En las regiones más áridas de Centroamérica, 1,4 millones de personas que sobreviven principalmente con el maíz y los frijoles que cosechan en sus tierras ahora necesitan apoyo alimentario para hacerle frente al 2019.

Muchas de estas familias, que practican agricultura de subsistencia, perdieron sus cosechas por sequías prolongadas y lluvias intensas en 2018 y este año sus cultivos están otra vez en riesgo, advirtieron la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP).

Las organizaciones alertaron sobre emergencias en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos son los países donde hay más personas en peligro. En una encuesta efectuada en estos cuatro países, más del 25% de los hogares de agricultores de subsistencia dijeron no tener suficientes ingresos para cubrir el costo de la canasta básica.

El año pasado, la sequía se extendió y la temporada de lluvias ingresó tarde en la franja árida que recorre la costa Pacífica centroamericana, conocida como el Corredor Seco Centroamericano.

Ahí, cerca de 2,2 millones de personas perdieron sus cosechas y, de ellas, 1,4 millones están en una situación crítica y necesitan asistencia humanitaria para poder comer.

En morado se puede ver el área del Corredor Seco Centroamericano.

(Créditos: FAO)

“Este año el problema principal es la acumulación de eventos. Si este año mantenemos el déficit (de lluvia) donde hay una condición previa de vulnerabilidad, esas personas tendrán problemas”, explicó Rossella Bottone, asesora regional para América Latina y el Caribe del WFP.

¿Quiénes son estos agricultores? En su mayoría son familias con pequeños terrenos de menos de dos hectáreas, que dependen en de cultivos de frijol y maíz que siembran para alimentarse, con bajos niveles de escolaridad o empleabilidad y con problemas para acceder a agua o insumos agrícolas.

Para estas personas, una mala cosecha los obliga a medidas extremas, pues en muchos casos esos dos cultivos son su principal fuente de alimentación.

El año pasado, un 82% de las familias salvadoreñas que hacen agricultura de subsistencia tuvieron que vender algunas de sus herramientas o animales para poder comer.

Momento crítico.

La FAO y el WFP hacen la advertencia ahora porque muchos agricultores de la región se están preparando para cultivar sus tierras y deberían tomar en cuenta que este año también se atrasarán las lluvias, en parte por el fenómeno El Niño.

“Los agricultores de subsistencia están comenzando a sembrar este mes, muchos no tienen reservas de alimentos y están en riesgo de perder sus cosechas nuevamente”, dijo en un comunicado de prensa Miguel Barreto, Director Regional del WFP para América Latina y el Caribe.

El año pasado, el período seco se extendió y retrasó las lluvias en el Corredor Seco Centroamericano. Según los gobiernos de la región, más de la mitad de la cosecha de los agricultores de subsistencia se perdió en 2018.

WFP y FAO están solicitando a la comunidad internacional $72 millones para brindar asistencia alimentaria a más de 700.000 personas prioritarias en el Corredor Seco.

Bottone explicó que este dinero podría usarse para apoyos directos a las familias o para fortalecer los mecanismos de resiliencia de los países.

Por ejemplo, en un proyecto que su organización desarrolló en El Salvador, cada familia recibió $120 por semestre sin estar restringido su uso. La mayoría lo empleó para comprar alimentos, aunque algunos lograron también adquirir insumos agrícolas básicos para reactivar sus tierras.

Bottone dijo que un mecanismo que su organización trabaja es diversificar cultivos, para que los agricultores tengan más opciones si fallan el maíz y los frijoles.

“Hay historias exitosas de comunidades donde se han diversificado los cultivos con hortalizas al lado del maíz o del frijol”, explica la experta, quien señala que el pepino y el tomate son opciones para estos productores.  


Nota del editor: una versión previa de este artículo aseguraba que FAO y WFP pedían $72.000 milllones para ayuda humanitaria, cuando en realidad las agencias solicitan $72 millones