Un impuesto del 0,6% a seguros salvaría del “apagón” a las redes de monitoreo sísmico y meteorológico

Un impuesto del 0,6% sobre las primas de los seguros suministrará el financiamiento necesario para mantener en funcionamiento las redes de monitoreo geodinámico y meteorológico del país. Esa es la propuesta del proyecto de ley N.° 24.738, presentado por la diputada Rosaura Méndez Gamboa, que actualmente está en comisión legislativa.

El proyecto busca establecer un financiamiento permanente para equipar y mantener las redes de monitoreo a cargo del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), la Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS).

Esteban Chaves, director del Ovsicori, comentó que la iniciativa surgió ante la necesidad de garantizar la continuidad de los sistemas de vigilancia técnica y científica, fundamentales para la gestión del riesgo de desastres en un país altamente expuesto a sismos, erupciones volcánicas y eventos hidrometeorológicos extremos.

Werner Stolz, director del IMN, consideró que este proyecto de ley es “neurálgico” y fundamental para evitar que la red de monitoreo nacional “muera” por falta de mantenimiento. Según Stolz, esta iniciativa no es solo para recolectar datos científicos, sino que tiene aplicaciones que impactan directamente la seguridad ciudadana y la economía nacional.

Impuesto a seguros

Lo que el proyecto de ley propone es la reforma del artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (N.° 8488). Con ello, se establecería un financiamiento permanente para las redes de monitoreo.

En este sentido, la propuesta es crear un impuesto del 0,60% sobre las primas de seguros (vida, salud, incendios y líneas afines) que se vendan en el país. Se calcula que este gravamen recaudaría aproximadamente ₡2.000 millones anuales.

El sector asegurador fue elegido como fuente de financiamiento por varias razones. La primera es porque es el mayor beneficiario de la información científica. Las aseguradoras se benefician significativamente de la labor de las instituciones de monitoreo. La información técnica y científica precisa sobre amenazas naturales permite a estas empresas realizar una mejor evaluación de riesgos, lo que se traduce en políticas de seguros más ajustadas y una menor exposición a pérdidas por eventos no previstos.

La segunda razón se ancla en el principio de solidaridad. Dado que Costa Rica es un país altamente expuesto a múltiples amenazas naturales, el proyecto plantea que todos los sectores de la sociedad deben contribuir a la gestión del riesgo. Se considera que la industria aseguradora, por su rol social y económico, se encuentra en una posición privilegiada para aportar a este esfuerzo colectivo de seguridad nacional.

El proyecto también argumenta que el impuesto se visualiza como una inversión en seguridad que genera ahorros sustanciales. Existe una relación costo-beneficio muy favorable: por cada dólar invertido en prevención y preparación, se logran ahorros de entre 4 y 6 dólares en costos de respuesta y recuperación tras un desastre.

El Ministerio de Hacienda será el encargado de recaudar estos fondos anualmente y deberá transferirlos a las instituciones técnicas durante el primer trimestre de cada año. Los fondos se distribuirán de la siguiente manera: 35% para el Ovsicori, 25% para la RSN, 25% para el IMN y 15% para el LIS.

El dinero recaudado deberá utilizarse exclusivamente para la compra de equipo técnico, instrumentación científica, mantenimiento y modernización de las redes. Según Chaves, estos fondos no se usarán para pagar salarios, ni viajes ni gastos administrativos, ya que la contrapartida salarial del personal científico y técnico seguirá siendo cubierta por las instituciones públicas.

Situación crítica

Anteriormente, las instituciones de monitoreo dependían de recursos del Fondo Nacional de Emergencias, el cual era alimentado por los superávits de otras instituciones públicas. Sin embargo, este mecanismo dejó de ser viable con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público, las cuales eliminaron dichos superávits.

De esta manera, las instituciones de monitoreo se quedaron sin financiamiento estable desde el año 2023. Desde entonces, las redes del Ovsicori, la RSN, el IMN y el LIS han logrado mantenerse operativas mediante el uso de ahorros y remanentes de fondos anteriores, junto con el apoyo continuo de las universidades públicas (Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional).

De hecho, las instituciones están utilizando dinero de depósitos previos realizados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que no se habían ejecutado totalmente. Chaves mencionó que, debido a que los depósitos de la CNE a menudo llegaban de forma desfasada o incompleta, se generó un remanente que las instituciones han tenido que “estirar” para cubrir necesidades urgentes.

Según Stolz, el IMN ha implementado un manejo extremadamente austero de los recursos. Este dinero se reserva prioritariamente para la reposición de instrumentos críticos (como sensores, paneles solares y baterías) que tienen una vida útil corta en clima tropical (entre 5 y 7 años).

A pesar de estos esfuerzos, las instituciones han advertido en la Asamblea Legislativa que estos ahorros son limitados. Se estima que, manteniendo el ritmo actual de gasto y reemplazo de equipo, los fondos restantes durarán un máximo de tres años.

El IMN, por ejemplo, opera una red de 244 estaciones meteorológicas, distribuidas en 181 estaciones automáticas (transmisión en tiempo real) y 63 estaciones mecánicas. Asimismo, dispone de dos radares meteorológicos y una estación receptora de imágenes satelitales, esenciales para el seguimiento de eventos climáticos extremos como son los huracanes.

El Ovsicori, por su parte, cuenta con una red sismológica de más de 200 estaciones que transmiten datos en tiempo real. Esta infraestructura permite generar catálogos mensuales con más de 1.000 sismos registrados en el territorio nacional. También posee 100 estaciones sísmicas portátiles (nodos sísmicos) para atender emergencias por réplicas, enjambres sísmicos o erupciones. Utiliza estaciones GNSS (siglas del Global Navigation Satellite System), geoquímicas, cámaras web e infrasonido para vigilar las cordilleras volcánicas Central y Guanacaste.

La RSN cuenta actualmente con 180 estaciones operativas, mientras que la red del LIS dispone de más de 140 estaciones de campo libre. Adicionalmente, cuenta con 3 sensores de pozo y más de 15 edificios instrumentados, entre los cuales se incluye el edificio central de la Asamblea Legislativa.

Justamente lo que pretende el proyecto de ley es que el servicio de monitoreo que realiza el IMN, Ovsicori, la RSN y el LIS no sufra interrupciones por falta de presupuesto, lo cual pondría en riesgo la seguridad nacional y la prevención de desastres.

De vital importancia

Para el país, tener redes de monitoreo representa —en palabras de Chaves— “la principal línea de defensa” ante desastres y un pilar fundamental para la seguridad nacional, el desarrollo económico y la autonomía científica.

Gracias a las estaciones sismológicas y meteorológicas, se pueden dar avisos antes de que lleguen las ondas sísmicas más destructivas o un huracán toque tierra, lo que puede salvar vidas y permitir la detención de procesos críticos (como cirugías o el despegue de un avión).

El monitoreo del IMN, por ejemplo, permite emitir avisos precisos ante frentes fríos, tormentas y huracanes, salvando vidas al permitir la preparación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Aparte de sismos, Ovsicori es capaz de anticipar grandes deslizamientos con hasta 11 días de anticipación.

Sin la información derivada de este monitoreo, el desarrollo económico del país se vería comprometido. Sin los datos certificados del IMN bajo la norma ISO 9001:2015, los dos aeropuertos internacionales —Juan Santamaría y Daniel Oduber— no podrían operar, lo que paralizaría el turismo y el comercio exterior.

Sin esta certificación que avala la calidad y precisión de los datos, los aeropuertos no podrían funcionar porque se estaría dejando de cumplir con los estándares exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Los servicios meteorológicos aeronáuticos que brinda el IMN son un requisito obligatorio para que los aeropuertos internacionales puedan operar legalmente. En este sentido, es obligatorio que los sensores de las estaciones en los aeropuertos se actualicen y calibren constantemente.

La mejora en la precisión de los pronósticos meteorológicos ayuda a otros sectores que mueven la economía. La red de estaciones del IMN permite llevar el “pulso” del recurso hídrico, fundamental para la generación hidroeléctrica y para prever el impacto de fenómenos como El Niño, protegiendo así a la agricultura y evitando apagones.

Es más, los registros históricos del IMN (algunos con más de un siglo de datos) son el único insumo científico válido para generar escenarios de cambio climático y planificar la infraestructura futura del país. “Para poder darnos cuenta del cambio climático necesitamos tener registro de variables meteorológicas sostenidas en el tiempo”, dijo Stolz.

El IMN, Ovsicori, RSN y LIS no solo generan datos por interés científico, estos son la base de la prevención y la gestión de riesgo en el país. Las redes de monitoreo, y los científicos detrás de ellas, permiten que la sociedad costarricense sea más resiliente y menos vulnerable ante las amenazas meteorológicas, sísmicas y volcánicas.

Autonomía científica

Contar con redes propias permite a Costa Rica ser independiente en la generación de información técnica y científica. Sin estas redes, el país dependería de las políticas de otras naciones para obtener datos básicos sobre su propio territorio, lo que podría generar “huecos de información” o una pérdida total de la misma si una agencia externa decide cambiar sus prioridades.

El riesgo de dependencia es grande. Actualmente, el sistema mundial de observación enfrenta tensiones debido a recortes presupuestarios en Estados Unidos que afectan a agencias como la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés). Estos recortes podrían suprimir capacidades de observación satelital y de boyas oceánicas (cruciales para anticipar El Niño) que no tienen equivalente en otras agencias espaciales.

Al financiar sus propias redes, Costa Rica asegura su “soporte vital” de información. De hecho, Stolz mencionó que tener una red de 200 estaciones in situ asegura que el país no quede “a oscuras” ante eventos extremos, cada vez más frecuentes e intensos debido al calentamiento global.

Costa Rica no es solo un receptor de datos, sino también es un proveedor clave. Agencias internacionales como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) utilizan las estaciones costarricenses para sus reportes, dijo Chaves. Sin ellas, su capacidad operativa en la región se reduciría significativamente.

Es más, Costa Rica lidera los estudios de sismología y vulcanología en Centroamérica. Países como Panamá y Nicaragua dependen de los reportes y alertas de Costa Rica cuando ocurren eventos fuertes en las zonas fronterizas, ya que no poseen sistemas de alerta temprana similares.

Ahora bien, la autonomía científica también reside en la capacidad de mantener registros históricos de larga data que son imposibles de replicar por agencias externas. Estos datos son el insumo principal para generar escenarios locales de cambio climático, específicos para distritos y cuencas hidrológicas. También son útiles para sustentar la política pública nacional en áreas como infraestructura, salud y diseño de escuelas.

Los datos permiten realizar investigaciones de vanguardia, como el uso de redes sismológicas para predecir grandes deslizamientos, un campo donde el país es pionero a nivel mundial.

El financiamiento que busca el proyecto de ley N.° 24.738 es esencial para que Costa Rica mantenga su soberanía sobre los datos y así no pierda la capacidad de entender y anticipar eventos meteorológicos, climáticos, sísmicos y vulcanológicos que afectan directamente su territorio.