La mayoría de los países latinoamericanos no contribuyen significativamente al cambio climático, dado que la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) están por debajo de grandes emisores como Estados Unidos, China y Europa. Sin embargo, esto no puede conducir a la pasividad.
De hecho, la acción climática podría ayudar a estos países latinoamericanos a adaptarse al cambio climático e incrementar su resiliencia ante los impactos de este.
Esta fue una de las principales conclusiones del Diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas, actividad co-organizada por los gobiernos de Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
La actividad buscaba promover el diálogo para fomentar la ambición y enfatizar la urgencia de la acción climática en América, impulsar el diseño de mecanismos innovadores de medios de implementación e incentivar la cooperación para la adaptación y resiliencia en el continente.
El evento se dividió en tres grandes segmentos. El primero consistió en un debate político de alto nivel que contó con la participación de los mandatarios de Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Ecuador así como el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, el Enviado Especial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry, y los presidentes de la COP25 -Carolina Schmidt- y COP26 -Alok Sharma-.
Posteriormente, se realizaron paneles de discusión más técnicos y, por último, una mesa redonda ministerial donde se dieron a conocer las principales conclusiones.
Financiar la acción climática
Desde una de las regiones más afectadas por el cambio climático, Orlando Jorge-Mera -ministro de Ambiente de República Dominicana- instó a revaluar los modelos de desarrollo extractivistas, ya que estos acentúan las vulnerabilidades de los países ante el clima.
También, el ministro dominicano alertó sobre el obstáculo que representa el endeudamiento y la aguda crisis económica para alinear la recuperación post COVID-19 con una mayor ambición climática. Actualmente, y según Jorge-Mera, la relación entre proyectos marrones y verdes en la región es de 4 a 1.
Para evitar que los países se inclinen por proyectos extractivistas con tal de mejorar la economía, los participantes propusieron invertir más en acción climática. Según Jorge-Mera, actualmente, la inversión en acción climática en América Latina es del 3%, mientras que en el resto del mundo ronda el 21%.
Sobre este tema de financiamiento, se pusieron sobre la mesa varias ideas como canje de deuda pública por acción climática, una banca de desarrollo verde latinoamericana e incluso crear un laboratorio de capital natural.
También está el rol del sector privado. Carlos Correa, ministro de Medio Ambiente de Colombia, destacó la importancia de la empresa en la movilización de capital para acelerar la acción climática, pero con enfoques más específicos. “Se está trabajando en tres niveles: con gobiernos locales para financiar el desarrollo de herramientas de impacto local, con gobiernos nacionales para priorización de la inversión y en innovación financiera para recompensar a los actores que están haciéndolo bien”, explicó.
Para Correa, esto requerirá un cambio de paradigma y aquellos actores que tomen acciones tempranas deberán obtener beneficios a manera de estímulo, ya sea mediante canje de deuda, tasas de interés o créditos favorables. Eso, aunado a la adopción de nuevas tecnologías, puede ayudar a acelerar los procesos de transición en la región.
“El sector privado debe también hacer compromisos en la ruta a la carbono neutralidad”, señaló el ministro colombiano. En este sentido, el concepto de economía circular se posiciona en las estrategias empresariales orientadas a optimizar sus ciclos productivos generando ganancias en pro de la mitigación, adaptación y resiliencia del territorio donde se opera, pero también en el propio beneficio de la empresa.
Soluciones basadas en la naturaleza
Elizabeth Thompson, embajadora de Barbados para cambio climático, mira al océano como uno de los grandes sumideros de carbono y, en ese sentido, desarrollar resiliencia en el contexto de ambientes manos es un tema crítico para América Latina, ya que estos ecosistemas no solo aportan a la seguridad alimentaria y a la economía a través del turismo y la pesca, sino también son vitales en la seguridad costera ante los huracanes y otros.
En este sentido, Thompson instó a los países a mapear los riesgos y vulnerabilidades con miras a tomar acciones que prevengan los peores impactos del cambio climático. De hecho, mencionó el programa Roofs to Reefs de Barbados, el cual puede servir de modelo para la planificación marino-costera.
También propuso trascender del Producto Interno Bruto (PIB) como única métrica utilizada para medir el desarrollo de un país y pasar al Índice de Vulnerabilidad Multidimensional.
“Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) reflejan los compromisos nacionales, pero su impacto es acumulativo a nivel global”, dijo la representante de Barbados y continuó: “Una recuperación resiliente no es solo hablar de ambición sino también de acción”.
Para ello, una vez más, se requiere de financiamiento. Pero, según Thompson, se debe priorizar la adaptación. “El financiamiento debe pasar de mitigación a adaptación”, dijo.
Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, manifestó que las soluciones basadas en naturaleza representan el 30% de la solución a la crisis climática. Sin embargo, estas reciben apenas el 2% del financiamiento.
En el proceso de recuperación post COVID, muchos países latinoamericanos están priorizando en la adaptación basada en naturaleza, comunidades y gestión de riesgo para hacer frente no solo a los efectos de la pandemia sino para abordar las tres grandes crisis que enfrenta el planeta, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.
Todas estas crisis acarrean impactos sociales (como migraciones), limitan el acceso a los recursos naturales (por ejemplo, el agua) y tienen vínculos con los derechos humanos (como la amenaza que viven los pueblos indígenas que ven en riesgo sus medios de vida, ya que estos dependen de la naturaleza).
“La naturaleza nos vincula con el territorio”, subrayó Meza e insistió: “la descarbonización, la resiliencia y la naturaleza deben estar en el centro del desarrollo”.
Un frente común
Al cierre de la actividad, Juan Cabandié -ministro de Ambiente de Argentina y anfitrión del evento- destacó que durante toda la jornada “se repitieron conceptos, lo que refleja que tenemos puntos en común”.
Jonathan Pershing, asesor climático de la administración Biden-Harris (Estados Unidos), coincidió en que el evento evidenció que existe unanimidad entre los países americanos en cuanto a la urgencia de acción ante la crisis climática y la necesidad de mayor ambición.
El diálogo que inició con esta actividad encontrará eco en la COP26, pero también en la reunión de la Alianza de Clima prevista para febrero de 2022 y la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en el primer semestre del próximo año y estará a cargo de Estados Unidos. “El clima será un punto central de la agenda”, dijo Pershing.
Por su parte, Meza expresó la necesidad de que América Latina se presente una “voz unida” en estos espacios multilaterales.
“Es fundamental que América Latina vaya con una voz unida, porque eso nos da más fuerza”, enfatizó.