El peso de la desinformación climática

¿Responsabilidad empresarial o green washing? A la hora de hablar de las acciones para luchar contra la crisis climática y las medidas que adoptan —o dicen adoptar— las compañías de gas y petróleo, ¿para qué lado se inclina la balanza? En un planeta recalentado que ya no resiste que la frontera de explotación de los combustibles fósiles se siga expandiendo, ¿qué camino están eligiendo seguir?

Según una investigación de Oil Change International (OCI) de mayo último, titulada Big Oil Reality Check, en la que se analizaron los compromisos y estrategias climáticas de las ocho mayores firmas integradas de gas y petróleo de Europa y los Estados Unidos —BP, Chevron, Eni, Equinor, ExxonMobil, Repsol, Shell y TotalEnergies—, el green washing sería la respuesta. Hoy, pese a sus estrategias de comunicación y objetivos climáticos manifestados, la industria no cuenta ni con lo mínimo de ambición para alinearse con el Acuerdo de París y evitar, así, que la temperatura media global escale por encima del 1,5°C para fin de siglo respecto de la era preindustrial.

Sumado a ello, y desoyendo las advertencias de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) y del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en inglés) de que, para mantener a raya al calentamiento global, no se pueden abrir nuevos yacimientos hidrocarburíferos a la explotación, las compañías del sector siguen explorando y presentando nuevos proyectos para invertir. Las ocho empresas analizadas por OCI, por sí solas, están involucradas en más de 200 nuevas iniciativas, cuyo desarrollo se espera que se apruebe antes de 2025. Estas inversiones, durante ese período, podrían generar unos 8,6 gigatoneladas de dióxido de carbono (GtCO2), lo que equivale a más de una cuarta parte de las emisiones totales del sector energético mundial en 2020 y a las emisiones de toda la vida de 77 nuevas centrales eléctricas a carbón, revela la investigación.

Pero, no sólo de inacción se trata, sino también de promover activamente la desinformación. Es allí donde pone el foco Big Oil’s Agenda on Climate Change 2022, publicado días atrás por Influence Map. El think tank analizó 3.421 piezas de comunicación pública de cinco grandes petroleras —BP, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies y Chevron—, y las comparó con sus previsiones de CAPEX (gastos de capital). 

La conclusión: un “desajuste sistemático” entre los modelos de negocio y las actividades de lobby de estas firmas, y sus estrategias de relaciones públicas. Mientras gastan cientos de millones en mensajes positivos con el fin de presentar una imagen pública de apoyo a la lucha contra la crisis climática, hacen lobby y presionan a los gobiernos para que el uso de combustibles fósiles no disminuya.

En este sentido, se lee en el reporte, aunque el 60% de los mensajes públicos de BP, Shell, Chevron, ExxonMobil y TotalEnergies contiene afirmaciones “verdes” y sólo el 23% promueve los hidrocarburos, estas sólo preven destinar una fracción relativamente pequeña de su CAPEX (12% en promedio) a inversiones “bajas en carbono”. 

“Las grandes empresas petroleras y gasísticas del mundo dedican grandes cantidades de tiempo y dinero a hablar de sus credenciales ‘verdes’, mientras que sus inversiones comerciales y sus actividades de cabildeo cuentan una historia muy diferente. Estas empresas hablan de reducir las emisiones y de hacer una transición en la matriz energética, pero, al mismo tiempo, siguen invirtiendo fuertemente en nuevas infraestructuras de combustibles fósiles. Si bien esta estrategia de relaciones públicas puede convencer a algunas personas, no cambia el hecho de que estas empresas no se ajustan a las vías científicas para alcanzar el objetivo de cero emisiones”, subraya Faye Holder, gerente de programa en Influence Map. 

“El momento de actuar sobre la desinformación climática es ahora”, suma la eurodiputada Gwendoline Delbos-Corfield. “El informe de Influence Map arroja luz sobre la asombrosa cantidad de desinformación que están difundiendo algunos de los mayores contaminadores del mundo. Este informe muestra la distancia a la que las compañías de gas y petróleo están dispuestas a ir para engañar a los ciudadanos y proteger sus propios intereses”, profundiza. “Proteger el medioambiente de sus acciones dañinas redunda en todos nuestros intereses. Necesitamos un cambio urgente: más transparencia, señalización y verificación de los hechos, y consecuencias reales para los reincidentes.”

A medida que las grandes petroleras sigan intentando mostrarse como líderes de la transición hacia economías bajas en carbono, pero actuando en contra de la misma, los investigadores esperan que los litigios contra el green washing relacionados con el clima aumenten.

Sídney dice no

Atentos a esta marea de desinformación, algunos gobiernos comienzan a tomar medidas para contenerla. Es el caso de la ciudad australiana de Sídney, cuyo Consejo votó a favor de prohibir la publicidad de combustibles fósiles en los espacios al aire libre, incluidos los refugios de buses y otros mobiliarios de la calle. Esto sucedió el 22 de agosto pasado, y su dimensión no debe ser minimizada, ya que Sídney cuenta con una de las redes de publicidad exterior más grandes del mundo, que llega a más de dos millones de personas a la semana.

La campaña que lo posibilitó fue coordinada por Comms Declare, un grupo de 300 profesionales del marketing, las relaciones públicas, la publicidad y los medios de comunicación, que vieron paralelismos entre la prohibición de Australia de la publicidad tabacalera y la publicidad actual de hidrocarburos.

“El marketing y las relaciones públicas se han utilizado durante décadas para ayudar a las empresas contaminantes”, dice la directora Ejecutiva de Comms Declare, Belinda Noble. “Queremos que eso se detenga.”

Con esta decisión, Sídney se convirtió en la segunda del mundo en decretar una prohibición de esta naturaleza, después de la holandesa Ámsterdam, que hizo lo propio para su red de transporte público. A este grupo se suma Francia, que adoptó una prohibición nacional a este tipo de anuncios, y al menos siete áreas del gobierno local en todo el Reino Unido. Leyes similares se están debatiendo en la Unión Europea, Alemania, Suecia y Canadá.