Costa Rica tiene como meta, al 2050, tener una economía con cero emisiones netas. El país tiene la ventaja de contar con condiciones naturales muy particulares, como su ubicación geográfica, que le permiten aprovechar recursos naturales como las lluvias y los vientos.
Esto le ha permitido tener una producción eléctrica basada, en casi el 100%, en fuentes renovables, además de contar con una holgada capacidad instalada y políticas públicas orientadas a transitar hacia un modelo de producción, distribución y consumo de energía mucho más limpio y eficiente.
“Costa Rica ha trazado a 2050 la meta de ser una economía con cero emisiones netas, en cumplimiento de convenios internacionales y distintos instrumentos de política pública. Esto implica abandonar el modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles (transición energética), lo cual constituye un proceso complejo pero que a la vez ofrece oportunidades para proyectar la senda de desarrollo de la Costa Rica del siglo XXI pospandemia”, se lee en un informe dado a conocer hoy por la Contraloría General de la República (CGR).
El reporte, titulado Opiniones y sugestiones: Desafíos de la transición energética desde la perspectiva de la hacienda pública, fue realizado por la CGR con el fin de aportar una visión integral sobre la necesidad de cambio en el sector energético, ya que un 67% de las emisiones que contribuyen al cambio climático son generadas por el sector energía.
Durante la presentación del informe, Bernal Aragón Barquero -subcontralor de la CGR- consideró pertinente abandonar el modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo energético sostenible e innovador. “Esto constituye un proceso complejo y desafiante para todos, pero ofrece valiosas oportunidades'', declaró.
De hecho, y según el informe, la transición energética en Costa Rica responde a tres razones: “el cambio climático que obliga a buscar formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el entorno disruptivo en el cual interactúa el sector energético debido a la aparición de nuevas tecnologías y hábitos de consumo, así como la necesidad de solventar problemas estructurales en el funcionamiento del subsector Energía, que a lo largo de los años han limitado su eficiencia”.
Desafíos y recomendaciones
La transición energética es una realidad y debe ser atendida por diversos actores de nuestro país. Para lograr esta transición, se debe llevar a cabo acciones urgentes en materia de políticas públicas y compromisos internacionales, características de la matriz energética y el funcionamiento de las instituciones, tal y como se menciona en el informe.
En este sentido, la CGR identificó tres desafíos frente a esta transición. El primero es la instrumentalización de la política pública con base en la ciencia y la técnica. Con respecto a este, se debe definir -mediante estudios técnicos- metas óptimas y alcanzables, con indicadores y parámetros para su seguimiento. También se debe analizar la conveniencia y eficacia en el tiempo de los incentivos para energías limpias.
El segundo desafío identificado es el ejercicio efectivo de las potestades del subsector Energía, el cual analiza la importancia del buen ejercicio de distintas funciones y actores cuyos roles son claves para lograr una transición energética eficiente. Algunos de estos actores son: el ministro de Ambiente y Energía como rector del subsector Energía, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) como ente regulador y el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) como operador del sistema.
Por último, se presenta el desafío del manejo eficiente y sostenible de los recursos públicos. Para esto, el informe propone superar las barreras que impiden la eficiencia en el uso de los activos de generación eléctrica renovable, electrificar el transporte, desarrollar proyectos en apego a las buenas prácticas y minimizar la pérdida de activos relacionados con combustibles fósiles.
Asimismo, la CGR brindó una serie de recomendaciones dirigidas a la Asamblea Legislativa, los actores del subsector Energía y la sociedad en general. La primera de ellas es crear conciencia sobre la necesidad de un modelo de desarrollo de país más sostenible y próspero.
CGR también recomendó integrar a los actores del sector mediante nuevos modelos de liderazgo, innovación y colaboración, así como plasmar políticas públicas en proyectos concretos y tomar control del cambio con visión concertada y un enfoque orientado en construir los servicios públicos del futuro y minimizar los efectos sobre los más vulnerables.
Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa, participó en la presentación del informe y mencionó que “como país tenemos un enorme reto de cambio en el sector energético”. También comentó que a la Asamblea Legislativa le corresponderá discutir, tomar decisiones y aprobar leyes para implementar acciones que respondan a estos desafíos.
Igualmente, Cruickshank reconoció que las decisiones que se deban tomar en el Congreso, con respecto a la transición energética, impactarán a la sociedad costarricense actual, pero especialmente tendrán repercusiones sobre las generaciones futuras. Esto implica una responsabilidad para los diputados y las diputadas que no pueden ignorar.
Razones de salud, económicas y fiscales
La transición energética lleva en el mundo más o menos una década, pero toma cada día más velocidad y más profundidad, esto por razones de salud, económicas y fiscales.
De acuerdo con Christiana Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la razón más inmediata es la afectación a la salud pública por la quema de combustibles fósiles.
Esta quema libera partículas PM2,5, las cuales tienen un tamaño menor a los 2,5 micrómetros por metro cúbico y eso las hace peligrosas para la salud de las personas, porque son capaces de llegar hasta los alvéolos, las terminales del árbol bronquial donde ocurre el intercambio de oxígeno entre el sistema respiratorio y la sangre.
En 2016, y según el informe The Lancet Countdown of Health and Climate Change, las muertes prematuras atribuibles a las partículas finas se calcularon en 2,9 millones, mientras que la exposición a estas se incrementó un 11,2 % a nivel global desde 1990.
Figueres también esbozó tres razones económicas y fiscales, por las cuales el mundo se encamina hacia la energía renovable. La primera de estas es la volatilidad de los precios del petróleo y del gas natural. En los últimos 10 años, el precio del barril de petróleo ha variado entre los $116 y -$30. Este dato contrasta con el descenso de los costos de las energías renovables; en el caso de la energía solar, sus costos han bajado un 81% y la eólica un 45%. Esta disminución en el precio ha causado un importante aumento en las inversiones.
Otra razón es el exceso de reservas probadas de petróleo (probadas es que están listas para ser utilizadas). Actualmente hay 1.730 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Con esta cantidad, se podría suministrar combustible por 50 años más, si la demanda fuera igual, pero esta continúa bajando, por lo que invertir en petróleo no es rentable.
Esto lleva a la tercera razón: el riesgo financiero al invertir en estos sectores. Actualmente, 22 de los bancos más grandes del mundo se han retirado de las inversiones de combustibles fósiles, ya que estos activos van a quedar varados en un futuro cercano.
“En el siglo pasado, los combustibles fósiles jugaban un rol muy importante en la economía, pero hoy en día contamos con tecnologías alternas que pueden suplir las necesidades de crecimiento económico de una manera menos riesgosa desde una perspectiva de fisco e inversión y menos riesgosa para la salud pública”, dijo Figueres.
En las siguientes décadas se requiere que los sistemas energéticos, a nivel global, se transformen de manera radical, para así eliminar el uso de combustibles fósiles contaminantes y darle un papel protagonista en el sector energético a las energías renovables.