COP16: El reto de proteger a quienes resguardan la biodiversidad
Los representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes esperan que, en esta COP16, se aborden los temas por los que vienen abogando por años: acceso al financiamiento directo, la protección de los defensores ambientales y el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras que han cuidado por generaciones.
Por Sally Jabiel
La flor de Inírida, una vibrante especie de la Amazonía colombiana, ha sido elegida como el símbolo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali, Colombia.
Esta flor rojiza, venerada por los pueblos indígenas de Guainía, simboliza tanto la biodiversidad que se busca proteger como el papel crucial de quienes la han custodiado durante siglos.
Es más, a la flor de Inírida se le conoce como la "flor eterna", ya que esta planta tiene una capacidad notable para soportar condiciones climáticas extremas y sobrevivir tanto a inundaciones como a periodos de sequía. Resiliencia también presente en los pueblos originarios.
En América Latina, los pueblos indígenas resguardan aproximadamente un tercio de los bosques de la región, que contienen hasta el 14% del carbono almacenado en los bosques tropicales del mundo. En Brasil, Colombia, México y Perú, esos bosques capturan más del doble de carbono que las tierras no indígenas, según un informe de World Resources Institute y Climate Focus.
En esta COP16, mientras los delegados se preparan para las negociaciones, los representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes esperan que esta cumbre aborde finalmente sus necesidades: el acceso al financiamiento directo, la protección de los defensores ambientales y, sobre todo, el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras que han cuidado por generaciones.
Acuerdo 30x30 en territorios indígenas
Desde 1992, cada dos años, el Convenio sobre la Diversidad Biológica convoca a la Conferencia de las Partes (COP) con el propósito de acordar medidas que permitan conservar la biodiversidad, usarla de manera sostenible y repartir los beneficios de forma justa.
La COP16 es la primera reunión después de la adopción del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), un acuerdo de cuatro objetivos y 23 metas que pretenden detener y revertir la pérdida de diversidad biológica hacia 2030, y ocurre en un momento crítico en que al menos un millón de especies se enfrentan a la inminente extinción.
El GBF fue adoptado en la COP15, en diciembre de 2022, tras cuatro años de negociaciones, en reemplazo de las Metas de Aichi que no se cumplieron. Entre las nuevas metas destaca la conocida como “30x30” por su intención de proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos para 2030.
Para los pueblos indígenas, esta propuesta generó preocupación pues temían que se repitieran políticas de conservación que históricamente han llevado al despojo y desplazamiento de sus territorios ancestrales. De hecho, antes de la COP15, diversas ONGs advirtieron que convertir el 30% del planeta en “áreas protegidas” podría traducirse en “nuevas violaciones de derechos humanos” y que ese porcentaje es, en realidad, “arbitrario y carente de respaldo científico sólido”.
Aunque no tienen un lugar en la mesa de negociaciones, los pueblos indígenas lograron que en el acuerdo final se reconocieran sus territorios como una medida eficaz de conservación. “Incidimos para que nuestros territorios entren como un mecanismo de conservación, pero no como un área protegida más”, explica Fany Kuiru, quien encabeza la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la mayor confederación indígena del mundo. “Nosotros no hacemos una conservación estática, en nuestra visión milenaria de conservar usamos responsablemente los recursos”.
El acuerdo final menciona a los pueblos indígenas hasta en 20 ocasiones, reconociendo su contribución como custodios de la biodiversidad. Según el documento aprobado, esto implica respetar sus derechos, cosmovisiones, valores y prácticas, conforme con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Ese fue nuestro aporte más importante, porque no se iba a tomar en cuenta el tema del territorio. Hicimos una presión muy grande”, recuerda Gregorio Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la COICA, y agrega: “Pero tampoco estamos de acuerdo con conservar el 30%, porque es una ambición muy baja. Nosotros queremos salvar el 80% de la Amazonía; parece una utopía, pero trataremos de hacerlo porque es nuestra casa”.
Esa es la meta de Amazonía 80x2025 que busca, entre otros aspectos, el reconocimiento oficial de 100 millones de hectáreas de territorios indígenas actualmente en disputa o en proceso de identificación. Además, 255 millones de hectáreas de ecosistemas intactos y áreas con baja degradación aún no han sido tituladas a favor de los pueblos indígenas, de acuerdo con un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
Aunque la titulación de tierras indígenas por sí misma no es suficiente para asegurar medios de vida sostenibles, según el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), la falta de reconocimiento formal les impide ejercer plenamente sus derechos y proteger los ecosistemas que han preservado durante generaciones.
Financiamiento y reparto justo
Uno de los desafíos más grandes de la COP16 será convertir en realidad lo que tantas veces ha quedado en palabras: el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados del uso de la información genética. Colombia, anfitrión de la conferencia, ha prometido impulsar este punto con justicia y equidad.
Se trata de asegurar que los países ricos en biodiversidad reciban una parte justa de los beneficios que generan sus recursos, es decir, que los frutos de la conservación se distribuyan equitativamente entre quienes protegen la naturaleza, según el mismo Convenio sobre la Diversidad Biológica.
“Es el mismo debate desde hace 30 años y todavía los pueblos indígenas no son beneficiados”, declara Mirabal. “Mientras las farmacéuticas y otras empresas obtienen grandes ganancias de la biodiversidad, los pueblos indígenas no superan el 1% de beneficios”.
La COP16 también se enfrenta al reto de garantizar al menos $200.000 millones al año para proteger y restaurar la biodiversidad, mientras la brecha de financiamiento supera los $824.000 millones anuales, según The Nature Conservancy.
El acceso a estos fondos sigue siendo desigual para los pueblos indígenas.
“Nuestra lucha en esta COP16 será por el acceso directo a financiamiento para nuestras estructuras de gobierno propio”, afirma Kuiru. “La conservación no se hace en un escritorio, la hacemos los pueblos indígenas con nuestras manos en territorio, y somos las mujeres quienes asumimos mayor parte de esa tarea, somos las sembradoras, cultivadoras y restauradoras”.
Entre las nuevas propuestas de financiamiento está la de un mercado mundial de créditos de biodiversidad con los que empresas y gobiernos puedan compensar su impacto ambiental al invertir en proyectos que beneficien la biodiversidad. Sin embargo, para los pueblos indígenas, esto recuerda las fallas del mercado del carbono.
“Es una buena idea, pero no si repetimos los errores de los mercados de carbono donde se simula participación, derechos e inclusión”, advierte Levi Sucre, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que protege las áreas boscosas más grandes desde Panamá hasta México.
“Los pueblos indígenas estamos preocupados porque ahora sí se han metido con la vida del bosque. En la COP16 necesitamos una discusión genuina por la biodiversidad y dejar fuera el mercantilismo que le han dado a estos temas”, continúa.
Un reconocimiento histórico
Los pueblos afrodescendientes, que representan el 21% de América Latina, también serán protagonistas en la COP16 con la petición del reconocimiento formal de sus derechos colectivos. Colombia apoyará esta propuesta de la Coalición por los Derechos Territoriales y Ambientales de los Pueblos Afrodescendientes de América Latina y el Caribe.
A pesar de ser guardianes de la biodiversidad en sus territorios, los pueblos afrodescendientes rara vez aparecen en las políticas globales de conservación. El GBF es un ejemplo más de esta omisión.
“Han pasado siglos de lucha por la visibilidad de un pueblo que ha sido históricamente excluido, invisibilizado, deshumanizado”, manifiesta Sonia Viveros, directora de la Fundación de Desarrollo Social y Cultural Afroecuatoriana Azúcar y una de las fundadoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador.
“Las reivindicaciones que hemos logrado en estos años deben ser motivo de revisión y actualización en este tipo de acuerdos. La biodiversidad también tiene que ir de la mano de la diversidad humana que tiene nuestro planeta”, enfatiza.
Los pueblos afrodescendientes son parte de lo que se entiende como “comunidades locales” en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. A pesar de la modificación en 2014 del artículo 8 (j) de dicho convenio, que añadió la categoría de “pueblos indígenas”, los afrodescendientes siguen relegados.
“Pedimos que se reconozca la presencia y existencia de los pueblos afrodescendientes y no solamente a los pueblos indígenas”, sostiene Viveros. “La COP16 puede convertirse en otra de las convenciones internacionales donde los pueblos afrodescendientes logramos una reivindicación y una reparación histórica. No es un hecho menor”.
Paz con la naturaleza y sus defensores
El lema de la COP16, “Paz con la naturaleza”, es un llamado a mejorar la relación con el ambiente y repensar un modelo económico que prioriza la extracción, sobreexplotación y contaminación. Desde luego, esto no es posible sin proteger primero a quienes protegen la naturaleza.
Según el último informe de Global Witness, América Latina es la región donde asesinan a más defensores ambientales haciéndose con el 85% de los casos en 2023. Más del 70% de los asesinatos ocurrieron en Brasil, Colombia, Honduras y México. De las personas asesinadas en 2023, el 43% eran indígenas y el 12% mujeres.
La violencia contra estos defensores es cada vez más alarmante a pesar del Acuerdo de Escazú, un tratado clave para la protección de quienes arriesgan sus vidas por el ambiente.
“El Acuerdo de Escazú se hizo en Costa Rica y ni siquiera lo ratifica”, recuerda Levi Sucre. “Ese es el ejemplo más claro de que no lo ven como una herramienta para proteger la vida, si no como un obstáculo para explotar recursos. Esto no es un asunto de gobierno y empresas, es un asunto de la humanidad”, agrega.
A pocas semanas de la COP16, los pueblos indígenas se están preparando y organizando para alinear agendas en las llamadas pre-COPs, que se convocan previamente. “Cada región tiene su particularidad pero, por ejemplo, el tema del territorio nos une a todos”, asegura Mirabal.
“Pero hay unos pueblos en aislamiento que no pueden hablar. Si no se le garantiza su territorio, van a desaparecer. A donde vamos nosotros, hablamos por ellos y será igual en esta COP16, porque tienen el derecho a seguir viviendo como viven”, dice.
Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que Ojo al Clima forma parte.
