En los primeros encuentros tras el emblemático Acuerdo de París, una pregunta se mantiene en suspenso durante las negociaciones climáticas: ¿cómo regular la presencia del lobby de los combustibles fósiles en el proceso?
En la sesión de medio año del 2016, que concluyó a finales de mayo en Bonn, Alemania, varios países en desarrollo pidieron reglas claras para orientar la participación de estos y otros “observadores” en estas negociaciones.
Un grupo de países liderados por Ecuador, Venezuela y Bolivia solicitaron medidas concretas para definir cómo el sector privado interactúa con la formulación de políticas públicas en el proceso y prestar atención a los posibles conflictos de interés entre la industria de los combustibles fósiles y la implementación del Acuerdo de París.
En su intervención, Ecuador solicitó que “aseguremos la integridad de las organizaciones observadoras, que no interfieran con el objetivo último de la Convención”, que es estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera a niveles seguros.
Además, el país pidió que el Secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas ara el Cambio Climático (CMNUCC) prepare un informe con “las modalidades utilizadas en Naciones Unidas o otros foros intergubernamentales para identificar y minimizar los conflictos de interés.”
Los negociadores deben ahora trabajar en la implementación del Acuerdo de París, el gran reto de la siguiente cumbre que se celebrará este noviembre en Marrakech, Marruecos (COP22 por sus siglas en inglés).
Durante la plenaria de cierre de la sesión, el presidente de la mesa aprobó el punto de la agenda relativo a los conflictos de interés sin ver que Ecuador había pedido la palabra, precisamente para criticar el párrafo aprobado.
“Ecuador habló en representación de más del 60% de la población mundial. El conflicto de intereses es una realidad que existe. Nadie lo puede negar”, dijo el negociador de Nicaragua.
Aparte del país centroamericano, las quejas de Ecuador fueron secundadas por Venezuela, Bolivia, China, India, Malasia y el grupo africano, entre otros países.
“Tampoco se trata de limitar la participación de las ONG o de los actores no estatales. Ni mucho menos limitar las acciones del sector privado. Se trata de tener un mayor entendimiento para esta etapa que se abre [el Acuerdo de País]. Los conflictos de intereses sí existen, y debemos tener muy clara la transparencia para este nuevo proceso”, apuntó el representante.
Como ha sido costumbre en las negociaciones, muchos grupos de negocios y medios de comunicación participan activamente de los temas relacionados con el cambio climático alrededor del mundo. Que sus opiniones sean escuchadas y consideradas por las partes negociadoras no preocupa necesariamente a estos países.
Sin embargo, este grupo de naciones señala la influencia indebida del lobby de los combustibles fósiles, que aún tiene que demostrar si está dispuesto a adaptar su modelo de negocio para alinearse con el objetivo acordado de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C.
Carbón en la cumbre climática.
La influencia de esta industria adopta muchas formas. Para la cumbre del 2015 (COP21), por ejemplo, un reporte de la organización no gubernamental Corporate Accountability International señaló que cuatro de los patrocinadores de la conferencia climática del 2015 también tienen su propio historial sucio.
El reporte apunta hacia Engie, EDF, Suez Environnement y BNP Paribas como responsables de liberar anualmente cerca de 200 megatoneladas de dióxido de carbono en la atmósfera mediante sus negocios en todo el mundo.
Según Jesse Bragg de Corporate Accountability International, una de las preocupaciones es que ya existe un lugar para los grupos y corporaciones que representan a la industria de los combustibles fósiles, pero el Acuerdo de París va un paso más allá.
La activista explica que se extiende la invitación al sector privado para conseguir que se implique y comprometa activamente en la acción climática.
“Esto puede ser positivo, pero también puede conllevar problemas. Si vamos a hacerlo, tenemos que tener políticas en vigor, antes de que comience ese nivel de compromiso”, argumenta Bragg.
La campaña “Libérate de los combustibles fósiles”, en la que participaron miles de ciudadanos de todo el mundo a principios de mayo, puso presión a los gobiernos para que fortalezcan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, asegurando que no se usan falsas soluciones para su implementación.
Para Bragg, “la acción climática debe basarse en los intereses de los ciudadanos y el planeta, no los de la industria. El sector privado tendrá definitivamente un papel en la acción climática. La pregunta es si también se le va a permitir escribir las reglas para ello”.
Los países en desarrollo y la sociedad civil creen que una buena política climática afecta a las ganancias de la industria de los combustibles fósiles, y por esto debe darse un proceso por el cual se proteja la legitimidad de la CMNUCC, que se asegurare de que los conflictos de intereses con el sector privado son evitados.
“Estas son las mismas empresas que, durante décadas, han socavado los intentos de encontrar soluciones al cambio climático, a pesar de que sabían de su existencia. Ahora que cantan una melodía diferente, no podemos permitir que nuestra memoria no esté a la altura”, recuerda Bragg.
El proceso que lleva a París ha sido una negociación de 20 años, en parte debido al funcionamiento opaco de estas industrias, apunta la activista.
“Debemos ser capaces de hacer la distinción entre las relaciones públicas que ciertas corporaciones están llevando a cabo y sus verdaderas intenciones. Si su modelo de negocio se basan en la extracción y quema de combustibles fósiles, los negociadores deberían preguntarse si realmente tienen un papel que es consistente con el interés de esta convención”, añade Bragg.
La sociedad civil duda del papel que estas corporaciones deben de tener en las negociaciones de cambio climático, y hasta que eso cambie, argumentan que no deben ser considerados como partes interesadas en las negociaciones.
