Escazú y Santa Marta: ¿Por qué no hay transición energética posible sin justicia climática?
- Representantes indígenas y expertos advierten que el abandono de los combustibles fósiles corre el riesgo de repetir patrones de despojo si no se garantiza la participación y protección de los defensores del territorio. “Escazú es el piso; sin él, lo que se construya se cae”, sostienen.
Para garantizar una transición energética, que contemple la salida ordenada y progresiva de los combustibles fósiles, los países deben garantizar que el proceso sea respetuoso de los derechos humanos y abierto al diálogo con los territorios. Y justo allí es donde el Acuerdo de Escazú es clave en el proceso iniciado, en días pasados, durante la Conferencia de Santa Marta.
La Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, más conocida como Conferencia de Santa Marta, fue un espacio diseñado para articular soluciones concretas y operativizar el abandono del petróleo, el gas y el carbón.
A diferencia de otros foros multilaterales, esta conferencia no buscaba negociar nuevos compromisos, sino funcionar como una plataforma de implementación para aquellos países ya dispuestos a dar el paso al frente en una transición energética que deje por fuera a los combustibles fósiles.
“La sinergia entre el Acuerdo de Escazú y el proceso de transición energética no es una aspiración técnica: es una condición de justicia”, declaró Dina Juc, coordinadora del Área de Derecho y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB).
Olo Villalaz, indígena del pueblo Guna de Panamá y también integrante de AMPB, lo plantea así:
“Hay una pregunta que es clave: ¿qué estamos entendiendo realmente por transición energética justa? Hoy estamos en medio de una transición donde se busca salir de los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo se están impulsando proyectos de energías supuestamente limpias en nuestros territorios, sin claridad sobre cómo vienen ni cuáles serán sus impactos”.
Juc, quien también es abogada y autoridad indígena en Guatemala, manifestó que “la transición fuera de los combustibles fósiles puede llegar a reproducir los mismos patrones de despojo que hoy denunciamos desde el territorio. Los proyectos de energía solar, eólica e hidroeléctrica a gran escala ya están llegando a territorios indígenas y campesinos sin consulta previa, libre e informada”.
Sinergias
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Se le considera una herramienta jurídica fundamental para garantizar la justicia climática, sobre todo en pos de una transición energética justa.
El tratado busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, este acuerdo es pionero al incluir disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La IV Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, realizada en Bahamas, coincidió en fechas con el arranque de la Conferencia de Santa Marta, celebrada en Colombia.
Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de FARN, no dejó pasar la oportunidad para recalcar algunas intersecciones entre ambos procesos.
“Para tener una hoja de ruta que nos ubique en el camino de una transición energética justa, lo primero que necesitamos es contar con información adecuada”, explicó Fernández y agregó: “En este sentido, durante la COP4 de Escazú se abordó la necesidad de que los países cuenten con Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Este registro podría generar una línea de base informativa para la transición conectando Bahamas con Santa Marta”.
Fernández también recalcó lo importante que es para la gobernanza ambiental y climática el que se garantice una participación social que sea “amplia, inclusiva e integral”.
En este sentido, la implementación del Acuerdo de Escazú permite que la sociedad civil tome un rol activo en las decisiones que afectan su entorno, evitando que los compromisos climáticos, como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) se queden solo en el plano declarativo.
En los territorios, esto adquiere una dimensión de demanda con implicaciones legales: “Ningún acuerdo de transición energética puede implementarse en territorios de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o campesinas sin un proceso de consulta que cumpla estándares del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, dijo Juc.
“No se trata solo de recibir información, sino de poder decidir sobre lo que ocurre en nuestros territorios. Ese es un punto clave que también recoge Escazú”, aclaró Villalaz.
A la fecha, 24 países firmaron el Acuerdo de Escazú, pero solo 19 lo ratificaron. Juc considera que el proceso de transición energética justa también debe promover la ratificación del tratado.
“No puede haber coherencia en hablar de transición justa mientras se niegan a garantizar información y participación ambiental a sus propias poblaciones”, dijo Juc.
No solo es información y participación, también es acceso a la justicia. “El acceso a la justicia ambiental es la llave para impulsar las inercias legislativas y políticas de los países que bloquean la transición y enfrentar al poderoso lobby de las empresas petroleras”, destacó Fernández.
“Debemos asegurar la protección de las personas defensoras ambientales, a quienes podríamos denominar los defensores de la transición y del clima. Su tarea es crucial para cumplir con los objetivos de Santa Marta”, añadió el experto de FARN.
Para Juc es crucial crear los mecanismos vinculantes de protección para los defensores y las defensoras del territorio durante el período de transición. Los datos no mientes: América Latina concentra más del 60% de los asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial y muchos de esos crímenes ocurren precisamente en zonas donde se instalan megaproyectos, incluso catalogados como “verdes”.
“Si la transición energética va a profundizar la violencia contra quienes defienden la tierra y el agua, entonces no es una solución climática, es una amenaza más”, enfatizó Juc.
Mandato
Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pone a la acción climática y el abandono de los combustibles fósiles ya no como una cuestión de voluntad política, sino como una obligación jurídica. Esto es algo que el Acuerdo de Escazú puede ayudar a operativizar.
“Escazú es el piso. Santa Marta construye encima. Sin el piso, todo lo que construyan se cae”, explicó Gregorio Mirabal de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
