Falta de ordenamiento territorial en ciudades nos hace vulnerables

Las ciudades crecieron y siguen haciéndolo, sin tomar en cuenta criterios de ordenamiento territorial que son necesarios para garantizar la sostenibilidad. En los últimos años, gran parte del área construida se ubica en cantones que no poseen las condiciones adecuadas, ya que carecen de herramientas de regulación espacial y evidencian limitaciones para brindar servicios.

Esa falta de planificación y ordenamiento del territorio se traduce en un mayor riesgo a desastres. De hecho, el 38,2% de las construcciones realizadas, en el período 2016-2019, se localizan en municipios con alta frecuencia de desastres y un total de 12.049 construcciones se ubicaron en áreas con riesgo de inundación.

Es más, 18 cantones agrupan cerca del 50% de los desastres vividos en la última década. De estos, solo cinco municipios poseen plan regulador completo, 11 cuentan con uno en estado parcial y dos no lo tienen del todo. Estos cantones concentran el 46% de la población del país.

Así se evidencia en un estudio incluido en el Informe Estado de la Nación 2020, el cual elabora un índice que tomó en consideración tres dimensiones: exposición a desastres, capacidad de provisión de servicios públicos y la existencia o no de un espacio que permita una actividad inmobiliaria ordenada con regulación del suelo.

Ese índice se construyó a partir de una base de datos georeferenciada sobre construcciones provista por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la cual permitió ubicar con precisión las obras del período 2016-2019. Esos datos se combinaron con información espacial con el objetivo de entender el contexto territorial en que se están desarrollando los proyectos inmobiliarios desde una perspectiva de sostenibilidad.

En total se analizaron 364.886 registros, correspondientes a un promedio de 10,6 millones de metros cuadrados de construcción anual.

A partir de esos datos, se evidenció que el 27,5% del área constructiva se levantó en cantones con menores condiciones para el desarrollo inmobiliario. El 44,4% se ubicó en un nivel intermedio y el 28,1% en el más favorable.

En los cantones menos favorables, el 65% del área construida se dedicó al sector habitacional, mientras que un 17,2% al comercial y el 9,2% a servicios. El 8,1% correspondió a la industria.

Servicios y transporte 

Esas zonas que exhiben condiciones menos favorables, debido al riesgo de desastres, también presentan deficiencias en términos de servicios y transporte. Por ejemplo, las construcciones desarrolladas en estos cantones se ubican a una distancia promedio de 10,4 kilómetros de colegios y universidades, clínicas y hospitales, servicios financieros y guarderías.

Pero, además, estos desarrollos se localizan a una media de tres kilómetros de las rutas de transporte público, específicamente autobuses. Eso obliga a sus habitantes a recurrir a medios de transporte privado para movilizarse y acceder a los servicios.

Ese desencuentro entre el crecimiento urbano, acceso a servicios y movilidad propicia comportamientos sociales que terminan abultando la huella de carbono. De hecho, el sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero en el país y también es el mayor consumidor de energía.

“El modelo urbano no planificado de la Gran Área Metropolitana (GAM) y las ciudades intermedias, así como la cultura nacional en materia de movilidad, tienen elevados costos ambientales, sociales y económicos”, se lee en un estudio de opinión realizado por el Programa Estado de la Nación (PEN) en 2017, titulado Patrones y percepciones ciudadanas sobre medio ambiente y condiciones para el cambio. 

Según este estudio, en una semana típica -sin pandemia- el 49% de las personas adultas se trasladaban de su residencia a su lugar de trabajo y un 17% a su centro de estudios; cerca de la mitad debía cruzar las fronteras de su cantón. 

En el caso de los trabajadores, ese recorrido les tomaba -en promedio- una hora y 18 minutos (quienes viajaban en autobús demoraban 18 minutos más). En cuanto a los habitantes de la GAM, estos tardaban 21 minutos más que quienes vivían fuera de esa zona.

Otro resultado que arrojó este estudio fue que una de cada cuatro personas tenían como patrón dominante el uso del vehículo privado, lo cual es consecuente con el crecimiento del parque automotor (7,4% de crecimiento en el 2016), lo cual deriva en un mayor congestionamiento e incremento de las emisiones de carbono.

La movilidad refleja el modelo de ciudad que el país tiene y repite en las distintas provincias: expansivo horizontalmente, distante y desconectado.

Crecimiento descontrolado

La forma en que creció la GAM, en los últimos 30 años, llevó a un agotamiento de los terrenos aptos para urbanizar dada su tendencia al desarrollo horizontal. Según el Informe Estado de la Nación 2018, 28 de los 164 distritos en la GAM ya tienen urbanizado más del 85% de su territorio.

En 1986, el área urbana de la GAM era de 20.986 hectáreas. Para 1997, esa área creció hasta alcanzar 27.044 hectáreas y en 2010 se llegó a 33.088 hectáreas. 

Si bien en los últimos años se ha favorecido la construcción vertical, lo cierto es que los problemas asociados al modelo de ciudad persisten y la movilidad es ejemplo de ello.

En las áreas cercanas a nuevos apartamentos, condominios y urbanizaciones, se registró un aumento en los tiempos de viaje en los últimos cinco años. Según el Informe Estado de la Nación 2019, en promedio, los tiempos de viaje en estas zonas aumentaron en un 31,6%, dándose los mayores incrementos en los lugares de influencia de los condominios y apartamentos de los distritos central y Ulloa de Heredia, San Pedro de Montes de Oca, La Uruca en San José, Sánchez en Curridabat y Pozos en Santa Ana. En estos sitios, el aumento del tiempo de traslado en horas “pico” superó el 40% y en horas “no pico” el 30%.

“Este cambio hacia la densificación de las construcciones de la GAM se puede considerar un patrón positivo a mediano plazo. Si se impulsan políticas de densificación en zonas ya desarrolladas y la expansión de condominios verticales, elementos que aumentan las densidades, se podría albergar parte del crecimiento futuro de la población sin tener que agotar los terrenos disponibles en la actualidad”, se lee en el informe y continúa: “Sin embargo, este nuevo modelo de crecimiento urbano no responde a una visión territorial integrada, planificada, con la consideración de todos los elementos que implica un estilo distinto de ciudad (compacta y conectada)”.

Ciudades intermedias

El modelo de ciudad de la GAM, caracterizado por su falta de planificación y ordenamiento territorial, se está replicando en las ciudades intermedias como San Isidro de El General, Ciudad Quesada y Guápiles.

De hecho, y según el Informe Estado de la Nación 2017, estas tres ciudades intermedias evidencian patrones de crecimiento similares a los que llevaron al actual caos de la GAM: la mancha urbana aumenta de forma rápida y dispersa, crece la flota vehicular y los problemas de movilidad, hay poco tratamiento de aguas residuales y ninguna herramienta completa y actualizada de ordenamiento territorial.

En este sentido, la resiliencia para afrontar afectaciones derivadas del cambio climático como la mayor frecuencia de desastres -pero también otras de carácter sanitario y económico- pasa necesariamente por ordenar el territorio de forma planificada, considerando criterios de sostenibilidad.