COP16: Países acuerdan una hoja de ruta para financiar la naturaleza
Como si fuera la secuela de una película, del 25 al 27 de febrero se reanudaron las negociaciones que habían quedado pendientes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad o COP16. Vale recordar que, el año pasado, las negociaciones –presididas por Colombia en la ciudad de Cali– se suspendieron a falta de quórum y se acordó retomarlas en 2025, pero esta vez en la ciudad de Roma, Italia, precisamente en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Desde la cita de Cali hasta la de Roma, cambiaron algunas cosas. La presidenta de la COP16, Susana Muhamad, llegó a Roma para liderar las negociaciones habiendo renunciado a su cargo como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Las normas del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) permiten a los presidentes ejercer a título personal y así lo hizo Muhamad.
Otras cosas siguieron exactamente iguales, entre ellas, el estancamiento en las negociaciones sobre financiamiento. El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal (GBF, por sus siglas en inglés), en su meta 19, especifica la movilización de al menos al 200.000 millones de dólares para 2030. De ese monto, los países industrializados deberán movilizar al menos 20.000 millones de dólares anuales para 2025 a los países en desarrollo y al menos 30.000 millones de dólares anuales para 2030.
El último día, los países lograron destrabar las negociaciones y acordaron establecer una hoja de ruta que les permita dilucidar cómo recaudar el dinero, detallando que los fondos provendrán de financiación pública de gobiernos nacionales y subnacionales, recursos privados y filantrópicos, bancos multilaterales de desarrollo, financiación mixta y otros enfoques novedosos. También, esta hoja de ruta permitirá desarrollar una arquitectura financiera que permitirá gestionar tanto los instrumentos existentes como los nuevos.
Esta hoja de ruta tendrá un plazo al 2030, es decir, tendrá que estar lista para la COP19.
Una cuestión de dinero
Históricamente, cinco países han aportado el 75% de toda la financiación relacionada con la biodiversidad. De ellos, Estados Unidos está retirando la ayuda, mientras que Francia y Alemania han sufrido recortes presupuestarios del 25% desde 2022.
Para alcanzar el objetivo de 20.000 millones de dólares para este año, los países aún necesitan encontrar más de 4.000 millones. En este sentido, se acordó tocar a la puerta de los bancos de desarrollo, buscar soluciones innovadoras de financiación privada, así como eliminar las subvenciones perjudiciales para la naturaleza.
De hecho, los países deben identificar sus incentivos y subvenciones perjudiciales para eliminarlos, suprimirlos gradualmente o reformarlos, de modo que se vea una reducción global de al menos 500.000 millones de dólares anuales para 2030. Ese proceso de identificación debe quedar listo en 2025.
También, como parte del trabajo enmarcado en la hoja de ruta, los países deberán explorar dónde están los solapamientos entre deuda y biodiversidad, así como los traslapes existentes con la agenda de reforma del sistema financiero.
“Un aspecto destacado de este acuerdo (hoja de ruta) es el compromiso de crear -por primera vez en la historia- un diálogo internacional de ministros de Medio Ambiente y Finanzas de países desarrollados y en desarrollo para acelerar la movilización de financiación para conservar, restaurar y gestionar de forma sostenible la biodiversidad. Se trata del liderazgo político de alto nivel necesario para impulsar el cambio de políticas y crear sistemas que permitan alcanzar el ambicioso objetivo de destinar 200.000 millones de dólares anuales a la biodiversidad de aquí a 2030”, comentó Brian O’Donnell, director de Campaign for Nature.
Para comprender el siguiente punto es necesario volver al 2022. Cuando se acordó el GBF, se creó el Fondo Mundial para la Biodiversidad (GBFF) con un presupuesto de 400 millones de dólares, el cual es administrado por el momento por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).
En Cali, algunos países criticaron al GEF al aducir que era lento, de difícil acceso y que no era representativo en cuanto a su gobernanza. Por ello, estos países –entre ellos, el bloque africano- propusieron la creación de un nuevo fondo para distribuir el dinero. Pero, otros países –encabezados por la Unión Europea, Japón y Canadá- se opusieron aduciendo que eso fragmentaría aún más la ayuda al mundo en desarrollo, ya debilitada por las crisis presupuestarias y la retirada de Estados Unidos de los contribuyentes.
Por ello, en esta segunda parte de la COP16, se acordó que, antes de la COP18 en 2028, se definirá si se requiere un nuevo mecanismo, ya sea un nuevo fondo o instrumento, que deberá estar operativo antes de la COP19.
Por su parte, el Fondo de Cali quedó operativo en esta reunión. Aprobado en 2024, durante la primera parte de la COP16, este fondo tiene por objetivo recaudar el dinero proveniente del uso de la información digital sobre secuencias de recursos genéticos (DSI). En este sentido, empezará a recibir las contribuciones de las empresas privadas que hagan uso comercial de las DSI.
Las contribuciones al Fondo de Cali se destinarán a la aplicación del CDB, incluido el GBF. Al menos el 50% de los recursos se asignarán a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, reconociendo su papel como custodios de la biodiversidad.
“Tras años de desencuentros y promesas incumplidas, la COP16 alcanza el esperado acuerdo en materia de financiamiento para la biodiversidad y operativiza relevantes mandatos legales del CDB”, destacó Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Se ha atendido un reclamo de años de los países en vías de desarrollo, los cuales concentran la mayor biodiversidad del planeta, y la correspondiente responsabilidad histórica de los países desarrollados. Si bien los tiempos de la hoja de ruta son más extensos de los que la sociedad civil presente en la COP16 esperaba, este acuerdo es positivo y genera expectativas”, continuó.
Otros acuerdos
Otro punto que había quedado pendiente en Cali fue el marco de seguimiento del GBF. Este detalla los criterios que los países utilizarán para medir los progresos realizados en relación con las 23 metas y los 4 objetivos acordados en 2022.
En este sentido, los países acordaron la forma en que se medirían y utilizarían los indicadores, lo cual es clave para los responsables de diseñar las políticas y planes nacionales. También proporcionará datos a nivel mundial para ofrecer una imagen global de la aplicación del GBF.
También se trabajó en el Mecanismo de Planificación, Seguimiento, Presentación de Informes y Revisión, el cual aclara cómo se llevarán a cabo estas cuatro actividades antes de la evaluación global de la aplicación del GBF en la COP17 a realizarse en Ereván, Armenia, en 2026.
¿Qué sigue haciendo falta?
Para las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, uno de los grandes pendientes en la integración entre clima y biodiversidad, lo cual pasa por abordar claramente el abandono de los combustibles fósiles, una propuesta que fue retirada del texto final de negociación durante la primera etapa de la COP16.
Para las organizaciones es imperativo “detener nuevos proyectos de extracción fósil, priorizando áreas de alta biodiversidad como la Amazonía y los ecosistemas marinos en el Caribe. También proteger los derechos de las comunidades afectadas y desarrollar alternativas económicas basadas en soluciones locales y sostenibles, reconociendo el papel de América Latina y el Caribe como abanderada de una transición justa”.
“La COP16 dejó en evidencia que biodiversidad y cambio climático deben trabajarse en sinergia”, dijo Victoria Emanuelli, responsable de campañas de 350.org en América Latina.
“Desgraciadamente se repitieron algunas de las tendencias negativas de las últimas conferencias climáticas: un fuerte lobby extractivista de combustibles fósiles que bloquea la posibilidad de alejamiento del gas y el petróleo, y una falta de voluntad política de los países del Norte para financiar la conservación de la biodiversidad y la transición energética justa en el Sur Global”, agregó.
“Si los países realmente quieren lograr sinergias entre el clima y la biodiversidad, el 18% de superposición de bloques de petróleo y gas con áreas clave de biodiversidad que existe hoy en día debería eliminarse”, enfatizó Juan Pablo Osornio, director de Incidencia de Earth Insight.
En cuanto al marco de seguimiento, aún se tiene una deuda con los pueblos indígenas y las comunidades locales como socios en la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad.
“Para eso es esencial garantizar el reconocimiento de sus territorios como una categoría especial de conservación, con indicadores específicos en metas como la 1, 3 y 22 y con respeto por sus derechos y sistemas de gobernanza. Asimismo, es fundamental incorporar sus sistemas de conocimiento como herramientas eficaces para la conservación, y asegurar que su contribución quede reflejada en los informes nacionales y globales de biodiversidad. Estos indicadores deben medir el progreso en la protección de ecosistemas estratégicos como la Amazonía y los océanos”, se lee en el documento redactado por la sociedad civil.
Incluso, abogan por garantizar acceso directo a financiamiento a los pueblos indígenas, “en tanto son quienes han demostrado ser los más capacitados en la protección de la biodiversidad y enfrentan amenazas creciente para ello”.
Y en cuanto a financiamiento, las organizaciones llaman la atención sobre la necesidad de redireccionar los recursos provenientes de los subsidios fósiles a iniciativas de conservación y transición energética justa, lo que podría ayudar a cerrar la brecha de financiamiento estimada en 700.000 millones de dólares anuales.
Asimismo, las organizaciones instan “al sector financiero a adoptar compromisos para no invertir en sectores extractivos en zonas de elevada biodiversidad, como la Amazonía”.
