Pasteras en Uruguay: lo que queda tras el paso del “progreso”

Mientras la finlandesa UPM concluye su segunda planta procesadora de celulosa en Uruguay, las poblaciones cercanas atraviesan una transformación demográfica impulsada por los obreros que se van y los emprendimientos que llegan. Y que no está exenta de impactos ambientales.

Por Ramiro Barreiro

Los paredones de una enorme fábrica con aspecto de nave espacial se erigen en un vacío campo amarillo. Estamos en el centro de Uruguay, en plena zafra de soja, en la frontera entre los departamentos de Durazno y Tacuarembó, una zona logística de excelencia en un país circular, ubicada a un par de horas de las fronteras con Brasil y Argentina, y a poco menos de tres de la capital, Montevideo.

Aquí, el anuncio de la instalación de la planta de pasta celulosa (también conocida como pastera) UPM 2, en 2019, y la promesa de 10.000 puestos adicionales de trabajo generó gran expectativa y no pocas polémicas.

La primera de las pasteras instaladas fue inaugurada por la finlandesa Botnia en 2007 y transferida a UPM-Kymmene Corporation, de igual nacionalidad, dos años después. Se asienta sobre el binacional río Uruguay, cerca de la ciudad uruguaya Fray Bentos y la argentina, Gualeguaychú. Generó, desde su aprobación en 2005, un fuerte conflicto diplomático. La obra fue repudiada por los vecinos de Gualeguaychú, quienes se movilizaron en las rutas y hasta llegaron a cortar el puente internacional General San Martín, que conecta a estos países. 

Aquel conflicto, en parte, se resolvió por un fallo de la Corte Internacional de Justicia, que en abril de 2020 instruyó a los dos países a hacer un monitoreo permanente conjunto del río, por medio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo que, seis años después, constató que la planta ubicada en Fray Bentos sí contaminó el río.

Ahora bien, esta es sólo una de las cuestiones socioambientales a atender.  Y, con esta nueva pastera a meses de ser inaugurada, la pregunta es: ¿se aprendió de la experiencia o se repetirá la historia?

¿De qué se alimenta una pastera?

Millones de árboles exóticos, genéticamente idénticos, se vislumbran desde las rutas como un perfecto círculo verde rodeado de nada. Es que, para que exista una pastera, primero tiene que existir forestación. Y, en esta parte del mundo, eso se traduce en monocultivo de eucaliptos. 

Así, la producción de pasta celulosa comienza dos décadas antes del proceso industrial, con la plantación de esta especie originaria de Australia. La actividad se abrió paso por todo Uruguay impulsada tanto por capitales nacionales (la familia del presidente Luis Lacalle Pou es un ejemplo) como extranjeros (entre ellos, las firmas Arauco, Stora Enso y la propia UPM), que aprovechan el suelo charrúa, donde estos árboles toman entre 8 y 10 años en crecer, mientras que en Finlandia lo hacen entre 50 y 60 años.

En las últimas tres décadas, el negocio de la madera se convirtió en un pilar de la economía uruguaya, al punto de que el nuevo proyecto de UPM —obra proyectada en US$4000 millones, la mayor inversión privada en la historia del país— prevé aportar 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional cuando la planta esté en funcionamiento.

Sin embargo, el cultivo de eucaliptos también conlleva impactos negativos en el suelo y en el agua. Se trata de plantas de crecimiento rápido, que capturan muchísimos nutrientes, toman grandes volúmenes de agua desde las napas freáticas o acuíferos superficiales y alcanzan reservas de agua profundas a las que los pastos no tienen acceso.

“La forestación es, quizás, el daño ambiental a más largo plazo”, advierte el sociólogo Daniel Pena, quien —junto a la educadora popular, Soledad Recoba; la abogada especializada en Derecho Ambiental, Carolina Neme; la doctora en Ciencias Biológicas, Natalia Bajsa; y el ingeniero agrónomo forestal, Gastón Carro— reunieron diversos estudios que enumeran los impactos ambientales que el desarrollo de esta industria acarrea en aguas y suelos.

Entre ellos se incluyen la reducción en la calidad del agua y la disminución, en el orden del 20% al 50%, en la recarga de los acuíferos y de los causales de los arroyos. Esto último, por la acumulación de hojarasca, que lleva a que crezca una gran cantidad de hifas de hongos, las cuales generan un fenómeno de hidrofobicidad, repeliendo el agua e impermeabilizando gradualmente el suelo.

Paralelamente, el crecimiento de la biomasa radicular y otros fenómenos —como la pérdida de materia orgánica así como la destrucción de micro y macroagregados del suelo— conducen a una compactación y pérdida de poros, vital para el ingreso de agua al sistema.

Los suelos se acidifican (es decir, su pH disminuye, lo que genera problemas de desarrollo en el crecimiento de plantas y otros organismos microbiológicos) por la pérdida gradual de calcio, magnesio y sodio. La pérdida de materia orgánica lleva a que se compacten, disminuyendo su calidad y haciéndolos más erosionables.

Las plantaciones forestales tienen, a su vez, una mayor capacidad evaporativa que las praderas, lo que aumenta la tasa de evapotranspiración tanto en épocas secas como en húmedas. Esto genera un limitante a mediano plazo para las actividades agropecuarias (agricultura y ganadería), aun en predios vecinos a la actividad, ya que las napas —claro está— no conocen las delimitaciones de los alambrados.

Con la desecación del suelo durante el verano, los niveles de evaporación pueden hacer que el agua subterránea ascienda y deposite sales en o cerca de la superficie, lo que se conoce como salinización. Estas sales son tóxicas para las plantas y difíciles de eliminar del sistema, y pueden afectar cursos de agua superficiales o pozos para consumo humano y/o animal.

Además, la expansión de las plantaciones puede significar la agudización de las condiciones de déficit hídrico durante los eventos de sequía.

Agroquímicos, y después

Sumado a ello, en 2019, informes ambientales develaron que, en sus viveros, UPM hace uso de agrotóxicos como el hormiguicida fipronil, los herbicidas glifosato, flumioxazin e isoxaflutole así como los fertilizantes multicote y sulfato de amonio. 

En junio pasado, el Ministerio de Ganadería uruguayo tomó muestras del arroyo Santana, en Paysandú, donde UPM tiene viveros, y constató la presencia de agroquímicos, así como de hierro y arsénico. Esto motivó una advertencia de la cartera ambiental nacional sobre posibles sanciones. Sin embargo, esos daños —junto a otros— ya llegaron a la mismísima rambla de Montevideo y a numerosos ríos internos, con la floración de cianobacterias en las aguas. Todo esto ocurre cuando todavía falta cerca de un año para que la segunda planta de la firma finlandesa inicie sus operaciones.

Una vez forestada, la madera de eucalipto es llevada a la planta, donde se corta en trozos pequeños que se almacenan en grandes pilas de acopio para luego tamizarlos y seleccionar los de mejores dimensiones para la cocción de la madera, que separa la lignina de la celulosa. Esta última continúa por línea de fibra, donde es lavada y blanqueada. La pulpa luego se seca, se corta en láminas y se embala para facilitar el manejo, almacenamiento y transporte.

Servilletas, pañuelos, toallas y papel higiénico, toallitas para bebés, pañales y productos de higiene personal, filtros para café y té, envoltorios de alimentos frescos, bolsas y vasos de papel, embalaje de cartón para sólidos y líquidos, etiquetas y pegatinas, diarios, revistas y libros, impresiones, recibos, sobres y notas post-it, agentes aglutinantes en productos alimenticios y farmacéuticos, telas y ropa… Son muchos los productos que necesitan de la existencia de plantas de celulosa y pareciera casi imposible esquivarlos.

Un derrame que no llegó a todos lados

Centenario es el pueblo más cercano a la planta. Su población original, de unas 1500 personas, escaló a unas 2500, todos trabajadores golondrina que están por abandonar el lugar.

“Es una zafrita de un año o año y medio, pero también pasa que son los menos en ese abanico de posibilidades. El beneficio no fue ni para la mitad ni para la cuarta parte del pueblo”, analiza Eduardo Bovio, secretario de la Junta de Centenario.

El arribo de los obreros elevó el costo de las propiedades. Una casa tipo de dos o tres dormitorios, que en el pueblo solía alquilarse por unos 15.000 o 20.000 pesos uruguayos (US$400-500), llegó a costar US$2000 o US$2500. Casas más comunes, cuyos alquileres oscilaban entre los 8000 y los 10.000 pesos (US$200-250), escalaron a US$1000. Y otro tanto sucedió en Durazno y Paso de los Toros.

Pero, para Bovio, no fue lo que se esperaba. En el pueblo —cuenta—, se abrió un solo almacén y “las ventas de los comercios no aumentaron más de un 20%”. A diferencia de lo ocurrido en Fray Bentos, considera, UPM esta vez llegó más preparada y gastó menos.

“Las empresas vinieron más empobrecidas, los salarios son menores. En Fray Bentos, faltaron casas y restaurantes. Aquí, sobró todo. Vinieron empresas con menos recursos que buscaron cómo alquilar y bien, trataron de redistribuir los recursos económicos. La situación fue más organizada y no hubo desabastecimiento. Hubo normalidad y se mantuvo, y, por tanto, ahora va a empezar a bajar. Las empresas están desafectando funcionarios, vuelven las casas a estar libres y el que consumía antes, ya no está”, describe Bovio.

Y agrega: “Hasta la empresa que abastece la comida para la planta viene de Montevideo. También las cerámicas, los colchones, las camas, las heladeras y hasta las casas —módulos plásticos con sólo dos aberturas, puerta y ventana— vienen de la capital”.

El incremento de los alquileres también colaboró con la formación de asentamientos en Paso de los Toros, cuenta el concejal por el Partido Colorado y empresario hotelero Rolando Sánchez. “Son personas de Paso de los Toros que no pudieron seguir alquilando por el aumento de los precios. Antes, alquilaban por 15.000 pesos, y hoy salen entre 50.000 y 60.000”, detalla.  

Una situación similar se vive en Durazno, pero con gente que ha llegado de otro departamento, no ha tenido posibilidades de trabajo y permanece ahí.

La otra cara

Las ciudades, en contraposición, se han beneficiado con muchas cosas. En Paso de los Toros, se mejoró la planta de tratamiento de efluentes y el saneamiento, y se hizo un vertedero nuevo que reemplazó a un basurero desorganizado. En Durazno se repararon los caminos, que conectan con la Ruta Nacional 5, donde también hay obras de ampliación; mejoró tanto la educación como la atención comercial; se inauguró un shopping (centro comercial), hay nueva hotelería y una oferta deportiva enriquecida, al punto que aparecieron o se nutrieron actividades como polo, hockey, cricket y rugby por influencia de la gente que llegó.

Fabiana Lemme, asistente dental de 50 años nacida y criada en Durazno, aprovechó el arribo masivo para alquilar su casa, mudándose a un apartamento. Lo hizo a una empresa lituana que trabaja para UPM y, con la operación, logró un ahorro de poco más de US$2000 mensuales. “Todavía no sé si me sirvió, porque no sé cómo me van a entregar la vivienda cuando se vayan. Pero, fue una oportunidad para un ahorro chiquito, en un momento donde tuve que enfrentar un cáncer”, dice.

La empresa le hizo algunas exigencias antes de firmar. Le pidió siete camas individuales con su correspondiente ropa blanca y dos heladeras, entre otros electrodomésticos. Hoy, viven allí ciudadanos turcos, pero la ocupación es rotativa.

Durazno es una típica ciudad con ritmo de pueblo de las que abundan en el interior uruguayo. De plazas con abuelos alimentando a las palomas, periódico local con fotos sociales en su pliego central y perros durmiendo la siesta en la calle. 

Pero, la vida ahí ha cambiado, sobre todo durante la semana. Comercios que antes no tenían mesas ocupadas, hoy se llenan. Y surgieron muchos emprendimientos, en especial gastronómicos, que aprovechan la demanda creciente.

La comunicación entre ambos tipos de residentes se realiza, celular mediante, usando aplicaciones de traducción simultánea, y hasta se han formado algunas parejas ocasionales. “Capaz que queda algún niño olvidado por acá”, bromea Fabiana.

Los fines de semana, en cambio, muchos de esos trabajadores hacen miniturismo por Uruguay. Montevideo, Punta del Este y Colonia son los destinos que suelen visitar. Y la ciudad vuelve a su ritmo habitual.

No obstante, con la obra civil casi terminada, muchas de las casas en Centenario y Carlos Reyles, que UPM levantó en terrenos privados o fiscales alquilados para que vivan los obreros, están comenzando a vaciarse, al tiempo que las ciudades comienzan a repoblarse de un modo más permanente.

En este contexto, el 20 de mayo pasado, el Ministerio de Vivienda de Durazno y la compañía firmaron la cesión de 500 de los módulos utilizados durante la construcción de la planta una vez que finalice la obra. La ministra Irene Moreira afirmó que serán casas de uno o dos dormitorios que cumplirán con los estándares de calidad, y se entregarán a ciudadanos de Durazno y Tacuarembó (Paso de los Toros)  en el primer trimestre de 2023. 

La precuela

En el informe “Impactos sociales y culturales de las plantas de celulosa en Fray Bentos y Conchillas”, Pena y Recoba identifican muchos puntos en común entre la primera experiencia de UPM en Fray Bentos y la actual en Durazno. La más significativa es que en ambas hay dos momentos muy marcados: primero, la obra civil, que lleva más tiempo y emplea mayor cantidad de gente; luego, el tiempo de producción, con menos empleados y más calificados.

La empresa dice haber tomado nota de eso. “Se intentó tomar la mayor cantidad de aprendizajes para minimizar los impactos y acelerar todos los procesos positivos”, afirma Matías Martínez, gerente de Comunicaciones de UPM. Y cuenta que la empresa y la fundación que lleva el mismo nombre dispusieron siete equipos que trabajaron con el Gobierno nacional, las gobernaciones locales y ONGs —como El Paso— para consensuar acuerdos que hicieran más amigable la instalación de la segunda planta y se evitaran los errores de la primera experiencia, como aumento de la conflictividad social, denuncias de explotación sexual, hacinamiento habitacional y colapso de los servicios públicos, entre otros.

“Nosotros queremos generar comunidades fuertes, porque necesitamos que la gente se quede a vivir acá”, apunta.

Tallar nuevas maderas

Carmelo Vidalin transita su cuarto mandato como intendente de Durazno. Es, además, un vecino reconocido al punto de ser interpelado por las ventanas que dan a la sala de reuniones del edificio comunal.  

“No quiero que me pase lo de Fray Bentos”, enfatiza. “Tengo un compromiso con el Gobierno nacional y con UPM de que, en la medida en que van terminando las obras, los obreros que no son del departamento deben volver a sus lugares de origen”, agrega, antes de mostrar la carpeta de un proyecto de polo logístico que va a presentar pocos días después. 

“Tenemos una comisión que trabaja por el Durazno de los próximos 30 años”, sostiene. “La expectativa es grande, pero el cambio que se da en la sociedad, en todos los aspectos en los últimos años, es tan rápido que el desvelo principal que tiene este intendente es la de preparar gente en las diferentes áreas, para que la inteligencia artificial no sustituya al hombre y a la mujer.”

La advertencia la vio con sus propios ojos en la planta de Rinde, empresa que produce alimentos balanceados para vacunos, que sustituyó a 30 personas por un robot. “En la medida que nosotros no nos preparemos y pensemos que solamente con voluntarismo, con garra charrúa podemos, marchamos; hay que estudiar y prepararse en todas las áreas.”

En este camino, la intendencia trabaja con Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y otras instituciones con el objetivo de elevar la calidad educativa de los trabajadores locales y así poder cubrir la nueva oferta laboral que se avecina.

“Que haya una escuela en construcción, no sólo para saber manejar una cuchara o una plomada, sino para conocer todas las tecnologías constructivas y todas las formas de seguridad. Que no tengan que venir de Croacia o de Rusia soldadores especializados para trabajar en UPM y que nosotros tengamos la chance de enviar uruguayos a otros países”, se ilusiona Sánchez. 

Mientras ese futuro potencial se construye, lo que viene —en cuestión de meses— es la pastera en funcionamiento: el tiempo de saber qué es lo que realmente queda de aquel progreso prometido y ver si este incluye —esta vez— criterios de sostenibilidad que, además de los económicos, velen por lo social y lo ambiental.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que Ojo al Clima forma parte.