El 96% de ticos y residentes encuestados están de acuerdo con los principios del Acuerdo de Escazú
Si bien la mayoría de las personas no han escuchado sobre el Acuerdo de Escazú (92,6%), a la hora de enumerar sus principios, el 96% responden estar de acuerdo con ellos.
Este es uno de los resultados de la encuesta de percepción sobre temas ambientales realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA) y cuyos resultados fueron dados a conocer esta semana.
Las entrevistas telefónicas se realizaron en el mes de junio de 2022, a personas mayores de 18 años, tanto costarricenses como extranjeras con tres años o más de residir en el país. El nivel de confianza es 95%.
Acuerdo de Escazú es el nombre corto para referirse al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Los países latinoamericanos lo adoptaron en marzo de 2018, precisamente en la ciudad de Escazú, en Costa Rica, y esa es la razón detrás de su nombre corto.
“El Acuerdo de Escazú se ha manejado con ese nombre sintético y pareciera que la gente no lo entiende o cree que es algo que tiene que ver con el cantón de Escazú. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se habla del Acuerdo de Escazú, no se sabe qué es”, comentó Nelly López, investigadora del programa Horizontes Ambientales del IDESPO.
Principios
Al irse al detalle, la encuesta revela que, entre los que no conocen este tratado internacional, sobresalen mayoritariamente las personas que cuentan con primaria completa (96,9%) y secundaria (95,9%).
Asimismo, el 81% de quienes tienen estudios universitarios también manifestaron desconocerlo; aunque este grupo es donde el mayor porcentaje de personas dijo tener conocimiento sobre el Acuerdo (19%) en contraste con quienes solo cursaron secundaria (4,1%) o primaria (3,1%).
Para López, si bien el Acuerdo de Escazú habla de la transparencia de la información ambiental y la comunicación de esta, “este es un vivo ejemplo de que no se ha comunicado esa información a la comunidad nacional”.
Y eso, según la investigadora, queda en evidencia cuando los encuestadores preguntaron a las personas si estaban o no de acuerdo con una serie de enunciados basados en los principios del tratado internacional.
El Acuerdo de Escazú busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. También se persigue crear y fortalecer las capacidades y la cooperación, todo en favor del derecho a un ambiente sano y al bienestar derivado del desarrollo sostenible.
En este sentido, los investigadores formularon cinco enunciados basados en ese objetivo y se les preguntó a los encuestados que tan de acuerdo o desacuerdo estaban en: 1) realizar acciones para garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, 2) establecer una relación entre el Estado, el mercado y la sociedad sin perjudicar el ambiente, 3) que las autoridades brinden información relevante, de fácil acceso y comprensión, 4) que el Estado implemente una participación abierta e inclusiva en los procesos de tomas de decisiones ambientales, y 5) la legislación nacional en materia ambiental es necesaria para cuidar del medio ambiente.
“Cuando en la encuesta se le brindó a las personas los enunciados que reflejan los principios del Acuerdo de Escazú, la gente -en esa aspiración de lo ambiental- dijo estar de acuerdo porque quiere que sigamos siendo verdes y que se continúe con ese compromiso ambiental”, dijo López.
De hecho, la encuesta también se refiere al imaginario verde del tico: 6 de cada 10 personas consideran que el prestigio internacional del país en términos ambientales corresponde a la realidad.
En otras palabras, la mayoría de los entrevistados mantiene interés en los principales temas que desarrolla el Acuerdo Escazú porque concuerdan a los valores aspiracionales que se tienen con respecto al ambiente.
“Aunque exista legislación en materia ambiental, el Acuerdo permitiría la actualización y el mejor desarrollo de acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones y al acceso a la justicia en materia ambiental”, se lee en el informe de resultados de la encuesta.
Sin ratificar
El Acuerdo de Escazú viene a implementar el Principio 10 de la Declaración de Río, que data de 1992, sobre participación pública e informada en material ambiental. Este instrumento internacional entró en vigor en abril de 2021 y este año celebró su primera Conferencia de las Partes (COP), en Santiago de Chile.
El pronunciamiento realizado por la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC), en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima o COP27, reconoce la relevancia del Acuerdo de Escazú para que la región avance en temas de justicia climática.
Si bien Costa Rica y Chile lideraron el proceso de negociación a lo largo de cinco años, el cual concluyó con la aprobación del tratado en marzo del 2018, los ticos aún no lo han ratificado.
Costa Rica firmó el Acuerdo de Escazú en setiembre de 2018 y, a partir de ese momento, inició el proceso legislativo para ratificarlo. En febrero de 2020, los diputados y diputadas lo avalaron en primer debate. Pero, tras dos consultas constitucionales y otra al Poder Judicial, el tratado se devolvió a primer debate.
Para Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional en la Universidad de Costa Rica (UCR), el retraso en la ratificación dio pie a una campaña de desinformación que corrió por toda América Latina, principalmente impulsada desde Chile y Colombia, la cual permeó a algunos sectores empresariales en el país.
Eso llevó a que cámaras empresariales enviaran cartas a la Asamblea Legislativa y esto afectó la atmósfera en pro de la ratificación en los pasillos del Congreso. A esto se sumó que el entonces Poder Ejecutivo, administración Alvarado Quesada, no convocó el proyecto en sesiones extraordinarias.
Al asumir la presidencia Rodrigo Chaves, en mayo de 2022, se esfumaron las posibilidades de convocar el proyecto en el seno de la Asamblea Legislativa.
“No lo vamos a ratificar simplemente porque se llame Acuerdo de Escazú. Costa Rica tiene ya una legislación ambiental y de derechos humanos suficientemente amplia. El acuerdo de Escazú muchos sectores lo ven como no necesario. Eso no es el caso en otros países latinoamericanos y por eso el apoyo al Acuerdo está tan promovido no sólo por los países que lo adoptan sino por la cooperación internacional que lo ha promovido. Costa Rica creo que no lo está necesitando en este momento. La Administración pasada no lo pudo pasar en el Congreso y este Gobierno fue claro en que no le interesa el Acuerdo de Escazú”, dijo el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, en declaraciones dadas en setiembre al diario El País de España.
Divulgación
Para Boeglin, Chile y Colombia lograron superar la campaña de desinformación porque, cuando asumieron las nuevas administraciones gubernamentales, el Poder Ejecutivo se dio a la tarea de comunicar y explicar los alcances del tratado internacional.
“Cuando uno se lee el Acuerdo de Escazú no hay forma de estar en contra”, comentó el experto en derecho internacional y añadió: “Cuando el Poder Ejecutivo se toma la molestia de explicar a la gente qué es el Acuerdo de Escazú, no hay como sostener políticamente esos mitos que se inventaron las cámaras empresariales de la región”.
“En Costa Rica, desde la administración pasada, el Poder Ejecutivo fue incapaz de explicar qué es el Acuerdo de Escazú, para qué sirve y cuáles son los mitos que se estaban propagando entre las cámaras. Ese comunicado nunca salió”, continuó.
Según Boeglin, esta omisión también alcanzó a las organizaciones de la Sociedad Civil. “Las organizaciones han sido muy beligerantes y muy activas en denunciar el asesinato de un defensor ambiental y eso está muy bien; pero, cuando hay un tratado que precisamente busca que esas cosas no se repitan, se quedan calladas. No sé lo que pasa”.
Lo más grave, según el profesor universitario, es que ese silencio invisibiliza. “La mayoría de las personas no saben lo que es el Acuerdo de Escazú porque ha habido una campaña por invisibilizar el tema como tal”, dijo Boeglin.
