• Aunque el país se ubicó en el puesto 18 a nivel mundial por sus sólidas políticas en salud y metas contra el carbono negro, enfrenta un vacío económico crítico al omitir los costos de los impactos climáticos y partidas presupuestarias específicas.

Costa Rica alcanzó una calificación de 18 de 32 puntos posibles en el informe Healthy NDCs Scorecard 2026, elaborado por la Alianza Global por el Clima y la Salud (GCHA, por sus siglas en inglés).

La evaluación refleja que el país destaca en la planificación conceptual e intersectorial de la salud frente al cambio climático, pero enfrenta serias limitaciones estructurales para garantizar su viabilidad financiera e inclusiva.

Costa Rica alcanza el máximo nivel en la formulación de políticas de adaptación (como planes sectoriales, evaluación de vulnerabilidades y fortalecimiento de infraestructuras) y en el reconocimiento explícito de que las acciones climáticas en transporte y energía generan beneficios directos en la salud pública.

Asimismo, demuestra un sólido diagnóstico sobre las amenazas climáticas y la calidad del aire, situándose en un selecto grupo de cinco naciones —junto a Camboya, Chile, Colombia y Paraguay— que establecen metas cuantitativas para reducir el carbono negro, un supercontaminante decisivo para frenar el calentamiento a corto plazo y prevenir enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Esto es particularmente relevante dado que la tasa de mortalidad por contaminación del aire en Costa Rica se ubica en 34,8 muertes por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, el desglose por categorías pone al descubierto vacíos sustanciales. Aunque se avanza en el seguimiento y monitoreo de sus metas, presenta un rezago marcado al articular la salud con los principios de transición justa —omitiendo una atención integral a trabajadores expuestos y comunidades en alta vulnerabilidad— y en la coordinación formal y continua entre el Ministerio de Salud y los entes de gobernanza climática.

El punto más crítico radica en el ámbito económico y financiero, donde Costa Rica no incluye costos de los impactos sanitarios, partidas presupuestarias específicas ni proyecciones sobre el retorno de inversión en salud. Esta carencia amenaza con dejar en el papel las medidas planificadas, al no estructurar el respaldo económico ni la movilización de recursos necesarios para su ejecución real.

Insumo para la acción

El informe Healthy NDCs Scorecard 2026 evaluó un total de 117 Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), que son las metas y planes de acción climática que los países presentan en el marco del Acuerdo de París. Estas NDC fueron presentadas ante Naciones Unidas antes del 1 de agosto de 2026. Costa Rica presentó la suya el 14 de noviembre de 2025.

El informe define como “NDC Saludables” a aquellas que incorporan de manera explícita consideraciones sobre la salud humana y la calidad del aire dentro de sus compromisos.

La evaluación analiza el desempeño de las NDC en ocho categorías: impactos en la salud, contaminación del aire, acciones en el sector salud, cobeneficios para la salud, transición justa, gobernanza integrada, economía y finanzas, e implementación y monitoreo.

El propósito de esta evaluación es determinar si los compromisos climáticos nacionales son suficientes para proteger la salud de las poblaciones, visibilizar buenas prácticas, identificar brechas de financiamiento y promover la integración de la salud en la acción climática.

Entre los hallazgos globales de 2026, el 100% de las NDC analizadas incluyeron alguna mención a la salud o calidad del aire, el 79,5% abordó impactos en salud, el 80,3% describió acciones en el sector sanitario y el 82,1% reconoció co-beneficios para la salud en otros sectores.

Costa Rica se ubica en el puesto 18 a nivel mundial. En el contexto regional de América Latina y el Caribe, el país se posiciona en el cuarto lugar, únicamente por detrás de Colombia, Paraguay y Surinam.

Liderazgo latinoamericano

América Latina y el Caribe se consolidó como la región con el promedio más alto del mundo en la evaluación, alcanzando una media regional de 12,8 puntos sobre 32. Colombia encabeza la clasificación global (29 puntos), destacándose por integrar la salud de manera transversal, fijar metas de reducción de carbono negro y considerar la transición justa.

Le siguen Paraguay (22 puntos), Surinam (21), Costa Rica (18), México (17), Belice (16), República Dominicana (16), Ecuador (15) y Chile (15). Perú obtuvo 13 puntos, El Salvador y Barbados 11, Honduras y Panamá 10, y Uruguay 8.

En el extremo opuesto están los países productores o emisores clave que registran un desempeño desfavorable: Brasil con 7 puntos, Jamaica y Trinidad y Tobago con 3 puntos, mientras que Guyana tuvo 2 puntos.

Pese a liderar en compromisos de salud, la región enfrenta la paradoja de mantener una continua reticencia a frenar la dependencia y extracción de combustibles fósiles, lo que pone en riesgo la consecución de sus propias metas sanitarias y climáticas.

Esta dependencia a los combustibles fósiles también se observa a nivel global. De las 20 puntuaciones más altas en todo el mundo, 19 corresponden a países de ingresos bajos y medianos. Por el contrario, varias de las principales economías y mayores emisores mundiales obtuvieron puntuaciones deficientes o intermedias que no coinciden con la ambición requerida para mitigar el calentamiento global: la Unión Europea sumó 12 puntos, Canadá 16 y Emiratos Árabes Unidos 19, mientras que el Reino Unido, China y Australia obtuvieron 9 puntos, Rusia 6, Corea del Sur 4, e India, Japón y Nueva Zelanda alcanzaron tan solo 2 puntos.

A pesar de que los impactos climáticos provocaron eventos extremos catastróficos en 2026 en distintas regiones del planeta, la financiación internacional para la calidad del aire exterior continúa representando menos del 1% de la ayuda al desarrollo.

“Al no tener en cuenta los vínculos entre la salud, la reducción de emisiones y los beneficios colaterales, como la mejora de la calidad del aire, los Gobiernos no solo pierden la rentabilidad de la inversión, sino que corren el riesgo de encaminarse hacia un mundo donde los sistemas de salud se vean desbordados por la creciente carga sanitaria derivada de la contaminación atmosférica y los riesgos climáticos cada vez más graves, superando los límites de la adaptación y con costes que se disparan”, comentó Tola Klabough, analista de proyectos de GCHA.

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