De Belém a Santa Marta: la ruta para eliminar los combustibles fósiles se teje fuera de la COP
- Ante la falta de acuerdos vinculantes en la última cumbre climática, una alianza de países —liderada por Colombia y Países Bajos— diseña un nuevo marco de cooperación que marcará la salida grdual de los combustibles fósiles. El fin de nuevas licencias de exploración y un posible tratado de no proliferación están sobre la mesa.
Brasil abrió el debate sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles, ahora Colombia se centrará en discutir cómo hacerlo. A eso aspira la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, a realizarse del 24 al 29 de abril en Santa Marta, Colombia.
La conferencia es co-liderada por Colombia y los Países Bajos. Su objetivo es identificar vías que permitan implementar una transición progresiva, justa, ordenada y equitativa más allá del petróleo, el gas y el carbón.
Ahora bien, esta será una reunión entre convencidos. Los países, gobiernos subnacionales, parlamentarios, empresarios, académicos, pueblos indígenas y sociedad civil que participarán de los diálogos de Santa Marta están dispuestos a tomar medidas y acordarán cómo concretarlo.
A la fecha, 53 países de todos los continentes y la Unión Europea han confirmado su participación. Se espera la asistencia de Países Bajos (coorganizador), Alemania, España, Francia, Angola, Camerún, Senegal, Tanzania, Filipinas, Singapur, Vietnam, Fiyi, Maldivas, Vanuatu, Turquía y Australia (coorganizadores de COP31), entre otros. También se invitó al gobernador de California (Estados Unidos), Gavin Newsom.
De América Latina y el Caribe asistirán Colombia (anfitrión), Brasil, México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Jamaica.
Empezando por Colombia, muchos de estos países están sumándose desde el reto que implica ser productores de petróleo y gas (como es el caso de Brasil y México). La economía de Trinidad y Tobago, por ejemplo, depende significativamente de los ingresos que provienen de los hidrocarburos y Jamaica anunció recientemente que explotará petróleo frente a la costa de St. Thomas en dos años. Otros productores que asistirán son Noruega, Canadá y Reino Unido.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez, ve la participación de naciones productoras como “una oportunidad sin precedentes”.
“Particularmente hemos logrado la participación de países relevantes que son productores de hidrocarburos que me parece que ahí tenemos un avance grandísimo y es que no solamente nos vamos a sentar los países que sufrimos más el impacto del cambio climático, (...) sino que están también países productores incluso de Europa y el norte de nuestro continente (refiriéndose a Canadá)”, dijo en rueda de prensa.
Vélez señaló que el objetivo es generar un espacio de “sinceramiento”, donde estos países productores puedan poner sobre la mesa sus dificultades reales, dado que muchos, incluyendo a Colombia, enfrentan una alta dependencia económica de las exportaciones de carbón, petróleo y gas.
De allí que se hable de construir una “Coalición de los Dispuestos” constituida por países que, a pesar de sus diferencias, coinciden en la urgencia de coordinar la eliminación progresiva de la producción y el consumo de combustibles fósiles.
“Tendremos que convivir con nuestras contradicciones y, a pesar de ellas, poner en marcha un proceso que sea global, porque los países tienen que coordinarse internacionalmente para que la transición pueda ocurrir”, destacó Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatório do Clima de Brasil.
Dependencia
En este sentido, la conferencia abordará cómo superar la dependencia económica. Esto permitirá hablar de deuda pública, dependencia fiscal de las rentas fósiles y reestructuración productiva de los países, especialmente del Sur Global.
Para Carola Mejía, coordinadora de Justicia Climática, Transiciones y Amazonía de Latindadd, es “inadmisible” que el 81% del financiamiento climático que recibe América Latina y el Caribe llegue en forma de préstamos, lo cual “exacerba los problemas de deuda externa” y conduce a la “trampa de los combustibles fósiles”.
Actualmente, 14 países latinoamericanos enfrentan problemas de alto endeudamiento y la región en su conjunto destina el 40% de sus ingresos al pago de la deuda. La mayoría de esta deuda está en moneda extranjera (sobre todo dólares); por lo que, para pagar los intereses y el capital, los Gobiernos necesitan generar un flujo constante de divisas.
Los combustibles fósiles son bienes de exportación con alta liquidez en el mercado mundial. Países como Argentina, Brasil, México, Ecuador y Colombia dependen de estas exportaciones para equilibrar su balanza de pagos y asegurar que tienen los dólares suficientes para pagar a sus acreedores internacionales. Irónicamente, para mantener o aumentar la producción de combustibles fósiles (y así poder pagar deudas anteriores), los países suelen adquirir nueva deuda para financiar infraestructura petrolera.
También, los países más vulnerables al cambio climático —como muchas islas del Caribe— enfrentan tasas de interés más altas debido al alto riesgo que tienen al ubicarse en un territorio altamente vulnerable a eventos extremos. Para cubrir estos costos financieros más altos, los Gobiernos se ven presionados a acelerar proyectos extractivos de corto plazo que generan ingresos rápidos, aunque estos proyectos aumenten las emisiones y el riesgo climático a largo plazo.
Ante este panorama, muchos países mantienen subsidios a los combustibles fósiles para evitar el descontento social, lo cual drena recursos del presupuesto nacional. Este gasto agrava el déficit fiscal, obligando a los países a emitir más deuda pública para cubrir sus gastos básicos, lo que a su vez requiere más exportaciones fósiles para pagar esa nueva deuda.
“Hay un punto especialmente importante: elucidar la relación entre el sistema financiero global y el capital fósil... Más que desmontar la estructura del capital fósil, significa también desmontar las finanzas globales; es un equilibrio muy delicado que no puede ser tratado de manera descuidada”, dijo Angelo.
La Conferencia de Santa Marta, de hecho, discutirá la eliminación de subsidios así como el fin de nuevas licencias de exploración y la planificación de cierres controlados de minas y pozos.
Hoja de ruta
Santa Marta también tiene el reto de retomar la conversación que se inició en noviembre de 2025 durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP30.
Como anfitrión de la cita, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rompió el tabú histórico en las negociaciones al proponer formalmente una hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles. Esta iniciativa buscaba dar un paso más allá de lo acordado en la COP28 de Dubái, que solo invitaba a una transición, pero sin un plan concreto.
El tema propuesto por Lula fue asumido por una coalición de países que abogaron por incluirlo en el texto final, lo cual encontró la reticencia de otro grupo de naciones. Así, el phaseout de los combustibles fósiles fue el centro de una intensa batalla diplomática que culminó con un sinsabor: aunque la presión política y social alcanzó niveles históricos, el texto final del acuerdo omitió cualquier mención directa al petróleo, el gas y el carbón.
Aún así, un grupo de 24 países —liderados por Colombia y apoyados por naciones como Costa Rica, Chile, México, España y Países Bajos— firmaron la Declaración de Belém, concebida como un compromiso político para trabajar en una transición justa fuera de los combustibles fósiles y alineada con el límite de 1,5 °C.
La declaración incluye objetivos como la expansión de energías renovables, la eliminación de subsidios a combustibles fósiles y la protección social para trabajadores de industrias dependientes del carbono.
En el anuncio de dicha declaración, se determinó que la Conferencia de Santa Marta fuera el espacio para concretarlo. Por ello, se generará “un documento que consolide las soluciones identificadas y sirva como insumo para la hoja de ruta de la presidencia de la COP30 y la COP31”.
Vale recordar que, tras la negativa de incluir la salida de los combustibles fósiles en el texto final de la COP30, Brasil —como presidente de la cumbre— propuso trabajar una hoja de ruta orientada a la transición fuera de los combustibles fósiles.
Con ello, la Presidencia de la COP30 —cuyo liderazgo recae en la figura de André Corrêa do Lago— pretende mapear los obstáculos críticos (físicos, económicos, financieros, institucionales, tecnológicos o sociales) y los factores que pueden acelerar la transición.
Según Corrêa, la hoja de ruta “pretende servir como una guía que ofrezca opciones diferenciadas que los países, entidades subnacionales y sectores económicos puedan adaptar según sus propias circunstancias”.
Por ello, la Presidencia de la COP30 reconoce que no existe una sola vía de transición aplicable a todos los países y regiones. Enfatiza que la transición debe reflejar las diversas realidades de los países, considerando sus distintos niveles de desarrollo y grados de dependencia de los combustibles fósiles.
Brasil también aclara que esta iniciativa no deriva de un mandato negociado. Tampoco es vinculante bajo el Acuerdo de París o la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), si no que servirá como una guía para que los países incluyan medidas de phaseout en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por su sigla en inglés).
“¿Cuán vinculante será la hoja de ruta? Desgraciadamente, no será vinculante porque, en el marco del Acuerdo de París, los procesos son nacionalmente determinados, así que los criterios pueden ser globales, pero nadie puede obligar a un Estado a hacer nada”, explicó Angelo. “De allí la importancia de la Coalición de los Dispuestos que puede involucrar un número más grande de países y eso es central para el objetivo”, continuó.
Un nuevo tratado
No obstante, la propuesta de un Tratado sobre Combustibles Fósiles toma cada vez más forma. Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la Iniciativa por un Tratado sobre Combustibles Fósiles, lo concibe como una herramienta que permitirá a los países avanzar en la transición energética.
“Se plantea como un instrumento multilateral vinculante que complemente al Acuerdo de París y la CMNUCC”, dijo Gómez.
A diferencia del Acuerdo de París, que se centra en las emisiones (demanda), este tratado busca abordar la causa raíz del cambio climático, abordando directamente la producción y expansión de los combustibles fósiles. Se basa en tres pilares fundamentales: la no proliferación (no abrir nuevos proyectos), la eliminación equitativa de la producción existente y la aceleración de una transición justa.
Según Gómez, no se busca reemplazar al Acuerdo de París, ni la hoja de ruta de la COP30, sino servir como “pieza complementaria” que proporcione un marco obligatorio donde actualmente solo existen promesas voluntarias.
“El tratado busca ser una solución desde el multilateralismo para gestionar la salida de los combustibles fósiles de forma justa, rápida y vinculante”, destacó el coordinador para América Latina de la iniciativa.
La propuesta cuenta con el apoyo de 18 países, más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil, 3.000 científicos, más de 100 ganadores del Premio Nobel y 11 nacionalidades indígenas amazónicas.
La Conferencia de Santa Marta se presenta como un escenario clave donde este tratado y otras acciones (como la hoja de ruta) se articulan para diseñar una salida definitiva al modelo extractivo.
Tan solo la primera
Santa Marta tiene además el desafío de establecer una estructura que incluya una secretaría técnica para coordinar los debates y asegurar la realización de una segunda conferencia en 2027.
