Inseguridad aleja a las mujeres del transporte público

Día a día, las mujeres de nuestro país viven acoso e inseguridad en el transporte público. Esto las aleja de una movilidad sostenible, ya que prefieren utilizar vehículos propios a los cuales tienen menor acceso, o a plataformas online como Uber para llegar a sus destinos.

De acuerdo con la Encuesta Actualidades 2015 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizado por Geanina Barrantes Paniagua y Mariana Chaves Espinoza, el 61,7% de las mujeres encuestadas sufrieron acoso sexual callejero, mientras que solo un 32,8% de hombres lo vivieron. De la cifra correspondiente a las mujeres acosadas, un 4,2% no volvieron a utilizar el transporte público.

Esta encuesta también reveló los tipos de acoso sexual más frecuentes, siendo estos los silbidos, los pitazos, las palabras vulgares, los tocamientos, los roces a propósito con partes sexuales, el exhibicionismo, impedir el paso, perseguir con intenciones sexuales, entre otros. De igual manera, el estudio demostró que cualquier mujer puede ser víctima de acoso; en la encuesta sobresalen tanto adultas mayores como mujeres de zonas rurales y urbanas.

En el 2019, 4.581 mujeres se acercaron a los Juzgados Contravencionales a denunciar conductas de acoso sexual, mientras que solo se recibieron 1.905 denuncias interpuestas por hombres. En ese año, estas conductas no se contabilizaban como un delito por la ausencia de una ley que penalizara el acoso sexual y callejero.

Esta cifra es preocupante, pero en realidad es mucho más pequeña que la realidad a la que se enfrentan las mujeres de Costa Rica, quienes han vivido este tipo de violencia de género a lo largo de su vida.

El proyecto Mitigación de Emisiones en el Sector Transporte (MiTransporte), de la Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, tiene como fin apoyar al país en la implementación de medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector transporte, el cual representa aproximadamente el 44% de las emisiones netas de dióxido de carbono (CO₂) en el país.

Ante la escasez de datos e información sobre lo que enfrentan las mujeres en el transporte público, MiTransporte llevó a cabo una encuesta con enfoque de género para conocer las percepciones de la población sobre el servicio brindado en el Área Metropolitana de San José.

Este estudio demostró que las mujeres son las que más utilizan el transporte público, pero también las que se sienten más inseguras en este: un 28,6% de las mujeres perciben inseguridad al utilizar el transporte público frente a un 23,4% de hombres. La inseguridad no solo se vive en el trayecto, también se experimenta en las paradas y en el camino hacia estas.

Otro factor que hace sentir más inseguras a las mujeres que a los hombres es la presencia de otras personas en el medio de transporte: 53% de las mujeres encuestadas lo mencionaron frente a un 40% de los hombres. Esto debido a que sienten más riesgo de ser acosadas en condiciones de hacinamiento, lo que impulsa a las mujeres a utilizar taxis informales, ya que se sienten más cómodas en estos.

El 95% de las mujeres encuestadas calificaron el servicio de Uber como bueno o muy bueno, ya que da un mayor sentido de seguridad. Este dato contrasta con la percepción que se tiene del taxi formal, donde un 75% de mujeres lo calificaron como muy malo, malo o regular.

El tema de mejorar la seguridad en el transporte público es más importante para las mujeres que para los hombres. En la encuesta, un 8,7% de las mujeres lo mencionaron como el aspecto más importante mientras que solo un 4,7% de hombres lo consideraron como lo más relevante.

Hay otras causas que influyen en la percepción de inseguridad: la poca vigilancia, la ubicación de las paradas en zonas solitarias y el acoso del chofer u otros usuarios. Esto revela que, para incentivar el uso del transporte colectivo, se deben mejorar tanto las condiciones de seguridad como la infraestructura y el espacio dentro de las unidades.

Esfuerzos realizados

Costa Rica busca cumplir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo el primer país en firmar un pacto nacional por los ODS. Entre estos objetivos están la igualdad de género y la acción por el clima, por lo que para llegar a estas metas se deben hacer esfuerzos en ambos temas.

En el 2020, se aprobó la Ley 9877 contra el Acoso Callejero. Esta ley tiene como objetivo “garantizar el igual derecho de todas las personas de transitar o permanecer libres de acoso sexual en espacios públicos, en sitios privados de acceso público y en medios de transporte remunerado de personas, ya sean públicos o privados”. De igual manera, en esta ley se define el acoso callejero y establece las medidas de prevención y sanción de esta expresión de violencia.

La Ley 9877 protege a las personas cuando utilizan el transporte público, por lo que contribuye a que esta forma de movilidad se convierta en un espacio más seguro para las mujeres, quienes son las más vulnerables en este contexto.

Desde muchos sectores se están llevando a cabo acciones para mejorar la seguridad de las personas en el transporte público. En mayo de 2019, GIZ realizó un taller de design thinking con el fin de buscar soluciones. En este taller participaron representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), gobiernos locales y operadores de autobús, entre otros.

En el taller se desarrollaron más de 100 ideas para llevar a cabo medidas necesarias para mejorar la seguridad. Algunas de estas medidas fueron: crear una aplicación digital de acompañamiento entre personas usuarias, fortalecimiento de capacidades de policías o conductores de autobús en prevención de acoso y protocolos de denuncia.

Con el pasar del tiempo, más instituciones se han ido sumando a este tipo de iniciativas, ese es el caso del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Municipalidad de San José, la Cámara de Autobuses de Heredia y la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), la representación de taxis rojos y taxis aeropuerto así como representantes de la sociedad civil, como la organización no gubernamental Pedal.

Otra acción importante que ayuda a mejorar la seguridad de las mujeres en el transporte público es el Protocolo de Intervención en la atención de casos de acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, desarrollado por el MSP, el Inamu y otras instituciones. Este protocolo es una guía para que los oficiales sepan cómo intervenir en estos casos y garantiza la confidencialidad de las víctimas. De igual manera, el MSP ha capacitado a su personal con respecto al tema del acoso sexual.

En relación con este protocolo, Xinia Fernández —profesional enlace de la Secretaría Técnica de Género con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial— consideró que este instrumento ha marcado una diferencia.

Para la experta del Observatorio de Violencia de Género, la Ley 9877 llegó a complementar perfectamente este protocolo, ya que cada vez se habla más de este tema y el número de denuncias ha aumentado tanto en la vía penal como en la contravencional.

El Inamu también se unió con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y firmaron un convenio que consiste en la divulgación de una estrategia educativa llamada “Triple Compromiso”. Esta iniciativa consistió en la rotulación de cinco estaciones y varios trenes con información sobre el acoso callejero. También se dieron capacitaciones a funcionarios y funcionarias sobre el impacto del acoso y los protocolos de denuncia.

Movilidad segura

La iniciativa “Movilidad segura para las mujeres” —impulsada por la Municipalidad de Desamparados, el Inamu, MOPT, Cosevi, MSP, Mujeres en Movimiento, Fundación Crusa y el proyecto MiTransporte de GIZ— tiene cuatro aristas de trabajo: una aplicación, paradas seguras, capacitación a choferes y comunicación.

Estas cuatro acciones buscan mejorar la seguridad de las mujeres durante toda la experiencia de viaje. Con respecto a las paradas, se llevó a cabo un proceso participativo con la comunidad de Desamparados donde se revisó el diseño de la infraestructura de la parada con una perspectiva de género.

La iluminación de las paradas se mejoró, se adaptaron las bancas y se eliminaron barreras físicas. Actualmente se está generando un espacio de información para mejorar las condiciones de seguridad, en este espacio se busca colocar información sobre las rutas de los autobuses.

En los grupos focales de mujeres que se realizaron para llevar a cabo esta iniciativa, se mencionó el tema del acoso físico, sexual y verbal como un evento común en las experiencias y en la actitud de las personas conductoras dentro de los autobuses. Por esta razón se impartieron capacitaciones en colaboración con la empresa Autotransportes Desamparados (ATD).

Se capacitaron cerca de 40 choferes de autobús, tanto hombres como mujeres, y personas administrativas. Los temas que se desarrollaron en estas capacitaciones fueron los siguientes: género y movilidad, violencia y sus tipos dirigidos a mujeres, leyes, acoso sexual callejero, protocolos de denuncia, servicio al cliente inclusivo, entre otros.

De acuerdo con Fernández, los conductores de autobuses en la actualidad, gracias a la Ley 9877, han entendido su responsabilidad y en varias oportunidades han colaborado con la detención.

La experta considera que se debe seguir fomentando en los choferes de transporte público esta actitud proactiva y recomienda que, si una mujer se encuentra en una situación de acoso, le informe al chofer para que cierre las puertas o se acerque a una delegación policial para que el acosador no huya.

Denuncia

Según Fernández, hay varias maneras para denunciar una situación de estas, basándose en cómo sucedieron los hechos. En la Ley 9877 se menciona que las mujeres se pueden dirigir al  Ministerio Público o a los Juzgados Contravencionales, dependiendo de si lo que sucedió fue un delito o una contravención.

La diferencia entre delito y contravención es el nivel de gravedad. Los delitos son acciones más graves con pena de prisión y las contravenciones se tramitan de manera más simple y generalmente no tienen mucha trascendencia social. En estos casos, la persona que toma la denuncia será quien decida cómo tramitarla.

De las 4.581 denuncias puestas ante los Juzgados Contravencionales en el 2019, 2.224 fueron por palabras y actos obscenos, 2.102 por proposiciones irrespetuosas, 135 por exhibicionismo, 86 por miradas indiscretas y 34 por tocamientos.

Si se logra detener al sujeto en el momento que está perpetuando el acoso, por ejemplo: dentro del tren o autobús, se lleva al juzgado de flagrancia, lo cual facilita el proceso de denuncia. Fernández comentó que, la ventaja de que el chofer colabore con la detención, es la posibilidad de identificar al sujeto al llegar la policía.

Hoy en día, al existir la Ley 9877, se da la posibilidad de que —con ciertas características— la Fiscalía le pida al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que busque al sujeto con los indicios que se tengan.

Es importante recalcar que cuando una mujer sienta que su espacio personal y su integridad está siendo violentada con manifestaciones de contenido sexual, a pesar de no estar expreso en la ley, puede considerarse una conducta de acoso sexual en espacios públicos y puede llevar a cabo el proceso de denuncia.