El futuro de América Latina se construye en los territorios
Aman la tierra que habitan, le ponen el cuerpo a las luchas y reclaman participación en las decisiones sobre el futuro. Los jóvenes ambientalistas de la región aportan al movimiento global una fisonomía tan diversa como los territorios que defienden.
Por Valeria Foglia
De El Impenetrable chaqueño y la Región Oriental de Paraguay a los páramos colombianos y las playas de Puerto Rico, estos jóvenes cuestionan los modelos de desarrollo impuestos desde arriba. Horacio García (32), Emiliano González (35), Luisa Acuña (27), Juan Camilo Sarmiento (29) y Mabette Colón (23) comparten la necesidad de luchar colectivamente por un mañana de carne y hueso, pero también hecho de árboles, aire puro, tierra y río.
Sin calendarios especiales ni reuniones privadas con altos funcionarios, enfrentan el avance extractivista y plantean alternativas para la transición ecológica en una de las regiones más peligrosas para los defensores del planeta.
El Chaco argentino: el monte es vida
En El Impenetrable, al noreste de Argentina, la comunidad qom resiste el avance de madereras y agronegocio sobre el monte nativo. Aunque desde fines de 2020 todos los desmontes son ilegales, en 2022 Chaco fue la segunda provincia más deforestada, con más de 36.000 hectáreas.
Para los qom el monte es “un ser viviente igual que nosotros”, cuenta Horacio García. Su gente se puso en alerta cuando el Gobierno chaqueño acordó con una empresa china la instalación de megagranjas porcinas en sus tierras comunitarias de El Espinillo, en el departamento de General Güemes.
El monte nativo es sustento, tradición y promesa de futuro para los qom. García, que siempre vivió en el paraje Olla Quebrada –a unos seis kilómetros de El Espinillo–, se plantea qué sería de su pueblo sin el bosque nativo, que les brinda frutos y animales silvestres, pero también aire puro y protección contra inundaciones y tormentas.
El joven albañil, que estudia para auxiliar docente aborigen, cuenta que decidieron salir a protestar con cortes de ruta tras enterarse por redes sociales del acuerdo entre el gobernador Jorge Capitanich y Feng Tian Food. Pese al impacto sanitario y ambiental de las granjas industriales, no hubo consulta previa, libre e informada, como prescribe el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para proteger medios de vida y ambiente de los pueblos originarios.
Cuando el proyecto original se enfrió, la empresa propuso la siembra masiva de monocultivos de soja y girasol. Para la población eso equivale a deforestación, contaminación y daños a la fertilidad del suelo. “Ya hemos vivido un desmonte: cortaron árboles para las ventas de maderas, pero únicamente las de muy buena calidad, árboles grandes como los algarrobos que nacen en nuestros territorios”, refiere García.
Detrás de todos estos negocios está la Asociación Comunitaria Meguesoxochi que preside el intendente Zenón Cuéllar. Además de reunirse con el grupo chino, en tanto administrador de la propiedad comunitaria “distorsionaba las informaciones y mentía a la gente para que acepte”, afirma el joven.
En 2021, patrocinados por una abogada de Somos Monte, presentaron un amparo en resguardo de sus tierras. García comenta que “algunos ancianos, que fallecieron en el transcurso de la lucha, contribuyeron con testimonios. Otros compañeros de la zona urbana nos ayudan en la traducción”.
No quieren que El Impenetrable se transforme en un lugar seco, extremadamente caluroso y contaminado. “Hay que cambiar la manera de producir los alimentos. Tenemos muchas oportunidades para autosustentarnos. Al monte hay que cuidarlo, porque es la única parte donde nos podemos cobijar y encontrar nuevas alternativas de convivir con la naturaleza”, concluye.
Paraguay y la sed de tierra para vivir
La extranjerización y la concentración de la propiedad de la tierra en Paraguay se remontan al siglo XIX, con los colonos ingleses y españoles. Hoy, su Región Oriental se ve copada por monocultivos transgénicos de empresas de Brasil, Argentina y, más recientemente, Uruguay.
Emiliano González, coordinador de la Juventud Paraguay Pyahura, denuncia desalojos masivos, contaminación y deforestación. En su ADN y el de sus compañeros está inscrita la lucha por la tierra: “Somos los hijos de la Federación Nacional Campesina”.
Cuando era chico, González encontraba animales silvestres y árboles al costado del camino, en las orillas de arroyos y ríos, en montes y selvas. Hoy, ese Paraguay no existe. Desde la década de 1990 el agronegocio convirtió su entorno en “un mar de soja”.
Los reportes oficiales confirman la descripción del referente campesino: pese a la ley de deforestación cero, entre 2017 y 2020, la Región Oriental sufrió un cambio drástico. San Pedro, su departamento, y el vecino Canindeyú perdieron en total casi 40.000 hectáreas, más del triple de la superficie de Asunción. “En algunas partes cultivaron soja hasta en la orilla del arroyo”.
El asentamiento campesino donde creció fue ganado por “una lucha sangrienta” en la que “fallecieron cuatro compañeros para que podamos tener un pedazo de tierra”. No es un caso aislado: lo antecede una historia de despojo y acaparamiento ilegal por parte de latifundistas extranjeros y familias ligadas a la dictadura de Alfredo Stroessner, que les cedió más de ocho millones de hectáreas.
En Con la soja al cuello, Lorena Izá Pereira estima que un 35% del territorio paraguayo está bajo control directo e indirecto del capital extranjero. En 2018, de 291 empresas foráneas, 239 eran brasileñas.
Este modelo impone condiciones muy adversas a la agricultura familiar: desalojos masivos, fumigaciones aéreas e invasión de plagas desde las fincas agroindustriales. González habla también de un “desequilibrio ambiental” entre períodos de sequía y lluvias intensas, y olas de calor interrumpidas por frío extremo. Él lo atribuye a la combinación de crisis climática y deforestación récord.
En 2021 el Estado sumó otra herramienta para criminalizar la lucha por la tierra. González dice que la ley Zavala-Riera, que prevé hasta diez años de cárcel, ya produjo centenares de expulsiones violentas de comunidades campesinas e indígenas asentadas hace décadas. Esto genera “intranquilidad”, considerando que la mayoría de los asentamientos agrícolas son irregulares y que los agroexportadores planean duplicar la siembra de monocultivos.
“Imaginate si vos tenés tu casa, tus comodidades, tu producción, pero un día vienen los policías, los cascos azules, los antimotines, los carros hidrantes y helicópteros, y a la fuerza te quitan tu propiedad, mecanizan toda tu producción, echan las casas así como están”, protesta. “Sin reforma agraria no habrá paz”.
Colombia pide agua para la vida
Petroleras y mineras se disputan el agua y los minerales en una Colombia donde ser defensor ambiental sigue siendo una actividad de riesgo. Global Witness registró que, en 2021, fueron asesinadas 33 personas por proteger sus territorios. Muchas otras huyeron “ante los señalamientos, la persecución, las amenazas y el amedrentamiento que han sufrido por su ejercicio de liderazgo”, detalla Luisa Acuña, trabajadora social y diplomada en Gestión Ambiental y Territorial.
“La mayoría de conflictos socioambientales se generan por la invisibilización de las poblaciones que habitan los territorios”, agrega la joven. En el mismo sentido, el abogado ambientalista Juan Camilo Sarmiento considera que los movimientos sociales pueden “hacer la diferencia” en defensa del agua y por alternativas de transición justa.
Acuña se involucró con las causas socioambientales durante sus prácticas académicas con una organización campesina. Seis años después, como parte del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, brinda herramientas, formación política y capacitaciones sobre emprendimientos extractivistas a poblaciones que hace décadas habitan, producen y conservan las zonas rurales en Santander.
No es casual que un país con gran riqueza hídrica esté inundado de conflictos por el agua. Acuña identifica dos concepciones: una utilitarista, que la ve “como un recurso ofertado para la explotación”, y otra que la considera un derecho humano. En esta perspectiva se inscribe la lucha en defensa del Páramo de Santurbán, que ella define como uno de los “procesos bandera” del ambientalismo colombiano.
La movilización popular, nucleada en el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, frenó dos proyectos de gran minería en este ecosistema que abastece a más de dos millones de personas. Según el abogado Sarmiento, buscan que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez prohíba la actividad en los “territorios del agua”, que abarcan las “cuencas hidrográficas que abastecen acueductos, estrellas fluviales, páramos, bosques, humedales, manglares, corales y arrecifes”.
Aunque tampoco tiene licencia social en Santander, el fracking amenaza el río Magdalena, la fuente de agua para seis millones de personas. Acuña y sus compañeros están abocados a enfrentar los dos proyectos piloto –Kalé y Platero– que la estadounidense ExxonMobil y la colombiana Ecopetrol tienen en el municipio de Puerto Wilches, pero hay siete contratos de concesión ya vigentes en César-Ranchería (Guajira) y el valle del Magdalena Medio, adjudicados a Drummond, ConocoPhilips y Parex.
Aunque el Congreso colombiano aprobó la prohibición del fracking y “algunos yacimientos no convencionales”, la lucha sigue. La Alianza Colombia Libre de Fracking, que elaboró el proyecto original presentado por el Gobierno del Pacto Histórico, advierte que dejaron fuera los yacimientos no convencionales de gas asociado a mantos de carbón, los únicos explotados en la actualidad.
El acuerdo entre oficialistas y conservadores privilegió los contratos para “evitar las demandas contra el Estado a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el sistema de protección a las inversiones”, dice Sarmiento. El abogado lo resume con un dicho popular: “‘Hay Gobierno, pero no poder’. A pesar del discurso y la voluntad política del Gobierno, toda la estructura normativa, económica, mediática y legislativa está con el extractivismo”. Para él, son los movimientos sociales los que pueden torcer la balanza en una región que históricamente se organizó en defensa del agua.
Malos aires en Puerto Rico
Según cifras oficiales, la central térmica de la estadounidense Applied Energy Services (AES) en Guayama, al sur de Puerto Rico, genera cada año unas 300.000 toneladas de cenizas de carbón, el recurso fósil más contaminante. La Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, a la que pertenece Mabette Colón, denuncia perjuicios a la salud de la población y el ambiente.
AES plantea una encrucijada energética en un país que sigue importando combustibles fósiles y tiene una inversión marginal en renovables. Las comunidades proponen un vuelco a la energía solar sin afectar sus territorios y medios de vida.
La planta de AES, inaugurada en 2002, al comienzo fue una enemiga silenciosa. Aunque respira cenizas de carbón desde sus dos años, Colón cuenta que “de pequeña no entendía qué era eso y lo veíamos incluso como algo innovador en el área. Solía ir a una playa que está muy cerca de las instalaciones y me fascinaba ver esos barcos enormes entrando al puerto”.
Hoy se sabe que la montaña de residuos tóxicos que AES tiene al aire libre contradice normas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y leyes puertorriqueñas. Las playas guayamesas atestiguan su impacto con arenas teñidas de negro, peces muertos, mangles costeros resecos y desaparición de cítricos que solían ser muy abundantes, describe la joven.
Colón vive a poco más de un kilómetro de la central, en Miramar, una de las comunidades expuestas a la inhalación de partículas de metales pesados, que también se filtran a los acuíferos. El Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Puerto Rico registró que, entre 2016 y 2018, se duplicó la prevalencia de enfermedades crónicas: respiratorias, cardiovasculares, de la piel, diabetes y cáncer. Esta última ha sido, según la activista, “el mayor impacto en las personas”.
Fue en 2016 cuando, siguiendo el ejemplo de su padre Alberto, Colón se unió a la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud. Con sus reclamos lograron frenar algunas propuestas, pero su meta mayor, el cierre y la mitigación del daño causado por AES, sigue pendiente.
En 2027, cuando finalice el contrato, no se resolverán todos los problemas, especialmente para los residentes de bajos recursos, que seguirán padeciendo la ceniza de carbón que AES vendió como material de relleno y hoy sigue al descubierto en muchos lugares públicos.
La activista, que también colabora con Diálogo Ambiental, EarthJustice y Sierra Club, es optimista pese a las dificultades: “Ser joven en estas luchas no es fácil, es un sacrificio, es frustrante y es arriesgado, pero nuestra voz es la fuerza que moverá al mundo”.
Construir el futuro
Los jóvenes denuncian los errores del pasado, pero también pueden ser parte de la solución. Cuando se habla de fechas, no es una entelequia, sino el futuro de millones, ni más ni menos que el tiempo y las circunstancias que les tocará vivir.
Reclaman participación
- Acuña piensa que en Colombia no es demasiado tarde para “poner en discusión viejas lecturas y proponer nuevas formas de defender el territorio”. Propone, por ejemplo, dar marcha atrás con la resolución de 2018 que “quitó la vinculatoriedad de las consultas populares”. Si bien considera que Acuerdo de Escazú, convertido en ley nacional, es “un avance gigante”, la joven colombiana espera que no quede “en meras mesas de trabajo” y que jóvenes y movimientos sociales puedan aportar a la construcción colectiva.
- La puertorriqueña Colón concuerda: “Tenemos en nuestras manos el poder de lograr un mundo mejor para nosotros y generaciones futuras”. Su generación de activistas, dice, no se deja intimidar cuando los poderosos intentan descartarlos por “falta de experiencia”, y sigue estudiando e investigando.
- González apuesta a concientizar a los jóvenes de Paraguay: no tiene dudas de que deben ser protagonistas, en especial cuando imagina “cómo sería la vida en 20 años si no lucharan ahora”.
- En Chaco, García rechaza la narrativa oficial contra los qom y destaca su potencial: “Nosotros trabajamos, por eso defendemos la tierra. Queremos producir, no que venga gente de otro lado a trabajar nuestras tierras. Podemos capacitarnos, tenemos más experiencia y no dañamos nuestro ambiente”.
Exigen herramientas
- El arte y la cultura ayudan a sumar voluntades y lograr la unidad del movimiento socioambiental, dice Acuña. La referente colombiana también subraya que la inversión en educación, ciencia y tecnología debe estar a la altura del desafío de “transitar del viejo modelo de producción y consumo hacia formas de coexistencia con la naturaleza”.
- Los jóvenes campesinos de Paraguay lograron la apertura de bachilleratos agropecuarios, pero siguen luchando por más presupuesto y contra el cierre de escuelas. También reclaman asistencia técnica y créditos accesibles en un contexto climático incierto.
Piensan la transición energética
- Aunque “es un bastión del actual Gobierno” colombiano, Acuña reconoce que no se tiene claridad al respecto: “Estamos expectantes”. Sarmiento, en tanto, ve una disputa entre una visión “corporativa” y “colonialista”, que impone zonas de sacrificio al servicio del consumo energético del norte global, y otra con enfoque territorial, reconversión laboral y soberanía. Sarmiento admite que “el Gobierno ha impulsado decididamente la idea de descarbonizar la economía, adoptando medidas contra el fracking y la gran minería de carbón”. Sin embargo, reclama que no se haya pronunciado aún contra el extractivismo de “minerales de transición” y los tratados que “dan vía libre al saqueo de las transnacionales a través de demandas contra Colombia”.
- En Puerto Rico también hay dos concepciones. Mientras AES promete una rápida transición a la energía solar, Colón es escéptica. “Sí, tienen una finca con varias placas solares, pero eso no genera absolutamente nada para nosotros. Además, ¿de qué vale hacer dicha inversión si aún tienen esa montaña de cenizas y carbón a la intemperie, permitiendo que se percolen en el acuífero, vuelen diariamente a nuestros hogares y anden regados en la bahía de Jobos?”. Las comunidades promueven la instalación de paneles fotovoltaicos en los techos residenciales. “Si utilizamos los terrenos para las placas solares, no tendremos dónde sembrar. Hay que pensar más allá de la burbuja”, razona.
Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que Ojo al Clima forma parte.
