigran suelen ser los más pobres, la población más vulnerable. En general, el principal motor de la migración es la pobreza, pero la variabilidad climática puede afectar los medios de vida de las familias, hasta el punto de que se vean obligadas a dejar sus tierras.

Plan de acciones

Los vacíos en información y en planes en Costa Rica son tan importantes que aún no conocemos qué comunidades se han visto desplazadas por fenómenos ligados al cambio climático. Luis Valencia y Karla Picado, bachilleres de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica procuran llenar un vacío informativo sobre el tema y empiezan a desarrollar una investigación.

 

Las fotografías del PNUD comparan las proyecciones climáticas de Puntarenas entre el 2014 y el 2080.

Mientras tanto, los gobiernos locales requieren tomar un papel más activo para impedir que las personas se instalen en zonas que podrían ser vulnerables a largo plazo y necesitan aplicar las normas existentes para prevenir desastres. Así lo considera Gerardo Quirós, consultor en gestión del riesgo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Tenemos un déficit grave de gobernabilidad y el punto de partida está ahí (…) Tenemos una laxitud enorme en el tema de los planes reguladores. La mayoría de municipalidades no los tienen, y otras muchas no las han implementado por muchos motivos, incluidos los intereses económicos”.

“Tenemos una laxitud enorme en el tema de los planes reguladores. La mayoría de municipalidades no los tienen, y otras muchas no las han implementado por muchos motivos, incluidos los intereses económicos”

Quirós reclama que, incluso después de desalojos, las municipalidades no desarrollan medidas para evitar que otras personas vuelvan a utilizar esos terrenos.

Además del diseño de los planes reguladores, las municipalidades pueden adoptar otras medidas urgentes. Mario Fernández, Coordinador del proyecto Preventec de la Universidad de Costa Rica (UCR), sugiere que la UCR puede aliarse a las comunidades para realizar las investigaciones que identifiquen las zonas que estarían expuestas a riesgos y desastres.

“La migración con el tiempo se va a transformar en un tema de política y de ambiente”, agrega Carlos Picado, jefe de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Para Picado, una alternativa urgente para desincentivar que las personas se ubiquen en zonas de peligro es que los mismos servicios públicos del Estado se alejen de esos espacios, lo que obligaría a las comunidades a desplazarse paulatinamente.

Si una municipalidad busca re ubicar a las personas tiene la responsabilidad de plantearles también alternativas (en servicios, opciones laborales, etcétera) de la misma envergadura (…) Para eso se necesita planificar”, cerró.

Colaboraron: Sebastián Rodríguez y Mariana Cerdas.