La paradoja de los subsidios: ministros pactan focalización fiscal mientras la sociedad civil exige el fin del rescate fósil
- Mientras los ministros latinoamericanos acordaron depurar registros y proteger las finanzas públicas frente a los precios de los combustibles, organizaciones sociales advirtieron que la reforma debe eliminar los subsidios a los hidrocarburos y redirigir esos recursos a la transición energética con energías renovables.
Los ministerios de energía de América Latina y el Caribe cerraron la XI Semana de la Energía de la OLACDE con un acuerdo para modernizar y recortar el peso fiscal de los subsidios energéticos, justo en medio del impacto de la volatilidad internacional de los combustibles por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
La declaración de los ministros señala que los esquemas generalizados de subsidios disminuyen la eficacia y progresividad de las políticas públicas, generando desequilibrios fiscales y distributivos al favorecer proporcionalmente a los sectores de ingresos medios y altos.
De hecho, los ministros acordaron implementar criterios socioeconómicos, territoriales y climáticos para dirigir la asistencia estatal hacia hogares en situación de pobreza energética. Para ello proponen herramientas tecnológicas de digitalización e interoperabilidad de bases de datos, consolidación y depuración permanente de registros sociales, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales y cooperación regional entre los países miembros de OLACDE.
Sin embargo, la resolución —adoptada el pasado 9 de octubre en Santo Domingo (República Dominicana) — encendió el debate: mientras las autoridades energéticas centraron la discusión en depurar padrones sociales y blindar el equilibrio presupuestario de los Estados, las organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la reforma no debe reducirse a un ajuste fiscalista, sino traducirse en una estrategia para eliminar el auxilio económico a los combustibles fósiles.
Actualmente, las subvenciones a los hidrocarburos consumen en promedio un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) regional. Esta carga fiscal resulta desproporcionada al compararla con el peso de la industria del petróleo y el gas en las economías latinoamericanas, cuyo aporte directo a la producción apenas alcanza el 3,9% del PIB. En la práctica, los gobiernos están destinando más recursos públicos a subvencionar el consumo de derivados que lo que la propia actividad extractiva aporta al desarrollo económico de la región.
Cássio Carvalho, asesor político del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC) de Brasil, enfatizó el dilema al señalar:
“Reformar no significa simplemente eliminar subsidios, sino identificar qué instrumentos deben priorizarse, en qué orden pueden revisarse y qué políticas deben acompañar este proceso para evitar que sus costos recaigan sobre las poblaciones más vulnerables”.
Carvalho cuestionó además la inacción sobre el fondo del gasto público al plantear la necesidad de discutir “quién paga por la dependencia fiscal y energética de los combustibles fósiles, quién se beneficia de ella y quién debe financiar la transición”.
Para las organizaciones, la reforma debe servir para proteger a las poblaciones vulnerables y, al mismo tiempo, liberar recursos públicos para financiar la transición energética hacia fuentes renovables.
Verónica Méndez, coordinadora de Energía Limpia de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), advirtió que mantener la narrativa de seguridad energética basada en subsidios e incentivos al gas fósil oculta la necesidad de promover la autogeneración renovable, la eficiencia energética y la democratización del consumo directo en las comunidades.
Por su parte, Carolina Sánchez, vocera de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, calificó la apuesta por los hidrocarburos y sus subsidios como una atadura a mercados internacionales que los países no controlan, y plantea que la verdadera resiliencia económica está en las renovables distribuidas, la integración regional y la autogeneración comunitaria.
Electrificación de consumo final y economía circular
En materia de descarbonización de la demanda, la reunión ministerial aprobó otra resolución sobre electrificación de los consumos finales. El mandato instruye a la Secretaría Permanente de la OLACDE a elaborar un diagnóstico regional e impulsar políticas públicas e incentivos normativos que permitan sustituir de forma progresiva el consumo directo de hidrocarburos por electricidad renovable en sectores clave como transporte, industria, edificaciones y agricultura.
La medida se respalda en las cifras del Monitor de la Movilidad Eléctrica emitido por la OLACDE en Quito (Ecuador) en setiembre de 2026, el cual confirmó que América Latina y el Caribe superó el millón de vehículos electrificados y alcanzó los 10.685 buses eléctricos, lo que genera un ahorro energético de $1.519 millones anuales (cerca de $ 4 millones diarios).
A la par de esta decisión, los ministros aprobaron otra resolución relativa a la economía circular en el sector energético, destinada a reglamentar el reciclaje de componentes tecnológicos como paneles solares y baterías, además de incorporar el aprovechamiento de residuos industriales, gas de quema y proyectos de captura de carbono.
Desde la acera comunitaria y ambientalista, las organizaciones destacaron que masificar la electrificación y el almacenamiento de energía frena la construcción de nueva infraestructura de gas fósil, pero advirtieron que la minería para baterías no debe repetir esquemas extractivistas en los territorios.
Asimismo, criticaron que se pretenda catalogar el gas de quema o la captura de carbono como economía circular para maquillar la continuidad de las industrias fósiles. Méndez cuestionó el enfoque oficial:
“América Latina y el Caribe siguen dependiendo de los combustibles fósiles, especialmente del gas, bajo el argumento de garantizar la seguridad energética. Desde AIDA consideramos fundamental cuestionar esta narrativa y ampliar la discusión hacia alternativas como la autogeneración, la eficiencia energética y la reducción del consumo”.
La abogada de AIDA remarcó que “la autogeneración con fuentes renovables permite a las personas y comunidades producir energía de manera individual o colectiva, reducir emisiones, disminuir la pobreza energética y limitar la dependencia de redes centralizadas”.
Juventud y participación
En el eje de gobernanza social, las delegaciones oficiales ratificaron una decisión para institucionalizar el Consejo Regional de Juventudes en Energía. El nuevo órgano de consulta permanente busca entablar un canal directo entre las autoridades energéticas del continente y las organizaciones juveniles para integrar sus propuestas en la planificación de la transición.
Aunque la sociedad civil valoró la creación de este espacio para jóvenes, las organizaciones señalaron que la OLACDE debe dar el paso definitivo e institucionalizar un mecanismo permanente para las agrupaciones sociales y comunitarias, tal como lo hizo en 2023 con el sector privado a través del Consejo Empresarial.
Alejandro Jaimes Bahamón, integrante de CANLA y coordinador regional de ANGRY, expresó:
“Vemos positivo que la transición ha sido un tema central, pero aún falta mucho por hacer, en especial para incluir a la sociedad civil en más espacios, considerar la justicia y la equidad en factores de planificación, y abordar el cambio climático como un componente fundamental en la seguridad energética”.
En toda la región hay comunidades que generan y gestionan su propia energía, desde microrredes solares que resisten huracanes hasta microcentrales hidroeléctricas comunitarias. Para que esas experiencias se multipliquen, las organizaciones argumentan que las reglas de la autogeneración y de la generación comunitaria deben construirse con quienes las hacen posibles.
“Democratizar la energía significa que hogares, cooperativas y comunidades puedan producirla, gestionarla y decidir sobre ella, y que la transición reparta sus beneficios de forma justa”, destacaron en un comunicado.
En este sentido, las organizaciones proponen a OLACDE y a sus países miembros que la sociedad civil tenga un espacio permanente en este foro y se le incluya en los espacios de opinión técnica y política.
Asimismo, les instan a aplicar en los territorios la decisión ministerial de 2025 sobre transición energética justa con las comunidades, la cual busca responder al incremento de la conflictividad socioambiental derivado del despliegue de infraestructura renovable e impulsar una distribución equitativa de sus beneficios económicos y sociales.
Esta normativa marco —que toma como referencia instrumentos internacionales de derechos humanos, la consulta previa del Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información y participación pública— mandata a la Secretaría Permanente de la OLACDE a crear una comisión regional de participación e inserción territorial con representatividad de los Estados miembros.
Con ello, las organizaciones enfatizan la urgencia de traducir dichos principios en procesos efectivos de diálogo, consulta e inclusión directa de los pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y juventudes en la toma de decisiones sobre la instalación de proyectos de energía en sus territorios.
Camino a la COP31
El debate sostenido en Santo Domingo se da como continuación del camino trazado, en abril de 2026, durante la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta (Colombia).
En dicho foro, coorganizado por Colombia y Países Bajos con la presencia de 57 naciones y 2.600 organizaciones, se formalizó un grupo de trabajo enfocado en diseñar la salida gradual del petróleo, el gas y el carbón, rumbo a la segunda conferencia fijada para 2027 en Tuvalu.
Durante la XI Semana de la Energía, colectivos agrupados en el evento “De Santa Marta a Santo Domingo: por una transición energética justa y popular” insistieron en que los ministerios de energía deben integrar las hojas de ruta de descarbonización de Santa Marta de cara a la COP31.
Sánchez alertó sobre la vulnerabilidad regional: “Somos países insulares y costeros que enfrentan huracanes cada vez más destructivos, sequías, inundaciones y el aumento del nivel del mar. Aun así, el mar Caribe se está llenando de nuevos proyectos de petróleo y gas, una apuesta que nos ata a mercados que no controlamos, en una región que ya paga una de las electricidades más caras del mundo y que siente el impacto de cada crisis global en las facturas que llegan a los hogares”.
“Una transición justa y popular es nuestra mejor estrategia de resiliencia: renovables distribuidas que mantienen la luz encendida cuando cae la red, integración eléctrica entre vecinos y economías diversificadas que no dependan de un barril importado. Para lograrlo, los gobiernos deben escuchar y colaborar con la sociedad civil como aliada para alcanzar metas de electrificación y soberanía energética”, continuó.
La vocera de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles reiteró la postura colaborativa de las organizaciones:
“La sociedad civil no fue a la Semana de la Energía a oponerse, sino a sumar. Conocemos los territorios, sabemos lo que funciona en las comunidades y queremos ayudar a que las políticas energéticas se diseñen, se decidan y se implementen con la gente”.
A modo de balance, Andrés Gómez, coordinador para Latinoamérica de la Iniciativa por un Tratado sobre Combustibles Fósiles, remarcó las deudas del encuentro oficial:
“La Semana de la Energía evidenció la importancia de fortalecer la integración regional para enfrentar desafíos energéticos comunes, pero dejó de lado los asuntos centrales: la crisis climática y la necesidad de superar la dependencia de los combustibles fósiles”.
Ante esto, las organizaciones llamaron a los gobiernos de la región a asumir con firmeza la transición energética justa y presentar compromisos en la próxima COP31 que tendrá lugar en noviembre en Antalya, Turquía.
Inteligencia artificial sobrecargará las redes eléctricas
Ante el avance acelerado de las tecnologías digitales, los ministros de América Latina y el Caribe aprobaron una decisión ministerial sobre inteligencia artificial. En esta se advierte sobre el impacto que tendrá la proliferación de centros de datos de alta densidad en la carga base de las redes eléctricas regionales.
Específicamente, la expansión de las tecnologías asociadas a la IA y sus centros de procesamiento de datos asociados genera incrementos significativos en la demanda eléctrica, los cuales se caracterizan por altos requerimientos de potencia, operación continua y elevada densidad de consumo.
Esta demanda continua e intensa plantea desafíos para la expansión de la capacidad de generación, transmisión y distribución; así como el mantenimiento de un suministro eléctrico competitivo, eficiente, sostenible y seguro.
Por ello, la decisión ordena a la OLACDE realizar un diagnóstico de la demanda proyectada por el uso de IA, evaluar su impacto en la planificación de las redes de generación, transmisión y distribución, y conformar un Grupo de Trabajo Técnico (GTO) encargado de fijar salvaguardas éticas, de ciberseguridad y sostenibilidad ambiental.
Igualmente, la OLACDE asesorará a los gobiernos en la creación de políticas que canalicen el uso de la inteligencia artificial hacia la gestión eficiente de la red sin poner en riesgo la estabilidad del suministro.
