Desastres también lloverían sobre las finanzas públicas
El huracán Otto golpeó al país en el 2016. Además de dejar a diez personas sin vida y a más de tres mil personas en albergues, este evento tuvo otro impacto un poco más silencioso: costó un 0,4% del PIB.
Al año siguiente, no obstante, el costo fue aún mayor. La tormenta tropical Nate tuvo impactos aún más destructivos y, como consecuencia, le terminó costando un 1,3% del PIB al país, un monto mayor al presupuesto total de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en ese año.
Ahora, el último informe del Estado de la Nación advierte que, conforme estos eventos se hacen más frecuentes e intensos por causa del cambio climático, las precarias finanzas del país podrían verse aún más presionadas.
Según muestran los datos del informe, para atender la emergencia de Otto el Gobierno tuvo que invertir 2,4% de sus ingresos fiscales y, en el caso de Nate, tuvo que hacer uso de 6,7% de sus ingresos.
No obstante, de acuerdo con el coordinador del capítulo ambiental del informe, Leonardo Merino, la reconstrucción posterior a la emergencia sería un rubro aún más complicado, ya que no suele estar presupuestada.
En el caso de Nate, por ejemplo, para reconstruir los impactos en infraestructura, agricultura y educación, entre otros, el país tendría que destinar un 3,6% del Presupuesto Nacional. Esto es un poco más de lo que recibió el Ministerio de Salud en el 2017.
En ciertas localidades el impacto es aún mayor. Por ejemplo, Buenos Aires de Puntarenas necesitaría una suma diez veces mayor al presupuesto de su Municipalidad para recuperarse totalmente del impacto de Nate.
“(Por causa de los desastres) el Estado tendría que asumir un costo “extra”, ya que no está contemplado. En una situación donde ya tenemos déficit fiscal, esto viene a presionar aún más”, dijo a Ojo al Clima una de las investigadoras del capítulo ambiental, Karen Chacón.
Otro de los problemas de atender más emergencias por eventos climáticos es el endeudamiento. De acuerdo con el informe, atender la emergencia de Nate aumentaría en un 7,9% la deuda del Gobierno, ya que los recursos fiscales no serían suficientes para reconstruir sus daños.
Al igual que este informe, la Contraloría General de la República (CGR) viene advirtiendo que los desastres se están volviendo “exponencialmente” más costosos en años recientes.
Un informe de la CGR del 2018 muestra que la reparación y reconstrucción por eventos hidrometeorológicos pasó de costar ₡8.903 millones en 1988 a ₡202.681 millones en 2010, un aumento de 42% si se toma en cuenta la inflación.
“Me preocupa porque, al igual que en otros temas y circunstancias, nuestra intención es precisamente prevenir para la toma de decisiones. Sabemos que en caso de no tomar acciones el impacto gradual será cada vez mayor”, manifestó a Ojo al Clima la Contralora General, Marta Acosta.
Reducir los costos
De acuerdo con la investigadora del Estado de la Nación, Karen Chacón, habría tres maneras principales para intentar reducir los costos por eventos hidrometeorológicos extremos.
En primera instancia lo ideal sería tener un adecuado ordenamiento territorial en todos los cantones del país. Esto ayudaría a construir sobre el territorio más adecuado.
“Esto nos garantizaría que poblaciones que hoy son muy vulnerables y con construcciones que no cumplen el mínimo, ubicadas en laderas y en ríos, no estuvieran ahí en el primer lugar, de cara a un evento mayor”, aseguró Chacón.
De acuerdo con datos del informe del 2017, menos de un cuarto del territorio nacional está cubierto por un plan regulador del territorio. Casi la mitad de los cantones del país carecen de un plan de ordenamiento territorial y la mayoría de los que sí lo tienen están desactualizados o sin viabilidad ambiental.
De hecho, según revela el más reciente informe, la mayoría de las comunidades que reportan desastres con más frecuencia carecen de planes reguladores con viabilidad ambiental.
Estos cantones serían Desamparados, Alajuela, San José, Puntarenas, Cartago, Pérez Zeledón, San Carlos, La Unión, Alajuelita, Heredia y Nicoya. La mayoría de ellos tienen una alta urbanización y alta densidad de población.
Otra de las formas de reducir los costos por eventos extremos, según Chacón, sería construir infraestructura más resistente. Esto porque, según datos en el mismo documento, la mayoría de los costos de desastres provienen de infraestructura dañada.
“Lo que sucede es que hay recursos para atender la emergencia en el momento en que se presenta; pero una vez que pasa la emergencia y hay que pensar en reconstrucción de vivienda e infraestructura vial hay faltante de recursos”, explicó la investigadora.
Recientemente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció un plan institucional para construir infraestructura vial resiliente al cambio climático. No obstante, el plan aún sigue en un 50%, según sus autoridades. Mientras tanto, las lluvias no esperan.
Según Chacón, por esto, también sería ideal presupuestar recursos, no solo para atender la emergencia en el momento, sino también para la reconstrucción posterior de los daños.
“En algunas ocasiones Costa Rica ha tenido que usar recursos de otras instituciones en superávit, ha tenido que recurrir a préstamos y en otras ocasiones ha recibido algún apoyo por parte de otros Estados”, señaló.
Según indicó el viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, a Ojo al Clima en octubre, el país solía contar con una línea de apoyo para reconstrucción del Banco Mundial; no obstante, ha perdido por la mala situación financiera del Estado.
Gobierno no sabe cuánto gasta
La Contraloría, por su parte, ha señalado que uno de los principales problemas del Gobierno al colocar recursos para emergencias es que, en este momento, no sabe exactamente cuánto gasta en acción contra el cambio climático.
De acuerdo con la gerente del área de Servicios Ambientales y Energía de la CGR, Lilliam Marín, esta sería una de las principales debilidades para poder usar los recursos disponibles de manera eficiente.
“(El Gobierno) tiene una noción (del gasto en cambio climático) pero no es precisa. Mucho de ese gasto no se captura, sino que queda en cuentas más globales. El mismo sector privado incurre en costos que no se contabilizan”, explicó Marín.
La propia Contraloría ha estimado que, en siete años, el cambio climático podría terminar costándole al país hasta un 2,5% del PIB en atención y reconstrucción por desastres. Esto es un monto mayor a lo que reciben todas las universidades estatales.
Sin embargo, según aseveró Marín, este monto tampoco es preciso y podría estar subestimando el impacto económico de los eventos climáticos extremos, ya que la información presupuestaria no está completa.
“Precisamente la conclusión a la que se llegó es que se requiere monitorear el gasto”, añadió la gerente del área ambiental de la Contraloría.
Lo que sí es claro, según Marín, es que los datos, aún si subestiman el impacto económico, “permiten ver una tendencia de crecimiento exponencial que tienen estos costos”.
Marco fiscal
Como solución, la institución propuso crear lo que ellos llaman un “marco fiscal climático”. Esto sería como un registro de todos los recursos que se están destinando a prevenir y contener eventos hidrometeorológicos extremos.
De acuerdo con Marín, esto permitiría saber exactamente cuántos recursos hay disponibles y dónde urge más colocarlos. De esta forma, el estado podría hacer un uso más eficiente de sus recursos, aseguró.
“Esto lo que pretende es tomar acciones ya para que no sea más caro en el futuro y prevenir, así, el deterioro de la infraestructura pública, no limitar el desarrollo del país y que se tomen en cuenta los grupos vulnerables”, dijo.
La idea de crear este control fiscal no es del todo nueva. Bangladesh, por ejemplo, hizo un programa piloto con un marco fiscal climático en el 2014. Gracias a él, el Gobierno se dio cuenta de que algunos ministerios estaban gastando en acción climática sin reconocerlo explícitamente en sus presupuestos.
Lo cierto es que, de lograr implementarlo, Costa Rica sí sería uno de los primeros países en poner un marco fiscal climático en acción. Siguiendo a la gerente del área de Servicios Ambientales y Energía CGR, esta sería una oportunidad para el país.
“Si logramos implementar estas buenas prácticas, Costa Rica sería uno de los primeros países en tener un mayor avance en la definición de estos instrumentos (a nivel mundial)”, señaló.
Voluntad política
De acuerdo con Marín, para poner un marco fiscal en marcha, hace falta voluntad del Poder Ejecutivo, ya que los Ministerios de Hacienda y de Planificación no tendrían mayores obstáculos para implementarlo.
“Como son tantas las instituciones involucradas, en realidad el costo mayor es un costo de coordinación y de poner de acuerdo a los diferentes entes de cuál es la mejor forma de crear este marco fiscal y darle trazabilidad a la información”, explicó.
Sin embargo, añadió, la creación de un marco fiscal climático también tendría que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa, ya que es ahí donde se aprueba el Presupuesto Nacional.
Según Paola Vega, legisladora del Partido de Acción Ciudadana oficialista, los diputados de la Asamblea Legislativa no están cerrados a un marco fiscal; sin embargo, todavía falta conciencia sobre este tema en el Congreso.
"Todavía hay una falta de información (entre los legisladores) sobre el tema del cambio climático y esto incluye el tema del marco del clima fiscal. Una de las debilidades temáticas de esta asamblea ha sido el problema ambiental en general", dijo Vega.
A pesar de esto, señaló que la creación de este marco fiscal climático sería urgente para la estabilidad del país.
"Será inútil recuperarse de la crisis fiscal si sabemos que cada año tendremos condiciones climáticas extremas que dejarán importantes pérdidas en infraestructura y desarrollo que deben abordarse", afirmó la legisladora.
