Proyecto de ley pretende prohibir represas en el río Pacuare

El cauce del río Pacuare, reconocido mundialmente por su belleza escénica, sus rápidos y su valor ecológico, se encuentra en el centro de una iniciativa legislativa que busca prohibir de forma definitiva la construcción de proyectos hidroeléctricos en sus cuencas alta y media.

El proyecto de ley N° 25.189, denominado “Ley para la salvaguarda ambiental del cauce principal del río Pacuare”, fue presentado oficialmente el 8 de setiembre de 2025. Su objetivo es elevar a rango de ley la protección que hoy existe mediante el Decreto Ejecutivo N° 39199-MINAE, el cual vence en 2040. Esto daría seguridad jurídica definitiva contra la construcción de represas.

Más que un río

El Pacuare no solo es clave para la integridad de la biodiversidad, albergando especies en peligro y ecosistemas que varían desde bosques montanos hasta tropicales, también es pilar de la economía local.

Catalogado como uno de los cinco mejores destinos del mundo para el rafting, el río genera empleos directos e indirectos en Turrialba y Siquirres a través del turismo de aventura.

La construcción de una represa traería consigo impactos irreversibles, ya que se afectaría tanto la estructura física del río como la vida silvestre que depende de él. El mismo proyecto de ley detalla estos riesgos.

El primero de ellos es la alteración de la dinámica de sedimentos. Una represa interrumpiría la movilización natural de sedimentos gruesos (cantos, gravas y bloques), estos materiales quedarían retenidos aguas arriba, lo que provocaría la erosión y el empobrecimiento de los hábitats en las zonas bajas del río.

Otro de los riesgos se refiere a la pérdida de la morfología y dinamismo del cauce. El río Pacuare se remodela periódicamente mediante crecidas intensas que forman barras, playas e islas. Al regular artificialmente estas crecidas, se produciría una simplificación del cauce y una reducción en la diversidad geomorfológica, afectando la biodiversidad que depende de estos procesos.

También está la ruptura de la conectividad fluvial, esto porque se vería afectada la conectividad longitudinal, la cual es indispensable para el transporte de nutrientes y la migración de especies acuáticas. De suceder, se deterioraría la productividad ecológica del ecosistema y su capacidad para sostener comunidades vivas.

El proyecto de ley también habla de la degradación de la biodiversidad. La fragmentación del hábitat pondría en peligro a especies como el jaguar y el puma, además de afectar a especies de peces como el pez bobo, cuya población ya ha sido mermada en otros ríos por modificaciones de caudal.

La presencia de una barrera física, como es una hidroeléctrica, potenciaría los efectos negativos del cambio climático sobre los regímenes de lluvia y caudal, acelerando la degradación ecológica y geomorfológica del río.

Por último, el proyecto de ley señala que la instalación de represas amenazaría la integridad de los ecosistemas ribereños y la conectividad de los corredores biológicos (como Barbilla-Destierro), que son vitales para el flujo genético de la fauna local.

En su momento, Rafael Gallo —padre del rafting en Costa Rica y uno de los grandes defensores del Pacuare— mencionó el caso del Reventazón, río gemelo del Pacuare, que vio su cauce reducido al mínimo y sufrió la pérdida de su ictiofauna (peces).

Los impactos sobre el Pacuare también son sociales. Para el pueblo indígena Cabécar, el río no es simplemente un recurso hídrico, sino un sitio sagrado fundamental para su identidad y cultura. Dentro de su cosmovisión y visión ancestral, el río es percibido como una “hermana” (río hermana), ya que en su cultura los ríos son considerados entidades femeninas.

El Pacuare baña el territorio Cabécar y su curso es vital para la integridad de sus tierras, incluyendo territorios como Nairi Awari. Su preservación es vista como necesaria para mantener el equilibrio ambiental y espiritual que sustenta su forma de vida.

Las comunidades que viven en las montañas circundantes sienten un profundo cariño por el río y han expresado su preocupación al ver la “destrucción” del cercano río Reventazón debido a las represas, por lo que buscan evitar que su “río hermana” sufra un destino similar.

Legado de lucha comunitaria

Este proyecto de ley viene a ser la culminación de décadas de resistencia social. En 1990, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) evaluó el Pacuare como un sitio estratégico para la generación hidroeléctrica.

El Proyecto Hidroeléctrico (PH) Pacuare se ubicaría en el cañón del río, para así aprovechar la fuerza del agua en su descenso hacia el Caribe. Ello implicaba la construcción de un muro de contención que habría inundado kilómetros de bosque primario y cañones profundos, sepultando los rápidos más icónicos del río.

Los cabécares fueron los primeros en alzar la voz, pues el proyecto amenazaba con inundar sitios sagrados y cementerios ancestrales, además de fragmentar su territorio. Se les unieron empresas locales e internacionales de turismo, cuyo argumento se sustentaba en que el río “vivo” generaba más divisas y empleo a largo plazo que una represa que tendría una vida útil limitada por la sedimentación.

Los científicos se unieron a la lucha y advirtieron sobre la pérdida de conectividad biológica entre la cordillera de Talamanca y las tierras bajas del Caribe, un corredor vital para especies como el jaguar.

La preocupación llegó hasta San José, donde se llevó a cabo una manifestación en la Plaza de la Democracia, frente al entonces presidente saliente Óscar Arias, para protestar contra la propuesta de la represa en el cañón Dos Montañas. Fue el 22 de abril de 1990.

Al día siguiente, el 23 de abril, los activistas se trasladaron al campamento del ICE en la entrada del cañón. El ICE había avisado que cerraría el paso a los balseros porque se realizarían explosiones con dinamita para investigaciones de la represa. Los guías de turismo hicieron un bloqueo con balsas y kayaks en el cañón Dos Montañas.

Posteriormente, un grupo rotativo de personas acampó durante seis semanas en una playa a la entrada del cañón Dos Montañas, realizando vigilancia en kayaks para que no se hiciera ninguna acción.

Frente a las protestas estaba Rafael Gallo, quien también inició acciones legales junto con Fernando Esquivel. Ganaron el caso, lo que no solo detuvo el proyecto en ese momento, sino que cambió la legislación costarricense, que a partir de entonces empezó a exigir estudios de impacto ambiental independientes, realizados por terceros, para todos los proyectos de infraestructura.

Gallo, como representante del sector turismo, también formó parte del movimiento Pacuare Libre, el cual solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizar una consulta popular. Este evento es considerado un hecho sin precedentes en la historia de Costa Rica, ya que fue la primera vez que se consultó directamente a una comunidad sobre su disposición a aceptar un proyecto hidroeléctrico en su territorio.

El 28 de agosto de 2005, la pregunta formulada por el TSE fue: ¿está de acuerdo con la construcción de una represa hidroeléctrica en la cuenca del río Pacuare? De los 8.522 electores que participaron, el 97,33% (8.159 personas) votó “No”, mientras que solo el 2,67% (224 personas) votó “Sí”.

Ante un resultado tan contundente, el TSE declaró que la decisión era de acatamiento obligatorio para el Concejo Municipal de Turrialba, el cual posteriormente ordenó no otorgar permisos de construcción para plantas hidroeléctricas en el río. En 2011, el ICE anunció que el PH Pacuare quedaba fuera de su plan de expansión inmediata, lo que allanó el camino para la salvaguarda.

Exactamente diez años después del plebiscito, el 29 de agosto de 2015, el Gobierno formalizó la protección del río mediante el Decreto Ejecutivo N° 39.199-MINAE. Este decreto estableció una salvaguarda ambiental por 25 años para el cauce principal de los ríos Pacuare y Savegre, prohibiendo proyectos hidroeléctricos con una potencia igual o mayor a 500 kW. Pero esta protección es temporal, tiene una fecha de caducidad fijada para el año 2040.

De allí la importancia del proyecto de ley actual. Impulsándolo está Roberto Gallo, quien no solo heredó la pasión por el rafting, sino también el activismo de su padre.

De decreto a ley

La salvaguarda ambiental propuesta en el proyecto de ley abarca desde el nacimiento del río en la cordillera de Talamanca hasta Indiana Dos, en Siquirres, punto donde el cauce inicia su tramo meándrico hacia las llanuras del Caribe.

Indiana Dos es el lugar donde el curso fluvial deja de tener un comportamiento dendrítico (característico de zonas montañosas con pendientes pronunciadas) para transformarse en uno meándrico (curvas sinuosas típicas de llanuras de inundación), se explica en el proyecto de ley.

Si bien el río recorre un total de 136 kilómetros desde las cumbres de Talamanca hasta su desembocadura cerca del mar Caribe, la salvaguarda se concentra en las secciones alta y media. De hecho, la cuenca alta y media es donde se encuentran las pendientes pronunciadas que históricamente han motivado el interés por construir represas, como ocurrió con el proyecto en el cañón Dos Montañas. Justamente esta sección abarca una transición que va desde los 3.340 metros sobre el nivel del mar hasta las llanuras del Caribe.

En abril de 2026, antes de que entraran los nuevos diputados, el expediente estaba recibiendo mociones de fondo en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Los ahora exdiputados estaban trabajando sobre un texto sustitutivo que buscaba precisar el ámbito de aplicación de la ley. El objetivo era definir claramente el área bajo protección ambiental desde su origen en la cuenca alta hasta puntos específicos en la zona media, esto pasa por asegurar que las coordenadas cartográficas sean exactas para evitar conflictos con futuros proyectos o interpretaciones erróneas.

Quedará en manos de las nuevas diputaciones el continuar con este proceso.