Exviceministra de Ambiente integrará comité de implementación del Acuerdo de Escazú
La exviceministra de Ambiente, Patricia Madrigal, integrará el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, tratado regional que promueve el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en temas ambientales.
La designación de Madrigal se acordó en la Segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 2), que se realizó del 19 al 21 de abril de 2023 en Buenos Aires (Argentina), mediante la adopción de la Decisión II/1.
Aparte de la costarricense, el órgano subsidiario a la COP quedó conformado por Guillermo Eduardo Acuña (Chile), Mariana Blengio Valdés (Uruguay), Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada), Andrés María Napoli (Argentina), Carole Denise Angela Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá). En el caso de Madrigal, Joseph-Olivetti y Stephens, su mandato será por seis años.
A Madrigal se le reconoce su liderazgo en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú, primero como representante de la sociedad civil (2012-2014) y luego como representante de Costa Rica (2014-2018), como viceministra co-presidió la mesa directiva junto con la representación de Chile.
“Hay que reconocer que Costa Rica tuvo un trabajo decisivo en el Acuerdo de Escazú, incluso desde antes con la Declaración de Río +20. Aunque en estos momentos se tenga otra posición, no se puede negar el liderazgo en derechos humanos y ambiente”, comentó Madrigal a Ojo al Clima.
Si bien Costa Rica no es parte del Acuerdo de Escazú, porque aún no lo ratifica, eso no obstaculizó el nombramiento de Madrigal. “Una vez que uno es elegido para formar parte del Comité, deja de representar al país. Las personas elegidas deben garantizar imparcialidad e independencia”, dijo la abogada ambiental.
Se espera que el Comité se instale y entre en funciones en setiembre de 2023, en Panamá, cuando se realice el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe.
Funciones del comité
De carácter consultivo, la función más importante del Comité es ayudar a los Estados Parte en la implementación del Acuerdo de Escazú. “Y se prevé que ese apoyo no sea contencioso”, explicó Madrigal.
Las funciones se detallan en al artículo 18 del tratado y también se discutieron en la pasada COP1, realizada en Santiago (Chile) en 2022. Entre ellas, el comité rendirá informes sobre asuntos sistémicos así como a solicitud de la COP. También realizará informes sobre el cumplimiento del tratado por parte de los Estados así como alegaciones de incumplimiento.
Podrá emitir observaciones generales sobre la interpretación del Acuerdo y dar respuesta a consultas sobre interpretación formuladas tanto por los Estados como el público. También podrá emitir medidas a favor del público que pudiera estar en situaciones de riesgo por posibles ataques, amenazas e intimidaciones; “proceso que deberá realizarse de manera conjunta con el plan de acción de defensores ambientales”, explicó Madrigal.
Para ello, el Comité podrá convocar a audiencias, programar visitas a los territorios y llevar un registro de los casos.
“Aún hay cosas por definir. Por ejemplo: ¿cuál va a ser el papel del Comité en el cumplimiento del artículo 9, que es el de defensores y defensoras de derechos humanos en cuestiones ambientales?”, señaló Madrigal.
“Otro tema que es un reto es el financiamiento”, continuó. “La gente quiere un comité que sea cercano, que los visite y los escuche, y eso cuesta dinero debido a la logística. El reto está en el cumplimiento de las expectativas. Y eso no depende solo del comité y lo que los miembros podamos hacer, sino de las posibilidades y los recursos con lo que contemos”.
La participación activa y significativa del público es una de las grandes expectativas que se tiene con este tratado. Según Madrigal, se designan representantes a nivel nacional y luego a nivel regional. Cada subregión –a saber: Caribe, Mesoamérica y América del Sur- elige a dos representantes.
“La representación del público es muy importante, porque son quienes tienen diálogo directo con la mesa directiva. Todas las decisiones que se toman son comunicadas a los representantes del público”, indicó la abogada ambiental.
El mecanismo de público regional, manejado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sigue siendo abierto a cualquier persona interesada. A la fecha, hay 9.000 personas inscritas. “Pudiera parecer poco, pero muchas de esas personas representan grupos”, dijo Madrigal.
Este mecanismo de participación del público podría ser una opción para que las personas se sumen al proceso que se está llevando a cabo en el marco del Acuerdo de Escazú, aunque su país aún no haya ratificado el tratado.
“Creo que es una opción por varias razones. Lo primero es que cualquier persona puede participar del proceso, es decir, no necesita que su nacionalidad corresponda a un Estado Parte. De hecho, existen grupos muy activos en Honduras, El Salvador, Guatemala e incluso Costa Rica. Independientemente de que su país haya firmado o ratificado el Acuerdo, los principios le sirven para apoyar las luchas ambientales que se están dando”, manifestó Madrigal.
Con respecto a Costa Rica y la resistencia a ratificar, Madrigal ofreció una respuesta. La preocupación del sector privado yace en si la participación en la toma de decisiones podría afectarle en la inversión de proyectos de infraestructura o desarrollo. “Más bien deberían estar interesados en que la participación, mediante el Acuerdo de Escazú, esté regulada; porque actualmente, no lo está”, indicó la exviceministra.
“Lo que está sucediendo es que los eventuales conflictos se judicializan porque no hay normativa que regule eso. Me parece que habría mayor transparencia y mayor seguridad jurídica si esos espacios se regularan”, agregó.
Inspiración para otros
Aparte del acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia, el Acuerdo de Escazú aboga por el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.
Con ello, el tratado da un paso adelante para garantizar el derecho de las personas –presentes y futuras- a vivir en un medio ambiente sano y se convierte en un estándar latinoamericano para la construcción y consolidación de una democracia ambiental, contribuyendo así “a la construcción de sociedades pacíficas, más justas, solidarias e inclusivas, en las que se protejan los derechos humanos y se garantice la protección del planeta y sus recursos naturales”.
Y eso ha sido observado con atención por parte de Asia y África, precisamente para valorar la posibilidad de tener su propio proceso.
