Si el diputado liberacionista Ronny Monge logra su cometido, la importación vehículos impulsados por derivados del petróleo tiene los días contados.

El martes 17 de enero, Monge presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley para prohibir a partir de 2030 la importación de cualquier tipo de vehículo que utilice hidrocarburos, como gasolina o gas natural.

El plan tiene el apoyo de 27 diputados de diferentes bancadas. Lo firman congresistas del Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio, Renovación Costarricense y la Alianza Demócrata Cristiana.

“El principal problema que tiene nuestro país para cumplir la carbono neutralidad y nuestras metas de la COP21 en París es el parque vehicular actual”, explicó Monge, diputado liberacionista.

En la formulación de qué quedaría prohibido, el proyecto de Monge es más ambicioso que otras propuestas que buscan impulsar el transporte eléctrico en el país, pues también excluiría cualquier tipo de híbridos a partir del 2030.

“Cuando el proyecto dice utilizar hidrocarburos, considera tanto materia principal o como complementaria. Esto quedaría prohibido”, apunta Monge.

El texto cuenta con solo cinco artículos que simplifican su interpretación y más que eliminar esta flota vehicular en el corto plazo, plantea una serie de medidas para hacerlo de manera gradual.

El proyecto establece un impuesto de $500 a la importación de vehículos que utilicen hidrocarburos a partir de su aprobación. Esos fondos serían destinados a fortalecer el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Luego de cinco años de establecido este impuesto, el monto se duplicaría. Los $500 original todavía iría para el Incofer y los otros $500 a un fideicomiso para comprar buses eléctricos para las provincias costeras.

En 2016 fueron inscritos poco más de 150.000 vehículos nuevos en el país. Si suponemos que todos estos fueron importados en un mismo año, el impuesto de $500 por unidad hubiera generado $75 millones para el Incofer en solo ese año.

Además, el texto obligaría a las empresas públicas a adquirir exclusivamente vehículos eléctricos a partir del año 2020.

“La gente dirá que no estamos listos, pero no estábamos preparados para tener un país sin ejército, para decir que queríamos ser carbono neutral o para construir un motor de plasma en Liberia”, dijo Monge.

El expediente 20.227 contiene una salvedad que permite al Ministerio de Obras Públicas y Transportes autorizar la importación de vehículos que “por particulares condiciones de mercado, no estén disponibles con otro tipo de energía o cuyo costo triplique el de sus equivalentes”. Cada aprobación deberá hacerse de manera individual.

Esta salvedad está pensada para máquinas de trabajo, como excavadoras o equipo agrícola.

Monge confía que por haber apoyo de múltiples agrupaciones políticas y un interés del Ejecutivo de impulsar las energías limpias, el proyecto tiene buenos prospectos de avanzar en el Plenario.

Además, esto servirá como una señal fuerte al mercado, apuntó el diputado.

“Los países deben indicar a las empresas automotrices qué tipo de flota queremos y no las empresas a los países”, dijo el liberacionista.

El proyecto apenas fue presentado y todavía no ha sido asignado a una comisión para su estudio.

Otras naciones como Holanda y Alemania ya tienen directrices que apuntan en esta dirección, aunque con fechas más tempranas como 2025.