Con golpes de martillo tras anunciar cada uno de los acuerdos, la trigésima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) llegó a su fin con polémica en su acuerdo en adaptación, propuestas de liderar procesos paralelos para abordar temas críticos y omitiendo al principal causante del calentamiento global: los combustibles fósiles.
Durante dos semanas, la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, recibió las delegaciones de 194 países. El diplomático brasileño André Corrêa do Lago fungió como presidente de la cita, liderando las negociaciones en temas de mitigación, adaptación, pérdidas y daños, financiamiento y otros medios de implementación.
Aunque desde la Cumbre de Líderes, realizada previo a la conferencia, Brasil propuso empezar a trabajar en una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, lo cierto es que la propuesta encontró resistencia por parte de los países petroleros y algunas economías emergentes. Esto hizo que la COP30 suprimiera la mención a los combustibles fósiles del texto final, aunque sí aparecía en el primer borrador.
No obstante, Brasil no tiró la toalla y Corrêa do Lago prometió que, durante su gestión como presidente, se trabajarán dos hojas de ruta: una para combustibles fósiles y otra para deforestación. El tema de los bosques ha sido prioritario para el país anfitrión, que aprovechó el marco de la COP30 para presentar el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) y, al menos, se anunciaron $6.500 millones para apoyarlo.
Estas hojas de ruta estarán “basadas en ciencia” e “inspiradas en el mutirão”, palabra originaria del idioma tupí-guaraní que significa “esfuerzos colectivos”, para establecer diálogos con diversidad de actores, no solo estatales.
El anuncio se produjo después de que más de 80 países respaldaran la petición de una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles y más de 90 países respaldaran la petición de una hoja de ruta para poner fin a la deforestación.

Para el jefe negociador chino, Li Gao, la decisión representa un “éxito en una situación difícil”.
“Logramos este éxito en una situación muy difícil, lo que demuestra que la comunidad internacional desea mostrar solidaridad y realizar esfuerzos conjuntos para abordar el cambio climático”, declaró a la AFP.
Desde Sudáfrica, donde este fin de semana se realiza la cumbre del G20, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que “la ciencia prevaleció, el multilateralismo ganó” en la COP30.
“En este año en que el planeta superó por primera vez –y quizás de manera permanente– el límite de un grado y medio por encima de los niveles preindustriales, la comunidad internacional se enfrentó a una elección: continuar o abandonar. Elegimos la primera opción”, dijo.
¿Qué se logró?
Para esta COP30, los países debían presentar su actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Las cuentan finales dicen que 118 países lo hicieron, siendo Costa Rica uno de ellos.
Relacionado a este punto, los países también estaban llamados a conectar la ambición de las NDC con la implementación de acciones concretas, esto como parte del fortalecimiento del Programa de Trabajo de Mitigación (MWP).
En este sentido, los Estados acordaron poner en marcha el “Acelerador de la Implementación Global”, un proceso de dos años liderado por las presidencias de la COP30 y la COP31 –que recaerá en Turquía– para cerrar la brecha entre los planes climáticos nacionales y lo que se necesita para mantener el objetivo de 1,5°C al alcance, incluidos los acuerdos de la COP28 referidos a transición energética.
Asimismo, los países acordaron desarrollar un mecanismo de transición justa para mejorar la cooperación internacional, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos con el fin de lograr una transición equitativa.
En financiamiento, y tal como estaba mandatado, se presentó la Hoja de Ruta Baku–Belém para establecer acciones que hagan posible movilizar $1,3 millones anuales para 2035. Sin embargo, no se hicieron anuncios presentando nuevos compromisos de recursos.
El Fondo de Adaptación logró recaudar $135 millones en la COP30, una cifra inferior a la meta de $300 millones para 2025, necesaria para triplicar la asistencia hacia 2030 —según lo acordado en la COP29— y atender una cartera de proyectos en desarrollo que ya supera los $1.000 millones de dólares.

Adaptación en el centro de la polémica
Otro de los mandatos de COP30 era concluir los Indicadores de Adaptación para establecer una línea que permita medir los avances en materia de adaptación de manera que los datos, en principio, sean comparables entre los países.
Este trabajo empezó en el Programa de Trabajo Glasgow - Sharm el Sheik, espacio que luego fue relevado por el Marco de EAU para la Resiliencia Climática Global.
El Marco de EAU definió 11 metas globales y un marco para hacer operativa la Meta Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés). Se acordó trabajar en un conjunto de indicadores que permitan evaluar el progreso. Por ello, estos indicadores debían ser medibles, efectivos y escalables.
Para Belém quedó la adopción de esos indicadores. La COP30 dio inicio con 100 indicadores, algunos de ellos cubrían siete ejes temáticos (agua, alimentos, salud, ecosistemas, infraestructura, pobreza y patrimonio cultural) y los restantes se referían a las fases del ciclo de adaptación (evaluación, planificación, implementación, seguimiento).
En el texto final, los países establecieron que estos indicadores son voluntarios, no prescriptivos, no punitivos, facilitadores y de naturaleza global, respetando la soberanía nacional y las circunstancias de cada país.
Recalcaron que los indicadores no deben crear nuevas obligaciones financieras ni de cumplimiento. No deben servir como base para la comparación entre países, ni como barrera o condición para que los países en desarrollo accedan a la financiación climática. Su uso está limitado a informar los enfoques nacionales para el seguimiento de la acción y el progreso de la adaptación.
Aunque el texto fue adoptado por consenso, algunos países –como Argentina, Colombia y Chile– y bloques de negociación –como Unión Europea– manifestaron su descontento y dudas sobre el proceso en la plenaria final.
“Las numerosas modificaciones que se han introducido en estos indicadores hacen que, en nuestra opinión, ya no sean funcionales, no son claros ni utilizables para su objetivo principal, que es contribuir al Balance Global; no podemos apoyar los indicadores en este momento”, dijo Jacob Werksman, delegado de la Unión Europea, durante su intervención.
Los 100 indicadores seguían vigentes hasta este viernes en la noche, cuando se presentó una propuesta reducida a 59 indicadores distintos a los acordados. Presentaban un lenguaje modificado, eran poco medibles y más alineados a los intereses africanos. Tampoco hubo suficiente tiempo para discutirlos.
Los indicadores constituyeron un punto de tensión entre África y América Latina en estas dos semanas de negociación. Los países africanos –con el apoyo de los países árabes– habían solicitado que se trasladara la decisión de los mismos para la COP32, cuya sede será Etiopía. En pasillos se sugirió que su interés era atraer para sí el financiamiento.

América Latina –en voz de ministros y representantes de Uruguay, Chile, Guatemala, Costa Rica y Perú– hicieron un llamado para aprobar los indicadores en esta COP30 y dejar de postergar lo relativo a la Meta Global de Adaptación.
“Vinimos a Belém para adoptar un paquete robusto de indicadores que permita alcanzar la Meta Global de Adaptación y evaluar su progreso colectivo. No aceptaremos menos en esta conferencia que la adopción de indicadores de acción y de medios de implementación consistentes con la Convención y con el Acuerdo de París”, declaró el ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño Silva, en una rueda de prensa realizada esta semana.
“En Dubái, hace dos años, acordamos de que la Meta Global de Adaptación tenía que subir de nivel en las negociaciones internacionales y seamos claros: sin indicadores no podemos medir avance. Y lo que no se mide, no se gestiona, no se sabe cuánto cuesta, cuánto nos está costando, cuántas necesidades quedan sin poder abordarse. Por tanto, hace dos años acordamos que debían haber indicadores. Ha habido un trabajo con indicadores y queremos que ese trabajo no se pierda, que aprobemos un set de indicadores que nos ayuden a poder ir año a año viendo cómo avanzamos con adaptación”, complementó la ministra de Ambiente de Chile, Maisa Rojas, en la misma rueda de prensa.
“No podemos seguir esperando. Sabemos que la lista de indicadores no es perfecta y precisamente por eso debe entenderse como un punto de partida, tal como ocurrió con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que podrá perfeccionarse con el tiempo y con la experiencia. Lo importante ahora es que esta COP adopte un conjunto mínimo que nos permita comenzar a medir el progreso global”, agregó Romina Caminada Vallejo, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Perú.
“Quisiera también señalar un aspecto que es sumamente importante: la promoción de recursos para la adaptación. Este apoyo no debe establecer categorías diferenciadas ni distinguir entre circunstancias especiales dentro de los países en desarrollo: todos enfrentamos vulnerabilidades reales, crecientes. Todos necesitamos financiamiento, tecnología, innovación, capacidades, implementación de acciones, de mitigación, de adaptación, por ello reiteramos la importancia de que el conjunto de indicadores incluya elementos vinculados a los medios de implementación, de modo que podamos evaluar de manera clara y transparente la provisión de apoyo por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. La falta de recursos adecuados previsibles y accesibles va a dificultar el avance de la implementación de acciones en el territorio”, continuó.
Desde que existe la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), África viene abogando porque se le reconozcan “circunstancias especiales”, las cuales están referidas a su extrema vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y sus limitadas capacidades para hacerles frente.
El reconocimiento de estas circunstancias especiales se traduciría en la exigencia de un apoyo internacional significativo, predecible y de acceso fácil en términos de financiación climática, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades.

Si bien el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) reconoce la vulnerabilidad de los países africanos, en el contexto de las negociaciones, evita que la designación de “circunstancias especiales” se limite a una sola región, ya que esto podría ir en detrimento de las necesidades de financiación y apoyo de otros países.
En este sentido, América Latina y el Caribe se ha centrado en el principio de equidad y en el reconocimiento de que todas las regiones en desarrollo altamente vulnerables deben recibir un trato equitativo y apoyo financiero adecuado.
Diana Mejía –delegada colombiana y presidenta de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC) – manifestó que “esta COP tenía como objetivo abordar la adaptación, pero el resultado no refleja la magnitud de los retos a los que se enfrentan los más vulnerables sobre el terreno”.
“No se reflejaron las opiniones de las Partes y el texto final no recoge toda la variedad de posiciones expresadas a lo largo de las negociaciones. No se dedicó tiempo suficiente a examinar los indicadores, lo que dio lugar a una lista que no se basa en decisiones inclusivas. El mundo en desarrollo no puede asumir por sí solo los crecientes costos de la adaptación. La Meta Global de Adaptación debe ir acompañada de medios de implementación para que se haga realidad; de lo contrario, será una aspiración y no un resultado”, dijo Mejía.
Según Climate Action Network América Latina (CANLA), la llamada Visión Belém-Addis ofrece ahora una oportunidad para corregir estas fallas y asegurar que el marco sea operativo de aquí a 2027.
“Sabemos que los indicadores aún no están listos para su implementación inmediata, pero ahora contamos con un proceso claro, con la Visión de Belém hacia Addis Abeba, que abre una ventana de dos años para mejorar técnicamente estos indicadores, alinear las políticas entre los países y fortalecer su operacionalización”, declaró Daniel Porcel, especialista en política climática por el Instituto Talanoa y miembro de la Fuerza de Tarea Adaptación como Prioridad de CANLA.
Reacciones
Ojo al Clima solicitó a algunos costarricenses que participaron en la COP30 que brindarán sus opiniones sobre la conferencia. Estos ticos dieron seguimiento a temas como abandono de combustibles fósiles, adaptación y pérdidas y daños.
Valeria Zumbado, miembro del Parlamento Joven de Mujeres por el Clima, dio seguimiento a las negociaciones centradas en adaptación. Manifestó que la COP30 le dejó sensaciones encontradas”.
“Aunque fue un espacio importante para la voz latinoamericana y la movilización de la sociedad civil, los textos finales volvieron a quedarse cortos y no respondieron a la ambición que nuestros territorios necesitan”, dijo Zumbado.
“En el caso de la Meta Global de Adaptación, aunque el texto general reconoce la importancia de incorporar género, juventudes, pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes, el anexo deja su aplicación sujeta a la voluntad de cada país, lo que convierte estos compromisos en no vinculantes. Si bien el nuevo texto permite avanzar en el marco y habilita la adopción formal de indicadores, el conjunto original, producto de dos años de trabajo, fue reducido de 100 a 59 mediante un proceso acelerado y sin una consulta adecuada, lo que disminuye la confianza en el proceso y en la utilidad del nuevo listado”, explicó.

En cuanto al Fondo de Pérdidas y Daños, si bien se aplaudió su creación en 2023 durante la COP28, lo cierto es que no ha logrado los recursos suficientes. Este dinero estaría destinado a comunidades que están sufriendo los impactos del cambio climático más allá de sus posibilidades de adaptación.
“La COP30 no incluyó decisiones para transformar los mecanismos existentes de reparación de pérdidas y daños. Un fondo con muy poco dinero y la negación de las obligaciones de reparación siguen siendo un componente clave de la arquitectura del régimen climático. Comunidades de todo el mundo exigen acceso a la justicia y el fin de la especulación; es hora de que los Estados cumplan con sus obligaciones y reparen el daño. Ni los derechos ni los deberes legales deben estar en el menú de negociación; la CMNUCC debe alinearse con la ley”, comentó Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima.
Maureen Porras, también es miembro del Parlamento Joven de Mujeres por el Clima. Ella estuvo al tanto de las negociaciones en el tema de género. Algunos países, como Argentina y Paraguay, piden que por género solo se considere a los hombres y las mujeres, dejando por fuera otras identidades.
“En la COP30 no fue posible generar un consenso sobre el Plan de Acción de Género (GAP), plan que se esperaba fuera adoptado en esta COP. Es indispensable que se adopte este plan con las peticiones fundamentales de los distintos sectores y no se dejen de lado las interseccionalidades que conlleva el género, sobre todo cuando este se vuelve un ‘motivo de riesgo’ para las personas en cuanto a los impactos de la crisis climática”, dijo Porras.
“Es momento de que la lucha contra el cambio climático deje de reducirse a ‘sembrar árboles’, es hora de que los países logren visibilizar e implementar acciones específicas y prioricen una agenda climática con perspectiva de género y reparación en pérdidas y daños. Adoptar un Plan de Acción de Género busca asegurar que la acción climática sea justa, inclusiva y eficaz reconociendo que sin equidad de género no hay justicia climática”, agregó la parlamentaria joven.
Ximena Loría, directora ejecutiva de Misión 1.5, también viajó a Belém para participar en la COP30. Para ella, la COP se quedó corta en ambición.
“Las evidencias de retroceso son claras. El poder de los pro fósiles vuelve a imponerse en la escena multilateral en momentos donde la ciencia es clara y contundente, tenemos las soluciones a mano y los efectos del cambio climático solo están empeorando. Ya no hay forma de disfrazar los resultados: la voluntad política está sujeta a los intereses económicos de la industria fósil”, manifestó Loría y agregó: “Necesitamos seguir desarrollando liderazgos climáticos fuertes desde todos los sectores de la sociedad para compensar la falta de liderazgo de quienes se supone representan los intereses de la mayoría”.
Carolina Sánchez Naranjo, coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, coincide con Loría en que los países quedaron debiendo en cuanto abordar la transición energética sin combustibles fósiles.
“Nuestros territorios en el Sur Global no tienen tiempo para esperar por otra COP que no considere seriamente la necesidad de transicionar más allá de los combustibles fósiles”, destacó Sánchez. “Teníamos la esperanza de que la COP30 iba a cumplir y escuchar a la gente, asegurando no sólo que construyamos una verdadera hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles y transicionar de manera justa y equitativa, sino que también se acordara el financiamiento libre de deuda que nuestros países necesitan para adaptarse y transicionar”, agregó.
Ahora bien, Sánchez rescata que América Latina y el Caribe se hizo sentir en Belém: “La COP30 ha sido un espacio importante para la sociedad civil latinoamericana, aun cuando los textos finales no sean tan ambiciosos como nuestros territorios necesitan. Nos hicimos sentir en la Marcha por el Clima y el Funeral de los Fósiles, así como en la Cumbre de los Pueblos”.
“Colombia lideró la Declaración de Belém, apoyada en la región por México, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Chile, y en la cual se comprometen a seguir trabajando colectivamente por una transición justa, ordenada y equitativa más allá de los combustibles fósiles. Vemos con esperanza el anuncio de la primera conferencia internacional en este tema en el 2026, y apoyaremos, desde sociedad civil, para que la voz de la gente sea considerada”, finalizó Sánchez





