COP17 de Biodiversidad: Subsidios perjudiciales duplican los esfuerzos globales de conservación
- En Armenia, la Cumbre de Biodiversidad enfrenta la brecha financiera donde los gobiernos destinan 2,6 billones de dólares a subsidios nocivos, mientras la reforma del gasto público registra un alarmante desempeño crítico de 0,17 según evaluaciones globales.
En el marco de la 17.ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP17), que tiene lugar esta semana en Armenia, la reforma de los subsidios e incentivos económicos perjudiciales para la biodiversidad se ha consolidado como uno de los temas centrales y más complejos de la agenda ambiental global.
La discusión cobra urgencia ante la enorme brecha existente entre el gasto público destinado a actividades que degradan los ecosistemas y la inversión dirigida a su conservación. De acuerdo con datos de Naciones Unidas y evaluaciones presentadas en la cumbre, los gobiernos destinan anualmente $2,6 billones a subsidios e incentivos con impacto negativo sobre el medio ambiente. En términos comparativos, esta cifra implica que por cada dólar que se invierte globalmente en la conservación de la naturaleza, se canalizan aproximadamente $30 hacia actividades que la deterioran.
Asimismo, la información presentada en Armenia evidencia que, en un solo mes, el gasto público global en subsidios nocivos supera la inversión que se realiza en conservación durante todo un año.
Esta encrucijada financiera fue señalada tajantemente por el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, cuando advirtió en el marco de la cumbre de líderes que “subvencionar los combustibles fósiles equivale a subvencionar el suicidio”, agregando que los hidrocarburos “están haciendo hervir nuestro planeta y constituyen una lacra para la biodiversidad”.
Mala calificación en evaluación global
La primera evaluación global sobre la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal mostró que el progreso respecto a la Meta 18 —orientada a identificar, reformar o eliminar incentivos perjudiciales y reducirlos en al menos $500.000 millones anuales para 2030— registra un desempeño crítico.
En la escala cualitativa de evaluación de 0 a 1 utilizada en el informe global, la reforma de subsidios obtuvo un puntaje de 0,17, lo que ubica a este objetivo en el borde del fracaso dentro de los 23 objetivos del acuerdo internacional.
Los datos de la evaluación reflejan la magnitud del rezago:
- El 43% de los países ha abordado al menos la mitad de los elementos que componen la Meta 18.
- Un 26% de las metas nacionales específicas vinculadas a este rubro se consideran en camino o alcanzadas.
- Los indicadores clave muestran un avance del 33% hacia el logro del objetivo global.
- Solo el 37% de los países reportó datos cuantitativos sobre los indicadores principales de la meta.
Entre las principales deficiencias destacan la permanencia de un valor sustancial de incentivos perjudiciales sin reformar, el incumplimiento del hito fijado para 2025 relativo a la identificación de dichos flujos, y un avance calificado como “limitado” e “insuficiente” en la creación e implementación de incentivos positivos.
A nivel de informes nacionales, el análisis detallado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) identifica serias limitaciones de transparencia y precisión técnica. Aunque el 65% de los países presentó informes sobre el avance general en sus compromisos, solo el 44% reportó información específica sobre flujos financieros perjudiciales.
Únicamente un 26% de las naciones logró identificar más de un flujo financiero dañino dentro de sus economías. Esta proporción contrasta con las estimaciones globales que sitúan los subsidios nocivos en más de $2 billones anuales, lo que sugiere importantes omisiones o falta de transparencia en los diagnósticos estatales.
En términos de calidad técnica, apenas el 10% de los reportes sobre flujos perjudiciales y el 6% de los informes sobre incentivos positivos mostraron niveles metodológicos rigurosos.
Tensiones políticas y financieras
El debate en torno a los subsidios perjudiciales ocurre en medio de un estancamiento estructural del sistema de financiamiento de la biodiversidad. De cara al objetivo de movilizar $200.000 millones anuales para 2030 (Meta 19) y alcanzar el hito intermedio de $20.000 millones anuales en cooperación, los aportes siguen estando lejos de las necesidades.
El Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad (GBFF), administrado por el GEF, ha recibido apenas $387,2 millones de 12 donantes desde su creación. Por su parte, el Fondo de Cali, creado en la COP16 para canalizar contribuciones de empresas que lucran con la Información sobre Secuencias Digitales (DSI) de recursos genéticos, ha mostrado un rendimiento casi nulo. Pese a proyectar una recaudación de $1.000 millones anuales, 18 meses después de su puesta en marcha apenas ha recibido $6.000 provenientes de dos empresas, según detalló la organización The Common Initiative.
En las negociaciones de la COP17 se debate acaloradamente si los aportes del sector privado deben convertirse en una obligación frente a la resistencia de sectores empresariales y países desarrollados.
A esto se suma la llamada “trampa de la deuda” que ahoga a los países en desarrollo. Diversos análisis presentados por The Common Initiative destacan que los altos costos del servicio de la deuda externa fuerzan a las naciones del Sur Global a intensificar la extracción de recursos primarios e industrias extractivas para obtener divisas, destruyendo los mismos ecosistemas que el marco multilateral busca proteger.
Estudios citados por The Common Initiative vinculan directamente las condicionalidades y programas de consolidación fiscal con aumentos significativos en las tasas de deforestación en países endeudados.
Mecanismos propuestos en Armenia
Con el objetivo de operacionalizar la Meta 18 y establecer mecanismos de seguimiento sobre las metas nacionales, la Presidencia de la COP17, liderada por el ministro armenio Hambardzum Matevosyan, presentó tres iniciativas.
La primera es el “Llamado de Ereván”, un plan de trabajo enfocado en establecer directrices prácticas para la reforma gradual de los esquemas de subsidios estatales.
“Amigos de la Meta 18” es el segundo mecanismo impulsado por la presidencia, el cual consiste en una alianza de trabajo, copresidida por Colombia y Finlandia, diseñada para dar continuidad a la agenda de reformas e impulsar el cumplimiento de los compromisos tras la conclusión de la conferencia.
El tercero es el “Desafío de Financiamiento de la Biodiversidad de Ereván” que se concibe como una plataforma orientada a brindar asistencia técnica y financiera a los países para la reestructuración de sus políticas de incentivos.
Asimismo, durante las sesiones de la cumbre se expusieron casos de países que han iniciado procesos de evaluación y reorientación de sus flujos financieros públicos. Reino Unido, por ejemplo, modificó el esquema de apoyos al sector agrícola para condicionar los desembolsos a la entrega de resultados ambientales verificables. Actualmente, el programa abarca a 50.000 agricultores y el 50% de la tierra agrícola, otorgando los fondos tras la mejora comprobada del entorno.
Uzbekistán, a través de su Ministerio de Finanzas, elaboró una ruta de trabajo orientada a estructurar incentivos sostenibles y eliminar progresivamente los subsidios otorgados a empresas del sector de combustibles fósiles para el año 2027.
Por su parte, Países Bajos realizó un análisis integral sobre 102 flujos de dinero público para determinar su impacto frente a las causas científicas de la pérdida de biodiversidad, integrando un plan de reforma en el marco de sus revisiones regulatorias periódicas.
Ajedrez político
El trasfondo político de la COP17 refleja marcadas divisiones geopolíticas. El Sur Global y los Países Megadiversos, liderados por bloques latinoamericanos y africanos, exigen que cualquier exigencia para recortar subsidios nacionales (Meta 18) esté vinculada a garantías jurídicamente vinculantes de financiamiento de compensación por parte de los países ricos.
En cuanto a China y la base de contribuyentes mantienen un intenso debate sobre la ampliación de la base de donantes. Pese a situarse cerca del umbral de ingresos altos y poseer un enorme impacto ambiental global, China aboga por mantener la diferenciación histórica acordada en 1992, canalizando sus aportes de forma paralela mediante su propio Fondo de Biodiversidad de Kunming en lugar del sistema multilateral central.
A través del Foro Internacional de Indígenas sobre Biodiversidad (IIFB), las delegaciones comunitarias han exigido que los fondos multilaterales —incluido el 50% prometido del Fondo Cali— lleguen de manera directa a los territorios indígenas mediante mecanismos de desembolso autónomos, evitando la intermediación burocrática de los gobiernos centrales.
Con respecto al sector privado, a inicios de la cumbre, más de 130 empresas dirigieron una carta abierta a los gobiernos instándolos a reformar urgentemente los incentivos financieros que alimentan el agotamiento de los recursos naturales. Analistas de instituciones financieras como Triodos Bank advirtieron que “es demasiado fácil para las empresas simplemente sentarse a esperar a que los gobiernos arreglen los incentivos”, urgiendo una reestructuración de las reglas del mercado.
Como señalaron portavoces de WWF en Ereván (Armenia), la lógica económica tradicional ha justificado los subsidios dañinos en nombre del empleo y el crecimiento, pero la evidencia actual demuestra que los costos de la destrucción ambiental superan con creces los beneficios originales.
Sin una reforma sustancial de la arquitectura financiera global y un recorte directo de los flujos nocivos, el cumplimiento de las metas globales de biodiversidad para 2030 continuará fuera del alcance de la comunidad internacional. Lo mismo ocurrirá con las metas climáticas globales, pues no existe acción contra la crisis climática que pueda sostenerse sobre la destrucción sistemática del mundo natural.
