Costa Rica necesita fortalecer sus datos climáticos para enfrentar la inseguridad alimentaria y proteger la salud

Ante los desafíos climáticos que enfrenta, al país le urge fortalecer la recopilación, sistematización y difusión de los datos meteorológicos para que éstos guíen el diseño de políticas públicas y planes de acción. En este sentido, esta medida se presenta como vital para preservar la salud y el bienestar de sus habitantes.

Esta recomendación se desprende del Informe de Políticas sobre Cambio Climático y Salud en Costa Rica 2022, que forma parte del proyecto Lancet Countdown Suramérica, el cual fue dado a conocer en un evento organizado por el departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.

Si bien se cuenta con datos a nivel país, aún se requieren datos más regionalizados que permitan desarrollar planes específicos, incluso a nivel de comunidad. “Existen proyectos a futuro para desarrollar alertas específicas para la salud y alertas climáticas, pero lo que nos falta son buenos datos para desarrollar este tipo de sistemas”, se lee en el informe.

También se necesita mejorar la comunicación entre las agencias climáticas, el gobierno y la población para que esos datos sean accesibles, además de realizarse un esfuerzo por recopilar, sistematizar y difundir otro tipo de información para así tener un panorama más amplio de lo que está ocurriendo.

En este sentido, otra recomendación brindada por los autores es “retomar la realización de una encuesta nacional de nutrición, centrada en la calidad nutricional de los alimentos, con el fin de disponer de datos actualizados y fiables para dirigir políticas y recursos a la población más vulnerable y fortalecer la producción que hace frente a la inseguridad alimentaria”.

Para Zaray Miranda Chacón -médica y una de las autoras-, esa recomendación podría materializarse mediante la reactivación del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (SINSAN), el cual forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

Esta medida permitiría “hacer frente a la inseguridad alimentaria y tener una idea clara de las características nutricionales de los alimentos a los que nuestra población tiene acceso”, ya que la inseguridad alimentaria debe priorizarse en el ámbito de la salud pública.

Agro e inseguridad alimentaria 

El cambio climático puede afectar a la salud humana de forma directa, con efectos directos en el cuerpo humano (por ejemplo: los golpes de calor), y de forma indirecta, afectando a los cultivos, ecosistemas, animales, alimentación, entre otros.  Ambos niveles de acción, directa e indirecta, se pueden observar en el sector agrícola, que además es el sector base para la seguridad alimentaria de la población costarricense. 

Dado que realizan actividades al aire libre, los productores agropecuarios están más expuestos al calor, perjudicando su salud. Los trabajadores, al exponerse al calor húmedo (como el que se experimenta en algunas zonas del país), comprometen la capacidad del cuerpo para termoregularse. De igual manera, al trabajar en estas condiciones, las personas corren el riesgo de sufrir lesiones, enfermedades e incluso la muerte. 

Los impactos por el calor en el lugar de trabajo se han reportado en empleados agrícolas, principalmente aquellos relacionados a la caña de azúcar en Guanacaste. El estrés térmico laboral provoca disfunción renal en las personas y, en Costa Rica, los hombres de las zonas rurales agrícolas de bajos ingresos del Pacífico se han visto desproporcionadamente afectados por la Enfermedad Renal Crónica de Causa no Tradicional (ERCnT). 

Asimismo, el impacto es económico. En 2019, por ejemplo, se perdieron 15 millones de horas de capacidad laboral potencial debido a una mayor exposición a olas de calor, lo cual representa la segunda pérdida anual más alta desde 1990. 

En un nivel más macro, las consecuencias adversas del cambio climático se insinúan en forma de condiciones meteorológicas erráticas que dificultan la planificación y cosecha, pérdida de suelos fértiles, incremento de plagas y enfermedades en los cultivos, así como un acceso más limitado al recurso hídrico. 

Esta amalgama de desafíos ejerce una presión constante sobre el sustento de los productores, amenazando su estabilidad económica y colocándolos en la línea frontal de una lucha cuyo resultado trasciende su bienestar individual, ya que se entrelaza con la seguridad alimentaria.

De hecho, la seguridad alimentaria se está viendo amenazada por el aumento de las temperaturas y el incremento en la frecuencia de fenómenos extremos como sequías e inundaciones. El potencial de rendimiento mundial de los principales cultivos disminuyó entre 1,8% y 5,6% entre 1981 y 2019.

En América Latina, la duración promedio de la temporada de cultivos cruciales como trigo de invierno, trigo de primavera, maíz, soja y arroz ha disminuido en un promedio del 2,5%, 2,2%, 1,6%, 1,3% y 0,4%, respectivamente.

En el caso de Costa Rica, y según datos de The Lancet Countdown, en el 2019 se experimentó una reducción de 3,3% en maíz y 2,2% en arroz en la duración de crecimiento en comparación con la línea de base de 1981-2010. “Una duración de crecimiento de los cultivos más corta significa que los cultivos maduran demasiado rápido, lo que da lugar a rendimientos inferiores a la media”, se explica en el informe.

Estos datos resaltan cuán vulnerable es el agro ante los embates de los fenómenos ambientales inducidos por el cambio climático, pero también exacerbados por este. Para los pequeños productores, que dependen en gran medida de la agricultura para su sustento, estos datos enfatizan la urgencia de adaptarse a las cambiantes condiciones climáticas y buscar prácticas agrícolas más resilientes.

Según Miranda, el propósito de estas recomendaciones contenidas en el informe es anticipar y abordar de manera más eficaz los efectos del clima en la producción agrícola local, ya que incide directamente en la inseguridad alimentaria y esta, a su vez, en la salud de las personas.

Asimismo, el informe sugiere asegurar la continuidad financiera a largo plazo de las competencias climáticas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), esto conferirá el impulso necesario para liderar la gobernanza climática de manera robusta y cohesiva, formando así una red interinstitucional eficaz en la lucha contra el cambio climático y sus resonancias.

Relevo generacional

De acuerdo con Bernardo Aguilar, presidente del Parlamento Cívico Ambiental y quien fue invitado al panel, en este contexto, la relevancia del relevo generacional en las instituciones públicas adquiere un matiz importante en la misión de mejorar la situación del cambio climático y su intrincada relación con la salud pública. 

Para Aguilar, la premisa subyacente es clara: la transición hacia un futuro sostenible y resiliente demanda la participación activa y visionaria de nuevas mentes, arraigadas en una comprensión contemporánea de los desafíos que se enfrentan.

El escenario actual está moldeado por una compleja amalgama de factores climáticos, sociales y tecnológicos; aquí es donde entra en juego el relevo generacional en las instituciones públicas. La inserción de jóvenes líderes, con su energía renovadora y perspectivas frescas, nutre la toma de decisiones con un enfoque revitalizado y una apertura hacia enfoques innovadores. 

Para Aguilar, la relación entre el cambio climático y la salud pública requiere una comprensión holística y un pensamiento interconectado. De allí, la importancia del relevo generacional para enriquecer el diálogo intergeneracional. 

El relevo generacional inyecta la audacia y la visión de largo plazo necesarias para trascender las barreras y avanzar hacia una sociedad más resistente y preparada. Al promover la inclusión de jóvenes talentos en roles de liderazgo, se cataliza una sinergia única entre la experiencia acumulada y la innovación, generando un impulso inigualable hacia soluciones efectivas y sostenibles, acorde con lo expuesto por Aguilar.