Latinoamérica concentra el 85% de los asesinatos a defensores ambientales
- Durante el 2025, alrededor de 124 defensores y defensoras del medio ambiente y de territorios indígenas fueron asesinadas alrededor del mundo. De ellas, 105 fueron asesinadas en América Latina.
Durante el 2025, alrededor de 124 personas defensoras del medio ambiente y territorios indígenas fueron asesinadas alrededor del mundo. De ellas, 105 fueron asesinadas en América Latina, según detalló el informe anual publicado por Global Witness.
“Los defensores son los ojos y los oídos del mundo en el territorio. Gracias a ellos sabemos cuándo se destruyen los ecosistemas, dónde se talan los bosques o se contaminan los ríos. La violencia que sufren las personas defensoras, incluidos los asesinatos en los casos más extremos, refleja una lucha mucho más amplia por la tierra y los recursos del mundo. Pero más allá de estas historias trágicas, no podemos olvidar a los miles de defensores de todo el mundo que trabajan a diario para proteger sus territorios y culturas bajo una presión cada vez mayor”, afirmó Toby Hill, investigador y autor principal del informe.
La labor de los defensores ambientales, especialmente dentro de las comunidades indígenas, resulta imprescindible en la trinchera global contra la crisis climática y el colapso de la biodiversidad. A pesar de representar apenas el 6% de la población mundial, los pueblos indígenas resguardan el 80% de la biodiversidad del planeta mediante saberes y prácticas ancestrales que mantienen los bosques más saludables, diversos y resilientes.
Esta custodia territorial tiene un impacto medible: en países como Brasil, Colombia, México y Perú, las tierras indígenas capturan más del doble de carbono que las áreas no protegidas por ellos, aportando en promedio un 30% de las metas incondicionales de mitigación comprometidas al 2030 en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
Sin el blindaje natural que ejercen estas comunidades, alcanzar los objetivos climáticos y detener el deterioro de los ecosistemas globales se vuelve una meta sencillamente inalcanzable.
Latinoamérica: zona de alto riesgo
Según los registros de 2025, América Latina concentró el 85% de los homicidios de defensores de la tierra y el medio ambiente, manteniéndose de forma sostenida como la zona más crítica a nivel global desde que Global Witness comenzó sus informes anuales en 2012.
Los datos de la organización internacional revelan que el impacto recae con mayor dureza en las comunidades que custodian directamente estos territorios: cerca del 36% de las víctimas pertenecían a pueblos originarios y un 40% a sectores campesinos, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también su entorno y sustento vital.
Por cuarto año seguido, Colombia se ubicó como la nación más mortífera para quienes defienden el territorio, registrando 39 homicidios, donde cerca del 50% de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas. Le siguió Brasil, que sumó 26 casos en 2025, una cifra que duplicó los registros del año previo (12). Once de los asesinados en 2025 en Brasil eran personas campesinas, siete eran indígenas, además de personas campesinas que habitaban en estados como Rondônia y Pará.
Entre ambos países, Colombia y Brasil, concentraron el 52% del total de crímenes documentados. La lista de los lugares más críticos para los defensores ambientales la completan Honduras con 12 agresiones fatales, México con 10 y Guatemala con ocho.
A nivel mundial, más de un tercio de los asesinatos documentados estuvieron asociados al crimen organizado o a asesinos a sueldo. En el caso específico de Colombia, de los 39 asesinatos registrados, 17 se vincularon presuntamente al crimen organizado (principalmente a grupos criminales surgidos tras el acuerdo de paz) y otros cinco a asesinos a sueldo.
En contextos de disputas por la tierra (como en Brasil), se señala que la presión y la violencia contra las comunidades se ejercen a través de grupos armados y mediante el uso de la fuerza policial.
Los ataques y asesinatos también estuvieron asociados a sectores económicos específicos que disputan los territorios y recursos. Por ejemplo, 11 asesinatos se vinculan con la minería e industrias extractivas. En el caso de intereses madereros fueron ocho asesinatos y en agroindustria seis.
¿Cómo se están protegiendo las comunidades?
El informe de Global Witness resalta que en respuesta a la violencia y a la protección insuficiente por parte del Estado, las comunidades (especialmente los pueblos indígenas y otros grupos en la primera línea) han desarrollado e implementado diversas estrategias y mecanismos de protección colectiva basados en sus prácticas ancestrales, culturales y espirituales.
Estas acciones y medidas preventivas orientadas a la defensa de la vida, sus territorios, derechos y medios de subsistencia incluyen:
- Patrullas territoriales y monitoreo: Las comunidades realizan patrullajes constantes para vigilar sus territorios y detectar incursiones ilegales. Por ejemplo, en Perú, las comunidades Kakataibo han establecido una Guardia Indígena cuyos miembros patrullan activamente para proteger su tierra y la biodiversidad de la Amazonía frente a la degradación y la violencia del crimen organizado y el cultivo ilegal de coca.
- Sistemas de alerta temprana: Implementan mecanismos para detectar y avisar de manera oportuna sobre posibles riesgos o incursiones en sus tierras.
- Redes de monitoreo comunitario: Creación de redes organizadas dentro de la propia comunidad para vigilar el estado de sus territorios.
- Educación desde temprana edad: En culturas como la Kakataibo, en la amazonía peruana, la labor de defender los recursos y el territorio se enseña y transmite a las nuevas generaciones desde que son muy jóvenes.
”Defender nuestro territorio es importante para nosotros como comunidad y como pueblo, y nos enorgullece defender el medio ambiente del que todos dependemos. En nuestra cultura, la labor de defender nuestros recursos y territorio se enseña desde temprana edad. Pero para la próxima generación, esta labor es más peligrosa que nunca”, dijo Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo del Perú, en declaraciones a Global Witness.
Además de esto, en México se está proponiendo la creación de un marco legal común para enfrentar el ecocidio en América Latina. Esta iniciativa es impulsada por la organización internacional Stop Ecocidio, junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Asociación de Investigadores en Derecho Penal Ambiental y Climático, y la Universidad Iberoamericana de México.
La iniciativa, entre otras medidas, plantea castigos más fuertes contra quienes intenten intimidar, atentar o ejercer violencia en contra de las personas que denuncian el ecocidio y protegen la naturaleza, inclusive propondría que los Estados asuman la responsabilidad de reparar los daños ambientales en aquellos casos donde no se logre identificar a los responsables directos.
No está de más recordar que América Latina ya cuenta con el Acuerdo de Escazú, primer tratado internacional con disposiciones específicas y un plan de acción al 2030 para proteger a los defensores ambientales.
El Acuerdo de Escazú, en su artículo 9, exige a los Estados garantizar un entorno seguro, prevenir agresiones y sancionar los ataques, recordando que salvar el planeta requiere, indispensablemente, proteger a quienes entregan la vida por él.
