Costa Rica, el ausente de la primera conferencia del Acuerdo de Escazú
Después de años de largas negociaciones lideradas por Chile y Costa Rica, el 4 de marzo del 2018 se aprobó el Acuerdo de Escazú. Este es el primer acuerdo ambiental gestado en América Latina y el Caribe, el cual precisamente se adoptó en el cantón costarricense que le da nombre.
Este tratado aboga tanto por el acceso a la información como por la participación ciudadana y la protección a los defensores ambientales. De hecho, este es el primer instrumento internacional vinculante que se desprende de la Declaración de Río.
A cuatro años después de su aprobación y uno desde su entrada en vigor, Costa Rica aún no lo ratifica y su discusión es fuente de polémica en el seno de la Asamblea Legislativa. Esa negativa convierte a este país centroamericano en uno de los grandes ausentes de la primera Conferencia de las Partes o COP1 del Acuerdo de Escazú, que se realiza del 20 al 22 de abril en la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ubicada en Santiago de Chile.
"Este tratado no solo se aprobó en mi país sino que se firmó en un lugar que los indígenas huetares llamaron Itzkazú y es donde se empezó a construir esta historia sobre una de las empresas más ambiciosas de la democracia ambiental, así que no me queda más que celebrar con gratitud", dijo la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, durante su intervención en el marco de la inauguración de la COP1 del Acuerdo de Escazú. CEPAL invitó a Costa Rica a participar en este espacio en reconocimiento a su liderazgo durante el proceso de negociación del tratado.
"Sin embargo, la satisfacción no puede ser total cuando mi país y más de una decena de países más no han culminado sus procesos de ratificación. Para todos es bien sabido que nuestras sociedades se han polarizado en debates absurdos sobre la disyuntiva entre conservación del ambiente y el desafío del desarrollo sostenible. Lamento mucho que, en medio del Siglo XXI, haya quienes planteen esa falsa dicotomía, con falsas premisas que nos dificultan avanzar en políticas públicas y legislación que entienda el inmenso desafío que tenemos por delante. Ya no tenemos más tiempo, el cambio climático nos rebasa y son las poblaciones más vulnerables quienes están llevando la peor parte de esta crisis", continuó Campbell.
Hasta el momento, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países latinoamericanos y ratificado por 12 de ellos, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El nombre completo del tratado es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Es el primero en el mundo en tener consideraciones específicas sobre protecciones para defensores del ambiente. El tratado reafirma el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que establece “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas”.
De esta manera, el Acuerdo de Escazú se centra en garantizar el derecho a la información sobre asuntos ambientales, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y permitir el acceso a la justicia ambiental. También busca proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a contribuir con el desarrollo sostenible.
¿Por qué el retraso en su ratificación?
En el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica, se le atribuye a la Asamblea Legislativa la potestad de avalar los acuerdos internacionales. Los acuerdos deben aprobarse por medio de dos debates y contar con al menos 38 votos favorables para su ratificación.
En febrero del 2020, en el primer debate, el Acuerdo de Escazú recibió 44 votos a favor y cero en contra. Sin embargo, la Sala Constitucional ordenó repetir la votación debido a un “vicio de procedimiento” por omisión de consulta a la Corte Suprema de Justicia. Indicó que la sección sobre “acceso a la justicia ambiental” del tratado conllevaría gastos y procedimientos adicionales para el Poder Judicial, por lo que se le debía consultar previo a realizar el voto.
Un año después, en abril del 2021, cuando la ratificación volvió a la agenda pública, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) se manifestó públicamente en contra del Acuerdo de Escazú a través de un comunicado de prensa: “dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica. UCCAEP reitera que está a favor de la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible, no obstante, para armonizar ese desarrollo se necesitan consensos y escucha activa al sector productivo”.
Estos y otros factores causaron que varios diputados cambiaran de opinión y se posicionaran en contra de la ratificación del Acuerdo. Las voces más prominentes venían de las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Nueva República (NR), quienes anunciaron que votarían por unanimidad en contra del tratado.
El 25 de febrero del 2022, otras cámaras empresariales (CICR, CCC, Cámara de Comercio, CADEXCO, CANAPEP, CERYT, CRECEX) también manifestaron su oposición mediante un comunicado de prensa dado a que “atenta contra la urgente reactivación económica.”
Las voces a favor
El 8 de marzo del 2022, en el marco de la Quinta reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, representantes de CEPAL, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), destacaron la relevancia del Acuerdo de Escazú como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones.
Alicia Bárcena, que en ese momento era Secretaria Ejecutiva de CEPAL, junto con Jaime Robert Díaz, vicepresidente ejecutivo del BCIE, firmaron un memorándum de entendimiento mediante el cual se establece un marco de coordinación interinstitucional para la promoción y difusión del Acuerdo de Escazú.
“Hay quienes le temen al Acuerdo de Escazú porque va a impedir inversiones. ¡Al contrario! Este acuerdo puede lograr que las inversiones sean sostenibles, con la participación de las comunidades. Si ellas son parte de la aprobación de un proceso, hay más posibilidades de que sean sostenibles ambientalmente y en el tiempo”, dijo Bárcena ante los críticos del tratado.
Mario Peña Chacón, quien es abogado así como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y máster en Legislación Ambiental, es uno de los defensores más vocales de la ratificación de este tratado. En su artículo “El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica”, el abogado desmiente muchas de las razones dadas por la UCCAEP al oponerse a este Acuerdo.
El abogado llega a la siguiente conclusión: “el Acuerdo no incluye ninguna medida a favor de los derechos humanos y el ambiente concerniente a las empresas que no esté ya vigente en el marco legal costarricense”.
Contra el argumento principal de la UCCAEP, el cual se refiere a como el Acuerdo de Escazú impulsaría la creación de un mecanismo de participación pública que podría paralizar futuros proyectos empresariales, Peña indica que, en ningún momento, el Acuerdo busca la creación de un mecanismo de participación pública de este tipo. Por el contrario, alienta a los Estados a fomentar una participación abierta en los procesos de toma de decisiones ambientales.
El abogado también enfatiza que, “ni el Acuerdo de Escazú, ni la legislación interna, contemplan la posibilidad del público de vetar proyectos empresariales a través de mecanismos o instancias de participación pública.”
En otro artículo, donde el abogado aborda las preocupaciones de inconstitucionalidad señaladas por algunos críticos del tratado, se resalta que “en nueve ocasiones distintas el Acuerdo de Escazú remite directa y expresamente a la legislación interna de los Estados parte, utilizando las siguientes frases: ‘Cada Parte asegurará en el marco de su legislación ambiental’, ‘Cada Parte, de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales’ y ‘Cada Estado en el marco de sus regulaciones internas’.”
Peña concluye que el Acuerdo de Escazú sí es vinculante; sin embargo, está basado en un modelo de cooperación que toma en cuenta las posibilidades internas de cada nación involucrada. El tratado busca fortalecer capacidades, por lo que no incluye sanciones para los Estados que lo ratifican.
Las siguientes instituciones se han declarado a favor de la ratificación del tratado internacional: las universidades públicas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 17 consejos municipales y organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el EIB.
Nuevo gobierno, nuevas voces, pocos prospectos
La administración Alvarado Quesada dejó pasar la oportunidad de ratificar el Acuerdo, por lo que su futuro es incierto y poco probable.
La diputada independiente Paola Vega acusó a la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) de ser la responsable por el atraso en la ratificación, mientras que el diputado José María Villalta, representante del Partido Frente Amplio, fue uno de los principales defensores del tratado y mantuvo su postura en firme, incluso durante las elecciones presidenciales que concluyeron en abril de 2022.
Por su parte, Rodrigo Chaves, presidente electo, ha expresado su oposición al tratado. Su partido político posee nueve curules en la próxima Asamblea Legislativa que entrará en funciones este 1 de mayo.
Otros partidos que se manifestaron en contra de la ratificación, y que sostienen curules en la próxima Asamblea Legislativa, son: el Partido Liberal Progresista(PLP) con seis diputados, el Partido Nueva República con siete diputados y el Partido Unidad Social Cristiana con once diputados.
Queda por verse la posición que tomará la bancada del PLN. El candidato y expresidente, José María Figueres, se manifestó en contra del tratado durante la contienda electoral.
En cuanto al Frente Amplio, el diputado electo Ariel Robles, en una entrevista al MundoCR, se manifestó a favor de la ratificación. Sin embargo, este partido solo tiene seis diputados como resultado de la última elección, por lo que la ratificación se ve poco probable en el futuro cercano.
