• El contar con una matriz eléctrica basada en energías renovables y una acelerada transición hacia el transporte eléctrico, están posibilitando reducir la vulnerabilidad del país ante los altos precios del petróleo causados por los conflictos internacionales.

Aunque posee una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, Costa Rica aún arrastra una vulnerabilidad crítica: el 57% de su energía primaria depende de la importación de hidrocarburos. Esta factura petrolera drena anualmente el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), un capital que se destina a sostener un parque automotor aún atado a los combustibles fósiles.

Esta dependencia expone a la economía a los vaivenes de un mercado global volátil. Crisis recientes —como la amenaza de cierre del Estrecho de Ormuz debido al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán— disparan los precios del crudo y golpean directamente el bolsillo de las personas.

Por el Estrecho de Ormuz transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado (GNL) del mundo. La región del Golfo Pérsico, en su conjunto, representa el 29 % de la producción mundial de petróleo y el 17% de la de gas. También es una ruta fundamental para el comercio de fertilizantes, aluminio, azufre y amoníaco. No existe ningún otro “cuello de botella” en el sistema mundial de materias primas por el que pase tanto a través de un espacio tan reducido.

Ante este escenario, el transporte eléctrico ha dejado de ser una meta puramente ambiental para convertirse en una estrategia de supervivencia económica, según destaca un reciente informe de EMBER. En este contexto, la Agencia Internacional de Energía (AIE) coincide en que los vehículos eléctricos actúan como un “escudo” contra los choques petroleros porque permiten que la movilidad de un país dependa de su propia matriz eléctrica en lugar de quedar encadenada a las fluctuaciones de rutas críticas en conflicto.

Para Silvia Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE), este cambio de paradigma es la clave de la soberanía moderna. “La energía del presente ya no viene en barriles, se genera aquí, en nuestros países, y potenciará nuestro desarrollo”, afirmó Rojas, quien añadió que “electrificar el transporte es el camino hacia la independencia energética”.

En este sentido, Costa Rica adelantó la tarea cuando, en el 2018, aprobó Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico (N° 9518). Desde entonces, la penetración de vehículos eléctricos ha crecido hasta alcanzar el 17% de las ventas en 2025, superando a países como Estados Unidos (9,7%), Brasil (8,7%) y Japón (3,1%).

No solo en Costa Rica se están viendo los beneficios de la electrificación. Desde México, donde la penetración de vehículos eléctricos es de 6%, Eugenio Grandio, de la Asociación Mexicana de Electromovilidad (EMA), mencionó que mientras la gasolina ha sufrido incrementos cercanos al 20% recientemente por tensiones geopolíticas, las tarifas eléctricas son mucho más estables.

“El impacto de las subidas en combustibles puede ser hasta cinco veces mayor para usuarios de vehículos de combustión interna en comparación con los de vehículos eléctricos”, dijo Grandio.

Los usuarios de vehículos eléctricos pueden reducir hasta cerca de un 70% en costos frente a la gasolina. Por eso, muchas personas están migrando no solo por el impacto ambiental, sino también por el beneficio económico”, agregó.

La Ley de Incentivos al Transporte Eléctrico entró en vigencia en febrero del 2018, mismo año en que la importación de eléctricos creció significativamente.

Riesgo sistémico

Lo que está ocurriendo en el Estrecho de Ormuz expuso una realidad mundial: el 75% de la población vive en países importadores netos de combustibles fósiles. En 2024, estos países gastaron 1,7 billones de dólares en importaciones; un capital que, según el informe de EMBER, simplemente “se quema”, a diferencia de la inversión en activos locales como turbinas eólicas, paneles solares o vehículos eléctricos.

Vivir en un país importador neto significa que la seguridad energética no depende de las políticas internas, sino de la estabilidad de terceros. Por esta razón, toda Centroamérica —Costa Rica incluida— está sujeta a lo que EMBER denomina como “la fragilidad de los fósiles”, esto significa que, si ocurre un conflicto internacional, las economías locales sufren de inmediato.

Al respecto, Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), señaló: “La seguridad energética del siglo XXI no se construye profundizando la dependencia de combustibles importados y expuestos a shocks geopolíticos, sino acelerando la electrificación de la demanda con energías renovables y almacenamiento”.

EMBER destacó que dicha “fragilidad” también es fiscal:

“La dependencia de combustibles importados crea riesgos de seguridad nacional y económica que están fuera del control de cualquier gobierno individual. En contraste, la tecnología eléctrica ofrece un camino hacia la resiliencia, transformando un gasto recurrente y volátil en una inversión en infraestructura nacional propia”.

Pero, esta estabilidad solo es posible si la electrificación está basada en energías renovables. Si la generación de electricidad depende de combustibles fósiles, el golpe económico es mayor.

Dos carreras hacia la independencia

Por ello, y según la directora de ACERA, la transición requiere avanzar en dos frentes simultáneos. El primero es el sistema eléctrico, que debe adaptarse para ser seguro y flexible. El segundo es la electrificación profunda de la demanda: transporte, industria y logística.

“La transición no consiste solo en cambiar cómo generamos electricidad, sino también en multiplicar para qué la usamos. Mientras más electrificación logremos, más valor capturamos de una matriz limpia, doméstica y menos expuesta a la volatilidad internacional”, explicó Rojas.

Esta visión es respaldada por los datos de EMBER: la tecnología eléctrica ya evitó el consumo de 1,7 millones de barriles de petróleo por día a nivel mundial en 2025. Al respecto, la directora de ASOMOVE enfatizó que esta es la gran oportunidad de América Latina para liderar una nueva economía basada en electricidad producida en nuestros propios países.

En su informe, la AIE refuerza este punto al señalar que, ante crisis de desabastecimiento, los gobiernos deben acelerar no solo la adopción de vehículos particulares, sino también la electrificación de flotas públicas y la micromovilidad (bicicletas y motos eléctricas) para reducir drásticamente el gasto en combustible.

Eficiencia: el motor de la nueva soberanía

Según EMBER, la transición energética en los sistemas eléctricos y el transporte permite reducir la factura de importación de combustibles fósiles hasta en un 70%. Este ahorro responde a la posibilidad de generar electricidad en los territorios con recursos propios (agua, viento y sol) y a la alta eficiencia: mientras la energía fósil se desperdicia mayoritariamente en calor y fricción, los motores eléctricos aprovechan casi la totalidad de la energía que reciben.

Sobre este punto, la AIE resalta que esta eficiencia superior es la que permite que un país requiera mucha menos “energía primaria” para cumplir la misma función de transporte.

Además, a diferencia del petróleo, que es un gasto operativo infinito, la infraestructura renovable genera energía por décadas. Esa estabilidad elimina los “riesgos de suministro externo” porque la fuente de energía está dentro de las fronteras.

De hecho, la AIE observa que, mientras los precios en las gasolineras pueden subir un 20% en semanas por tensiones geopolíticas, las tarifas eléctricas reguladas internamente brindan una estabilidad de costos que protege el poder adquisitivo de las familias.

“La transición energética transforma la seguridad de una cuestión de diplomacia y rutas navales a una cuestión de manufactura e instalación doméstica. Al electrificar el transporte, los países importadores no solo cambian de combustible, sino que cambian de paradigma: pasan de ser clientes vulnerables del mercado global a ser productores soberanos de su propia movilidad”, destaca EMBER.

En el caso de Costa Rica, el desafío yace en mantener ese 17% al alza para así reducir ese 57% de dependencia externa. En otras palabras, la mejor forma de proteger la economía costarricense de las guerras por el petróleo es dejar de necesitarlo.

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