19 años de Camisea y el fracaso de la masificación del gas en Perú

Desde que se inició el proyecto Camisea en 2004, Perú no ha logrado masificar el gas natural en todo el territorio. A la fecha, solo un millón y medio de hogares cuentan con cobertura y el 90% de beneficiarios están en Lima y Callao. Pese a que la distribución en todo el país sigue siendo una de las principales promesas de cada Gobierno de turno, no existen programas específicos para llevarlo a cabo. Y, a nivel mundial, centrarse en este combustible fósil resulta problemático, pues dificulta los avances para alcanzar la transición energética a las renovables.

Xilena Pinedo

En la selva de Cusco y cerca del río Urubamba se ubica el yacimiento que abastece de gas natural a toda la ciudad de Lima y Callao: el lote 88. Este se encuentra exactamente en la cuenca del Bajo Urubamba, en la provincia cusqueña de La Convención. Al igual que otras regiones altoandinas, en Cusco, sus habitantes no tienen una conexión a gas por gasoducto.

"Hoy junto al pueblo iniciamos la masificación del gas para todos los peruanos", anunció el expresidente Castillo a los 100 días de haber iniciado su Gobierno. Por su parte, la actual presidenta Dina Boluarte prometió, en abril pasado, la construcción de 1.000 kilómetros de redes de gas natural para 11 regiones del país. Sin embargo, sus siete meses de gobierno se han centrado en mantenerse en el poder ante la constante exigencia de la población del adelanto de elecciones. 

A casi 20 años desde la concesión del Proyecto Camisea en el Perú, la masificación del gas natural es una realidad todavía lejana para muchas familias peruanas. Incluso, de cumplirse esa promesa en un futuro cercano estaría distante de la transición energética que Perú y el mundo requiere para mitigar los efectos de la crisis climática. Esto ya que el gas natural es un combustible fósil, al igual que el petróleo y el carbón.

Aunque el gas natural produce un menor impacto ambiental, en comparación con sus pares, su uso genera controversia en el mundo ya que sigue acelerando la crisis climática. Por lo mismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que, entre 2020 y 2030, los países deben disminuir la producción de gas en 3% cada año para contribuir a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C. Las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) peruanas proponen, además, reducir en 20% la emisión de gases de efecto invernadero al 2030. 

Esto establece un rango de solo siete años en los que Perú debería adoptar medidas climáticas como la transición a energías más limpias. Un periodo de tiempo mucho más corto que los 19 años que han transcurrido para masificar el gas en el país.

Una revisión del contrato inicial de Camisea demuestra que la masificación del gas en todo el territorio nacional no fue una de las prioridades del proyecto. En paralelo, el Plan Energético Nacional vigente demuestra que, pese a los compromisos climáticos asumidos por Perú, las políticas que rigen la matriz energética en el territorio no han sido actualizadas: el documento data del 2014. Es decir, antes del acuerdo climático de París y antes de que esta nación sudamericana actualizara sus NDC en 2020.

La promesa fallida de masificación del gas

Pese a que, desde hace 19 años, Camisea se mostró como una posibilidad de llevar gas a los hogares de todo Perú, lo cierto es que la masificación a nivel nacional nunca estuvo dentro de los planes del proyecto gasífero. El contrato de concesión firmado en el 2000 establece que el gas de Camisea sería distribuido al terminal de importación (conocido como city gate) ubicado en Lurín, en la capital Lima.

“En lo referido al Proyecto Camisea, la etapa de distribución del gas natural correspondiente a la concesión otorgada para Lima y Callao, el operador recibe el gas en el City Gate de Lurín para luego distribuirlo a través de una red de ductos troncales de alta presión que atraviesa la ciudad de Lima y llega hasta una estación terminal en Ventanilla”, resume el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al respecto, la investigadora Marusia Ruiz Caro resalta que en el país nunca hubo una política de Estado para darle calidad de vida a la región altoandina con energéticos menos contaminantes, como el gas. 

“Ese es un punto de partida importante. Todo se dejó a ver si el mercado era rentable. Cuando no hay condiciones de rentabilidad, las licitaciones se caen. No es que no se haya cumplido lo que se ofreció, es que en realidad no se ofreció [la masificación a nivel nacional]. No hay una política para cerrar la brecha energética”, remarcó la especialista y autora del libro Gas de Camisea: el futuro traicionado.

En efecto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) afirma, en el documento “Reflexiones a los 10 años de Camisea”, de 2014, que la masificación no es rentable para el mercado del gas en el país. “En amplios sectores de la población, la demanda no es suficiente para hacer sostenible el desarrollo de infraestructura”. 

La exportación, una prioridad

A este problema, se suma el hecho de que la priorización de la distribución de gas en el interior del país fue desplazada por la exportación del mismo. Inicialmente, el contrato concedió el derecho a explotar por 40 años y destinar la producción al mercado interno. No obstante, en los siguientes seis primeros años de funcionamiento los acuerdos fueron cambiando para priorizar la exportación. 

Una publicación del grupo Propuesta Ciudadana —consorcio de organizaciones que investigan y analizan la distribución democrática en el país— destaca que desde 2003 se empezaron a hacer cambios en torno al contrato para limitar el periodo de abastecimiento al mercado interno. 

Explica que primero, se redujo el compromiso de abastecimiento de 40 a 20 años y luego, se cambió por “un periodo mínimo definido en el contrato”. En 2005, se eliminó dicha frase. Y, finalmente, en 2006, el expresidente Alejandro Toledo renegoció el contrato para permitir la exportación de las reservas del lote 88, inicialmente destinado solo al mercado interno. 

El gas no es para todos

El panorama del gas en Perú contrasta con lo ocurrido en países vecinos como Colombia. En dicha nación, se creó el Programa para la masificación del consumo de gas en 1991, el cual tuvo como parte de sus objetivos garantizar una distribución descentralizada. Esto contribuyó a que la cobertura en las cuatro regiones de ese país supere el 75% para el 2015. Hasta fines de 2022, más de siete millones setecientos usuarios estaban conectados al servicio de gas por red.

Esa cifra es superior al 1.814.685 de hogares que cuentan con esta cobertura en el Perú, de acuerdo con la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem. A ello se suma el hecho de que el  90% de los beneficiarios se ubican en Lima y Callao.

“La masificación del gas natural tiene un rostro básicamente limeño lo que faltó es llegar a las ciudades del interior del país”, destaca Pedro Gamio, exviceministro de energía de Perú durante el segundo Gobierno del expresidente Alan García.

Esto resulta irónico si se tiene en cuenta que el gas proviene de la selva de Cusco, donde hay familias que no están accediendo a este recurso. Una situación similar se registra en Ayacucho, una región altoandina que cuenta con un city gate cercano a la ciudad principal, Huamanga, pero cuya población tampoco accede al gas por gasoducto. 

“Han pasado 20 años sin atender la zona altoandina con un combustible que ellos producen. Huamanga tiene un city gate a 6km de la ciudad y no tienen servicio de gas, porque no hay quién se encargue de poner la distribución porque no es rentable”, resalta la investigadora Ruiz Caro.

Adicional a ello, no existe una política en el país que impulse desde lo económico ni político la ampliación de la distribución del gas. El proyecto del Gasoducto Sur Peruano licitado a Enagás y Odebrecht se encuentra paralizado desde 2017, luego de que se destapó el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. El mismo proponía llevar gas por red al sur del Perú.

En tanto, el proyecto Siete regiones que planeaba llevar gas a la sierra central y la Amazonía se postergó en 2021, de manera indefinida, luego de que ninguna empresa se postulará para llevarlo a cabo. “Son diez años que se está licitando este famoso proyecto y nunca ha habido postores, porque no es rentable”, resaltó Ruiz Caro.

Rumbo a la transición sin un plan energético

Las NDC asumidas por Perú proponen reducir la emisión de gases de efecto invernadero al 20% para 2030. De acuerdo con la última actualización de los compromisos climáticos, de aquí a siete años, las emisiones netas de gases de efecto invernadero peruanas no excederán las 208,8 toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Sin embargo, estos compromisos climáticos no están alineados con el Plan Energético Nacional 2014-2025, el cual rige la matriz energética en Perú. Dicho documento data de 2014 y desde entonces no ha sido actualizado. 

Ello implica que la vigente matriz energética no se adecúa a  los compromisos del Acuerdo de París que Perú suscribió en 2016 ni con cada uno de los acuerdos adoptados en las cumbres de cambio climático. 

“La transición está en el discurso del Ministerio del Ambiente, pero no está en la política. El gas [en Perú] es considerado como el combustible limpio, de transición, que emite menos CO2 y nadie habla del metano. Por tanto, la política energética consiste en que tenemos que abastecernos de gas y tenemos que garantizar el suministro. Entonces, no hay política de transición”, enfatizó Ruiz Caro.

En efecto, el gas natural es un combustible fósil de transición que debería servir como recurso temporal en el camino hacia las renovables. Así lo explica Pedro Gamio, quien resalta que el uso de este combustible fósil debe ser mucho más eficiente y como complemento al avance de las energías renovables. 

“La prioridad la debe tener el desarrollo en el mercado eléctrico del sol y el viento,en el que Perú tiene la gran oportunidad de lograr ser productor de hidrógeno verde”, resalta el también exconsultor del Banco Mundial en temas de energía y medioambiente. 

Sin embargo, el uso del gas natural anunciado para los próximos años en América Latina genera controversia, debido, entre muchas razones, a su impacto económico. 

Un informe de 2022 del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó que invertir en nuevos gasoductos implica utilizar dinero que bien podría ser destinado a energías más limpias. En el caso de Perú, por casi 20 años no se han construido redes a lo largo del país por no ser rentable. En este contexto y considerando la crisis climática actual, el documento resalta que las energías renovables se posicionan como una mejor inversión a largo plazo para la región. 

“Las energías renovables nos permiten avanzar en la descentralización de la infraestructura y también entender que es inviable que todo el país se concentre en el mundo urbano o mayoritariamente en la costa”, destaca Gamio.

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.