El Banco Mundial oficializó hoy que Costa Rica recibirá $60 millones no reembolsables, en reconocimiento a los esfuerzos realizados en reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y degradación de los bosques, también por el aumento de las reservas de carbono y las acciones institucionales para atender las principales amenazas a los ecosistemas como son los incendios forestales y la tala ilegal.

Según Oscar Avalle, representante del Banco Mundial en Costa Rica y El Salvador, el dinero deviene de la captura de 12 millones de toneladas de carbono equivalente a un plazo definido al 2025.

Los fondos se concretaron el día de hoy con la firma del acuerdo entre Costa Rica, representada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), representado por el Banco Mundial. El FCPF es una asociación mundial de gobiernos, empresas, sociedad civil y organizaciones de pueblos indígenas centrada en la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y la conservación de las reservas forestales de carbono en países en desarrollo. 

Los fondos se otorgan bajo el esquema de Pago por Resultados y se desembolsarán en tres tractos: el primero se pagará en el 2021, corresponde a 3,4 millones de toneladas capturadas entre 2018 y 2019. El segundo tracto se pagará en el 2022 e igualmente será por 3,4 millones de toneladas, esta vez capturadas entre 2020 y 2021. El último desembolso estará listo para 2025 por 5,2 millones de toneladas capturadas entre 2022 y 2024.

Reconocimiento

Para Avalle, el otorgamiento de estos fondos reconoce el ejemplo y liderazgo costarricense por más de 20 años. Con la promulgación de la Ley Forestal N° 7575, en 1996, el país prohibió el cambio de uso del suelo y brindó el marco legal para la creación del PSA.

“Esto, que podría verse como algo pequeño a nivel global, consiste en traducir una necesidad en acciones concretas para el bienestar de las personas y esto funcionará siempre y cuando ese compromiso se traduzca también en beneficios para aquellos más excluidos, quienes son los que necesitan más este apoyo. Una vez más, esto se ve reflejado en las políticas públicas de Costa Rica donde los pueblos indígenas y las mujeres se ven beneficiados de este tipo de actividades”, justificó Avalle.

Recientemente, el PSA modificó sus criterios de selección para que las mujeres rurales puedan optar a este tipo de financiamiento que paga a los dueños y dueñas de fincas por la conservación de los bosques y, con ello, evitar la deforestación. De los 18.000 contratos vigentes, el 14% corresponden a mujeres y el objetivo es ampliar ese porcentaje.

También, los territorios indígenas han sido los mayores beneficiarios del PSA a lo largo de los años. Entre 1997 y 2019, FONAFIFO destinó ¢26.217 millones a asociaciones de desarrollo ubicadas en territorios indígenas. De hecho, los pueblos indígenas son los mayores beneficiarios del programa con desembolsos de ¢2.500-3.000 millones al año.

Para la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, Costa Rica tiene una larga tradición emparejando la protección medioambiental con la creación de empleos verdes, asentada sobre una serie de leyes, políticas y programas forestales y de biodiversidad.

Costa Rica hizo una apuesta en el cambio de modelo de desarrollo. Cuando se habló de prohibir el cambio de uso del suelo, en la década de 1990, se dio también un cambio a nivel de jurisprudencia. Se empezó a reconocer a las personas por la tierra, no solo tumbando el bosque -como se hacía con la reforma agraria- sino conservándolo”, dijo Meza durante su intervención en el acto de oficialización del acuerdo, realizado esta mañana en el hotel Real Intercontinental.

“Esas cosas que parecen menores, en realidad son cambios estructurales que no solo requieren de condiciones habilitantes en forma de políticas públicas y normas judiciales, sino que también se requiere movilizar recursos que le otorguen valor económico a la naturaleza. Esto no quiere decir que se mercantilice a la naturaleza, se trata más bien de visibilizar los servicios que esta provee y se le reconozca el aporte que hace a la economía”, agregó.

Destino de los fondos

El dinero proveniente del FCPF permitirá fortalecer el programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) que ejecuta el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y el programa de Manejo del Fuego del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

En el caso de FONAFIFO, los fondos servirán para generar nuevos contratos de PSA y así el país podrá contar con 533.000 hectáreas forestales adicionales.

“Estos recursos financieros llegarán en un momento muy crítico para la economía costarricense, golpeada fuertemente en los últimos meses por la pandemia del COVID-19. Desde FONAFIFO y la Secretaría REDD+ haremos todos los esfuerzos para apoyar a la mayor cantidad de propietarios y propietarias de bosque, así como a aquellos emprendedores, pueblos indígenas y grupos de mujeres que también aportan significativamente a la conservación de los ecosistemas boscosos”, declaró Jorge Mario Rodríguez, director ejecutivo de FONAFIFO.